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jueves, 23 de diciembre de 2010

los "golpes de Evo" no son judiciales. son políticos. así pasarán a la historia. como aberrantes episodios del pisoteo a la Ley, al Derecho Debido

Con la sumisión de gran parte de fiscales y jueces, parece fácil que el MAS pueda poner contra la pared, y hasta detrás de rejas, a sus adversarios…

La represión política mediante el uso de fiscales parece haberse convertido en la principal actividad de quienes pretenderían evitar el surgimiento de cualquier adversario que pudiera tener aspiraciones y chances de tener buenos resultados electorales futuros.

También se ha convertido en el más eficiente mecanismo para que el partido de Gobierno cope el poder total. Esta supuesta estrategia estaría siendo empleada, especialmente, en los departamentos o ciudades donde la oposición se ha hecho de gobernaciones o alcaldías, derrotando en las urnas al oficialismo, que venció en la mayor parte de los departamentos, pero que quisiera tenerlo todo bajo su control.

El Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene el control del Gobierno y de todos los organismos del Ejecutivo, llámense Contraloría, Aduana, Impuestos Internos, con funcionarios nombrados por el Presidente. Con su mayoría de más de dos tercios, tiene también el control de la Asamblea Legislativa, que aprueba leyes que emanan del Ejecutivo, sin importar si atentan contra libertades consagradas en la Constitución Política del Estado (CPE) y convenios internacionales.

Con la sumisión de la mayor parte de los fiscales y jueces, parece fácil que el MAS pueda poner contra la pared, y hasta detrás de rejas, a sus adversarios y disidentes políticos, sin concederles el derecho de la presunción de inocencia y un debido proceso. No se conoce que lo mismo suceda con los oficialistas, a pesar de las denuncias presentadas en diversas instancias. Son los casos de solicitudes de información sobre la desaparición de políticos a manos de las dictaduras militares o el silencio del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción sobre la negativa de diferentes instituciones a dar información pública, practicando el culto al secreto.

El mecanismo es simple y aparentemente legal porque para separar de sus cargos electivos a los adversarios políticos, los fiscales se amparan en la denominada “ley corta”, por la que cualquier funcionario formalmente acusado de haber cometido un delito debe ser inmediatamente suspendido de sus funciones y reemplazado por un miembro de la Asamblea Legislativa Departamental, cuando se trate de un gobernador; o del Consejo Municipal, cuando se trate de un alcalde.

Los defenestrados, sobre los que ya pesa el estigma o la sindicación lanzada por el Vicepresidente del país de ser delincuentes, deben defenderse de la acusación a veces no totalmente respaldada o con respaldos cuestionados, cediendo su puesto a alguien que no ha sido elegido para el cargo o, como en el caso de la Gobernación de Tarija, a quien apenas recibió el voto de cerca de 1.400 personas.

Con éstos y otros antecedentes, como las grabaciones de reuniones en las que se planificó la separación del Gobernador de Tarija, es difícil creer en la afirmación gubernamental de que estos casos son sólo judiciales y no políticos. Las denuncias pueden responder a ciertos delitos cometidos realmente o no, pero llama la atención la velocidad con que se procede en estos casos, mientras en otros, los que corresponden a oficialistas, no se toma ninguna acción o se pretende cubrirlos con un manto de silencio u olvido. (Clarificador Editorial de La Prensa. La Paz, Bolivia)

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