La constitución impuesta detrás de puertas cerradas por el MÁS, ha resultado contraria a sus objetivos, perjudicial y dañina para Bolivia, que al pretender castigar a los opositores, se ha tornado contra de ellos mismos. Esta vez se debe considerar lo establecido como “traición a la patria” y hacer notar la incapacidad de los levanta manos de la ex Asamblea Constituyente, que aprobaron la condena de 30 años de prisión del actual gobierno.
El pescado por su boca muere y hay que esperar las reacciones de los bocones oficiales como Gustavo Torrico, para explicar lo inexplicable. No hay crimen perfecto y en la mayoría de los casos, son los mismos criminales que por dejar pruebas contundentes, establecen sus condenas. Evo Morales debería aceptar que sus ministros no sirven, sus colaboradores originarios no pueden legislar y los campesinos valen solamente por sus bloqueos de caminos, para marchar en masa y hacer bulto, como mencionó el ya citado Torrico, al referirse a Juan sin Miedo.
En el programa denominado “el Pentágono”, los analistas develaron las contradicciones de la mencionada constitución en varios de sus artículos. Contrariamente a las declaraciones del Canciller David Choquehuanca, en el sentido que el preacuerdo con Chile deberá ser aprobado por las instancias legislativas, este convenio fue mantenido en los archivos de la cancillería y no fue divulgado, ni aprobado por las cámaras. Como siempre el MAS pone al país frente a hechos consumados.
En su texto el preacuerdo establece que Bolivia es dueña de solamente 50% de las aguas del Silala y Chile impuso que su parte podrá ser explotada por empresas estatales o privadas. Por esta razón el pago se hará del 50%, mientras se realicen estudios científicos a nivel binacional, los que podrán durar varios años. El gobierno está violando el artículo 374 de su constitución, porque no realizo ningún proyecto para la utilización de estas aguas por los bolivianos y desconoció el pago retroactivo por parte de Chile.
Desde 1908 Chile se beneficia con las aguas del Silala y Bolivia no recibe compensación alguna. Sin embargo, los gobiernos de Evo Morales y Michelle Bachelet, convinieron que Bolivia será compensada en el futuro con su 50% por las entidades que aprovecharan el recurso. El ex diputado potosino Gonzalo Barrientos denunció que este preacuerdo es un nefasto antecedente jurídico, que podrá ser utilizado como jurisprudencia en un juicio intencional, por que Bolivia admitió que tiene la mitad de estas aguas y cede la otra mitad a Chile.
Otra prueba de enajenamiento de los recursos nacionales es el Decreto Supremo No. 0224 de 24 de julio de este año, que esta sujetando a YPFB a la legislación extranjera o los arbitrajes internacionales, después que Evo Morales los condenó y retiró Bolivia del Consejo Internacional de Arbitraje de Inversiones CIADI.
En esta oportunidad, Evo Morales está demostrando sus compensaciones políticas a Chávez también, al entregar a Pdvsa el norte de La Paz para la explotación petrolera. Por ahora no se conocen que más puede entregar a sus amigos, pareciendo Bolivia como su finca personal o su cocal privado.
Aun que su constitución prohíba estas irregularidades, el mencionado decreto establece que YPFB está autorizado para realizar contrataciones directas o por comparación de ofertas de bienes en territorios extranjeros. En esta forma se abren las puertas a otros corruptos como Santos Ramírez y contradice los discursos del presidente que “no reconocerá en ningún caso a un tribunal ni jurisdicción extranjera y no podrán invocar situación excepcional alguna de arbitraje internacional, ni recurrir a reclamaciones diplomáticas”.
En Oruro, Evo Morales afirmó que” “no se permitirá el asentamiento de tropas extranjeras en el país” y hay que preguntarle por la presencia de los militares venezolanos que pululan por las calles de varias ciudades. Considerando los otros capítulos contradictorios de esta constitución, el gobierno no tiene otra alternativa que desconocer su mismo texto y desvergonzadamente lo modifica con decretos ilegales que pretende imponerlos al país.
Por lo tanto, este condenable procedimiento del MAS es irresponsable y nuevamente de acuerdo a su misma constitución, se merecen un juicio por traición a la patria. El pueblo se debe preguntar si entre los valientes opositores al MAS existen algunos que se atrevan a iniciarle este juicio.
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