Daniel Pasquier se refiere a diversos aspectos de la política boliviana que muestran la pérdida de apoyo del pueblo al proyecto masista dictatorial

Tan breve y tan expresivo, el grito de presentación y protesta del Grupo Rebeldía en La Paz, frente al gobierno, exigiendo la atención a sus pedidos sobre derechos a la libertad sexual. De alguna manera interpretan el sentimiento de gran parte de la ciudadanía en todo el país, que por el compromiso de diferentes grupos sociales y la amplitud de los reclamos, demuestra objetivamente que el partido de gobierno está perdiendo el apoyo inicialmente generado por la propuesta del cambio. La impaciencia parece decir: cinco años son suficientes.
El gobierno no puede dar explicaciones a los cuestionamientos y sólo se complica echándole el fardo a la oposición cuando repite por activa y por pasiva que no es constructiva, que no tiene propuestas alternativas, etc. Cierto que falta iniciativa a la oposición principalmente por la ausencia de un liderazgo definido, pero no es menos cierto que la Asamblea Legislativa Plurinacional se ha convertido en una caja de resonancia del Órgano Ejecutivo Plurinacional, que aprueba sin mayores modificaciones lo que se le envía, convirtiendo en inútil aún la escasa participación de la oposición residual. Detrás de las rimbombantes denominaciones que ha tomado el aparato estatal se esconde el verdadero poder, cada vez más omnímodo, del presidente Morales. Se hace lo que él ordena, al mismo tiempo que no para sus actividades de proselitismo político o de “figuretti” internacional. ¿Quién lo asesora en esta maratónica actividad, nacional o extranjero?
La prisa contra el Estado. La famosa “Ley corta” ha dejado en suspenso a todas las autoridades elegidas por el voto popular; utilizada por el MAS para quitar de su camino al resto opositor, o al menos para chantajear. Es fácil motivar una simple imputación formal y desencadenar el caos en una institución. Ha sido contundente en Quillacollo, Porvenir, Sucre, a la que Evo decididamente no está dispuesta a perdonar, quizás por exigirle a Evo “pedir perdón o al menos una disculpa” por los sucesos de La Calancha. Ha fallado en Potosí donde la lealtad de los siete concejales de Joaquino ha evitado su destitución. Pero en la Alcaldía de Chacarilla (La Paz) se ha presentado el caso contrario: el Alcalde masista tiene un proceso pendiente por narcotráfico, por el cual estuvo preso en San Pedro el 2006. En otros niveles de gobierno hay más de un proceso por ventilar, la ocasión no va a ser desaprovechada, según intereses en pugna. En esta suma y resta, el final, como en el fútbol, es de infarto.
La Ley del Régimen Electoral será motivo de trifulca cuando empiece a hacerse realidad el nombramiento “directo” por el Presidente de al menos 9 miembros en las Cortes Departamentales Electorales, y no será menos la reforma judicial propuesta en la Ley del Órgano Judicial con la inclusión de elección mediante voto público de jueces, lo que supone la legalización de la politización de la justicia. El llamado “cuoteo” practicado en el régimen anterior, aunque indiscutible, al menos se reconocía como absolutamente ilegal. Incertidumbre y preocupación por ver en quién recae la responsabilidad de defender al ciudadano de la acción del Estado según la nueva Ley del Tribunal Constitucional. Riesgo real de legalizar la “indefensión”.
La aprobación, como parece, entre gallos y medianoche, de la Ley Marco de Autonomía es la que posiblemente hará estallar los mayores conflictos sociales, trayendo además la correlación de inseguridad, violencia y exacerbación de los enfrentamientos entre bolivianos. La resistencia no parece nacer de los otrora líderes del movimiento autonomista a nivel departamental, hoy confundidos por el ahora “todos somos autonomistas”, sino de los grupos indígenas que reclaman lo que está en la CPE: autogobierno, territorialidad, y decisión sobre el uso de recursos naturales (incluyendo fundamentalmente como era obvio hidrocarburos, minería y forestal). Ya no se lucha por reconocimiento de culturas ancestrales, con usos y costumbres, identidades perdidas o sometidas, la dignidad de los pueblos, etc., llegó la hora de la verdad, dinero. Los mayores recursos se encuentren en territorios de naciones originarias minoritarias, lo que pone sobre el tapete la verdad del discurso indigenista del MAS, en los hechos al menos la “andinización” del Estado Plurinacional. El colmo del desprecio por el resto de las naciones originarias ha llegado con la amenaza de poner a los cocaleros (de mayoría quechua y aymara) en pie de guerra contra el resto de las 34 naciones. Aunque al inicio el Consejo de Ayllus y Markas del Qullasuyo ha apoyado a la CIDOB, una diputada del MAS ha denunciado a la prensa que el MAS “nos ha mamado” y otros compañeros se pliegan a las protestas, el gobierno califica la marcha de “derechista y vendida a los gringos”. Indígenas oficialistas y opositores coinciden en que hay “demasiada soberbia de parte del Presidente”.
¿El fin del proyecto indigenista? En Ecuador el presidente Correa ya trazó la raya: “No aceptaremos que el Ejecutivo tenga que pedirle permiso a tal o cual gremio para gobernar"; Chávez les ha impuesto la “burka” escondiendo a los aborígenes el gozo con la piel morena; Castro borró del mapa a los afrodescendientes, visibles sólo para el deporte y el arte.
El futuro incierto y el caos no proyectan una buena imagen del país. Abolida la igualdad ante la ley, ¿qué queda para construir el nuevo Estado? Es una incógnita tanto la posibilidad como el resultado. ¿Se llegará a la “Comuna” propuesta por Chávez a Venezuela, o llegarán antes los Tribunales internacionales para pedir cuentas sobre otros temas? En Santa Cruz ya hay miembros del Tribunal de La Haya investigando sobre el caso hotel Las Américas. Naciones Unidas urge al gobierno a mayor compromiso en la lucha contra el narcotráfico. Recurriremos a la Tv, ¿Quién nos salvará de ésta? Sin duda, estamos presenciando la bienvenida al caos. ¡Jallalla Jodamaq!