Hoy en Bolivia podemos estar seguros de que la mano dura contra la corrupción -o indicios de esto- contra la oposición ya fue dada con la sentencia de enviar a la cárcel de San Pedro a Santos Ramírez (primera vez que San Pedro recibe a otro Santos). Hoy el MAS y Evo Morales decidieron que Ramírez se transforme en el primer chancho expiatorio ( originalmente se dice Chivo) hoy el gobierno está en la libertad de cobrar esta factura de la misma forma que el estado de Israel: “uno nuestro y pagan 10 de ellos” lo que significa que muchos políticos que gobernaron ayer y sobre quienes pesan denuncias de corrupción estén seguros que las cárceles estarán abiertas sobre ellos, pues nadie le podrá decir al MAS que no mide con la misma vara a sus compañeros, en este caso al hermano Santos se le impuso la cárcel que en el fondo es la sanción mínima, en el fondo esto no es más que el epitafio de un cadáver político a quien un disparo en la calle Tejada Sorzano lo alcanzó y lo mató.
Dejemos la ironías; la cárcel de Santos Ramírez puede tener tres vertientes o hipótesis que se manejan en la sede de gobierno, hace pocos meses un abogado cercano de YPFB fue detenido acusado de pedir soborno a una estación gasolinera, sería quien denunció este hecho en razón a que su detención se debía a que no se prestó a elaborar este contrato y fue quien denunció este hecho a la oposición y a organismos internacionales, la segunda hipótesis es que una figura buscaba acabar con el poder de Santos en el MAS ya que éste tenía estructurado definir quienes serian candidatos para las elecciones de diciembre próximo, hecho que lo transformaría nuevamente en el verdadero centro del poder, la otra versión que circula es que se trataría de una operación de un servicio de inteligencia del exterior del país que buscaba poner al descubierto un hecho de corrupción de esta envergadura que tiene al país asombrado por la rapidez de sus resultados, cualquiera sean las hipótesis que se manejan no dejan de ser simplemente eso, lo que se debe resaltar es la decisión del estado de investigar y sancionar un hecho comprobado de corrupción, sin importar de quien se trate, sea quien sea, lo que significa que la impunidad desapareció, esa es la lectura que debemos tener, pero de la misma forma debemos saber que el gobierno no escatimará nada en poner en la cárcel sin cuidar detalles de privilegios o impunidad de ninguna característica y nadie puede cuestionar ya que lo hizo con su figura política más importante.
El mismo disparo que mató al “empresario” tarijeño acabó con la carrera política de Santos, le saca la voz a la oposición quien no puede cuestionar al MAS y su complicidad en las denuncias de corrupción, hoy la oposición debe devolver el guante con actitudes como de aprobar la ley anticorrupción, para que el estado actúe de acuerdo a la ley, de no hacerlo significa darle carta blanca al MAS para imponer esta ley sin aprobar sin respetar las normas jurídicas al libre arbitrio y la venganza política de quien maneja los instrumentos del estado a su favor.
Si se sabe que por sus actos al gobierno le tiene sin cuidado la economía jurídica pilar fundamental del estado, tomar la justicia por sus manos el hecho de tener en la cárcel a Leopoldo Fernández a pesar de un fallo de la Suprema Corte que dispone su traslado a Sucre, el militarizar y destituir autoridades legales en Cobija, es más de la misma moneda, el hecho de no cumplir el fallo sobre la importación de vehículos usados que un ministro de estado lo desconoce, entonces la oposición debe ser más inteligente y obligar al MAS a actuar dentro de sus leyes.
La cárcel para Santos Ramírez es una decisión histórica e inobjetable, que Santos no actuó solo… no lo hizo, que existía una estructura no solo en YPFB sino en el ejecutivo que le otorgo incluso un D.S, que coloco a su estructura cercana y de confianza en cargos como de Ministros y Superintendente de hidrocarburos a cercanos colaboradores, a familiares de gerentes de empresas dependientes de YPFB, del Ministerio de Hacienda, que desembolsó millones de dólares a YPFB, es sabido que la destitución del anterior Contralor General de la República fue una decisión de Santos Ramírez para evitar una estricta fiscalización, esto no lo pudo haber hecho un simple hombre y la gran pregunta es si el escándalo del disparo que mató a Jorge O’ Connor se cierra con el candado que cerrará la celda de Santos Ramírez.
Dejemos la ironías; la cárcel de Santos Ramírez puede tener tres vertientes o hipótesis que se manejan en la sede de gobierno, hace pocos meses un abogado cercano de YPFB fue detenido acusado de pedir soborno a una estación gasolinera, sería quien denunció este hecho en razón a que su detención se debía a que no se prestó a elaborar este contrato y fue quien denunció este hecho a la oposición y a organismos internacionales, la segunda hipótesis es que una figura buscaba acabar con el poder de Santos en el MAS ya que éste tenía estructurado definir quienes serian candidatos para las elecciones de diciembre próximo, hecho que lo transformaría nuevamente en el verdadero centro del poder, la otra versión que circula es que se trataría de una operación de un servicio de inteligencia del exterior del país que buscaba poner al descubierto un hecho de corrupción de esta envergadura que tiene al país asombrado por la rapidez de sus resultados, cualquiera sean las hipótesis que se manejan no dejan de ser simplemente eso, lo que se debe resaltar es la decisión del estado de investigar y sancionar un hecho comprobado de corrupción, sin importar de quien se trate, sea quien sea, lo que significa que la impunidad desapareció, esa es la lectura que debemos tener, pero de la misma forma debemos saber que el gobierno no escatimará nada en poner en la cárcel sin cuidar detalles de privilegios o impunidad de ninguna característica y nadie puede cuestionar ya que lo hizo con su figura política más importante.
El mismo disparo que mató al “empresario” tarijeño acabó con la carrera política de Santos, le saca la voz a la oposición quien no puede cuestionar al MAS y su complicidad en las denuncias de corrupción, hoy la oposición debe devolver el guante con actitudes como de aprobar la ley anticorrupción, para que el estado actúe de acuerdo a la ley, de no hacerlo significa darle carta blanca al MAS para imponer esta ley sin aprobar sin respetar las normas jurídicas al libre arbitrio y la venganza política de quien maneja los instrumentos del estado a su favor.
Si se sabe que por sus actos al gobierno le tiene sin cuidado la economía jurídica pilar fundamental del estado, tomar la justicia por sus manos el hecho de tener en la cárcel a Leopoldo Fernández a pesar de un fallo de la Suprema Corte que dispone su traslado a Sucre, el militarizar y destituir autoridades legales en Cobija, es más de la misma moneda, el hecho de no cumplir el fallo sobre la importación de vehículos usados que un ministro de estado lo desconoce, entonces la oposición debe ser más inteligente y obligar al MAS a actuar dentro de sus leyes.
La cárcel para Santos Ramírez es una decisión histórica e inobjetable, que Santos no actuó solo… no lo hizo, que existía una estructura no solo en YPFB sino en el ejecutivo que le otorgo incluso un D.S, que coloco a su estructura cercana y de confianza en cargos como de Ministros y Superintendente de hidrocarburos a cercanos colaboradores, a familiares de gerentes de empresas dependientes de YPFB, del Ministerio de Hacienda, que desembolsó millones de dólares a YPFB, es sabido que la destitución del anterior Contralor General de la República fue una decisión de Santos Ramírez para evitar una estricta fiscalización, esto no lo pudo haber hecho un simple hombre y la gran pregunta es si el escándalo del disparo que mató a Jorge O’ Connor se cierra con el candado que cerrará la celda de Santos Ramírez.
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