Si algo ha dejado al descubierto el “decreto maldito” de Evo Morales (delegado a García Linera) es la bancarrota en que se encuentran las finanzas públicas, muy lejana de la versión idílica que hasta hace muy poco procuraba venderle al país y al mundo exterior el superministro de hacienda Luchín Arce Catacora, con su ficción de superávit fiscal. La pura verdad es que el Estado Evista no tiene ni para pagar los aguinaldos, como confesó días atrás la ministra de trabajo Carmen Trujillo, quien reconoció que 27 reparticiones del gobierno central no han cumplido aún esa obligación laboral. Todo el discurso gubernamental sobre la “abundancia de recursos gracias a la nacionalización” acaba de derrumbarse y entre las ruinas de la demagogia quedan flotando varias preguntas: ¿Cómo es que los gobiernos anteriores, previos a la nacionalización, sí podían pagar el subsidio a los hidrocarburos y el actual no? ¿Los recursos siempre fueron una ficción o se los farreó una burocracia inepta en corruptelas, prebendas o proyectos faraónicos acordes con la megalomanía presidencial? Vale la pena acotar algunos datos: el subsidio a los hidrocarburos ronda la cifra anual de 300 millones de dólares, exactamente lo mismo que el satélite chino cuya compra ya ha sido comprometida por el Estado Evista. Entonces, ¡bastaba con rescindir el contrato para mantener el subsidio por 1 año! ¿O es que no hay la plata para lo uno ni lo otro y el mentado satélite no pasa de ser un bluff de propaganda? ¿El gasolinazo es el impuesto que pagan los bolivianos para solventar estos proyectos faraónicos, entre los que hay que contar también la compra del hiperlujoso avión presidencial (38 millones de dólares)? Los voceros del gobierno alegan que con este decreto se está practicando un “sinceramiento de precios”. ¿No habrá llegado la hora, entonces, de que pongan en marcha ante todo el país un sinceramiento fiscal? Los bolivianos tienen derecho a saber con qué recursos se cuenta realmente y en qué han sido gastados/despilfarrados. Otro dato clave: el ministro superluchín revelaba pocos días atrás la bajísima ejecución presupuestal de la mayoría de los ministerios, que promedia apenas el 20%. ¿Pura ineficiencia o signo de escasez de fondos? El impacto de este ajuste fiscal encubierto, porque no se trata de otra cosa, será (es) terrible para el bolsillo de los sectores populares de todo el país, que ya han visto multiplicarse el precio del boleto y de los alimentos, y que lo pensarán muchísimo antes de volver a confiarle su voto al Movimiento Al Socialismo. También lo será para el aparato agroproductivo cruceño, que ya se encontraba alicaído por las diversas medidas de desincentivo gubernamentales que provocaron un crecimiento de apenas el 1,1% este año, en comparación con el pujante 33,7% de Paraguay. Claro, sucede que en el país vecino no se prohíben las exportaciones ni se practican las expropiaciones sistemáticas, amén de proveer de combustible sin impuestos a los agricultores y subsidiado para los transportistas. Después de la quiebra del Estado Evista y del “decreto maldito” tendrán que rodar cabezas: las más obvias son las ministro de hacienda Luis Arce, el ministro de hidrocarburos Fernando Vincenti (quien le mintió olímpicamente a todos los bolivianos), el presidente de YPFB Carlos Villegas y el director de la Agencia de Fronteras (ADEMAF), Juan Ramón Quintana, este último por fracasar contundentemente en el control del contrabando. Y habrá, por supuesto, una factura para el propio presidente Evo Morales, por más que se haya escondido el domingo en Caracas. Las inminentes encuestas de popularidad darán la medida de la debacle de un gobierno cuyas ínfulas de perpetuidad se irán desinflando como las de otros proyectos megalomaníacos. Recordemos, por ejemplo, al Reich de mil años…
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