Mientras unos se desternillaban de risa y otros nos moríamos de vergüenza por el disparate de la relación pollos -homosexualidad- calvicie del discurso del presidente Evo Morales en la cumbre ambiental de Cochabamba, la tensión política en Nicaragua se agudizaba peligrosamente. Por eso, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, canceló su viaje a Bolivia.
Partidarios del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) “asediaron el jueves 22.04.2010 con piedras y bombas caseras la sede de la Asamblea Nacional” para impedir que se reúnan los parlamentarios que se proponen restablecer la legalidad en las designaciones de los integrantes de la corte suprema nicaragüense, derogando un decreto por el que Ortega ordena mantenerse en sus cargos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia que han cumplido su período.
El decreto presidencial “es una estrategia a largo plazo para crear las condiciones para la continuidad de Ortega no sólo para los próximos cinco años, sino para los próximos 15 ó 20”, dice el jurista Oscar Carrión. Ésto, como en los demás aliados del populismo.
El asedio de los sandinistas recuerda los tres cercos del Movimiento al Socialismo al Congreso nacional. Y recuerda también que hace más de dos años el presidente de Bolivia Evo Morales anunciaba que gobernará con decretos. “Estar sometidos a las leyes es perjudicarnos –afirmó–, aunque digan que es (sic) inconstitucional nuestros decretos, nuestros hechos, no importa...” (El Presidente en Tarija. La Razón, 11 de agosto de 2007, pág. A22).
El oficialismo nicaragüense, como sus aliados de la ALBA, también se afana en controlar los tres poderes del Estado, para consolidar una autocracia. Y no han faltado las groseras justificaciones: “el presidente del Legislativo, el sandinista René Núñez, justificó la violencia llamándola ‘la justa ira del pueblo’ ", a lo que siguió la declaración del gobierno que alega que la violencia desatada en Managua “es producto de "simples expresiones legítimas de los pueblos".
Los parecidos suman: El presidente de la Corte Suprema, Manuel Martínez, que recibió amenazas de muerte, “criticó lo que llamó el papel sumiso de la Policía Nacional”, a la que diputados opositores culpan de no controlar la violencia desatada desde el martes. Por su parte, el líder opositor Eduardo Montealegre afirmó que se trata de una "ruptura del orden constitucional". "Hacemos un llamado al Presidente de la República -dijo- a que respete el Estado de Derecho, que gobierne democráticamente..., que acepte las reglas de la democracia..., y que se resigne a abandonar sus pretensiones reeleccionistas prohibidas por nuestra Constitución Política".
La situación nicaragüense preocupa a la comunidad internacional. Inclusive el Secretario General de la OEA se ocupó de la crisis en este país de la ALBA, instando a "resolver las diferencias políticas, particularmente entre los poderes del Estado, por medio del diálogo y conforme a los procedimientos previstos en la legislación nacional, en especial, la necesidad de garantizar las libertades y derechos de los ciudadanos, y como parte de éstos, la integridad física de todas las personas".
Es bueno que Insulza reaccione, pero es notorio que no tuvo la misma actitud ante hechos similares en Bolivia, cuando guardó un silencio cómplice frente a las similares violaciones del masismo a la ley y a las instituciones republicanas.
Pero el populismo no cesa en sus designios de evitar cualquier crítica o contralor internacional sobre el respeto a los derechos humanos, a la democracia y a la libertad. Así, ha desatado otra crisis, la de la OEA. La molestia de Chávez y de sus aliados, se manifiesta cada vez que hay pronunciamientos de los organismos internacionales sobre principios reconocidos universalmente. El autócrata de Caracas, acaba de proponer la formación de un organismo que sustituya a las Naciones Unidas; el disparate propuesto seria “Pueblos Unidos”.
Otra crisis en América Latina promovida por el populismo, y ya van...
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