Ahora que Unasur está presentando, en el mayor misterio y suspenso posible su informe; buen nombre porque es in-forme, no sigue las líneas de principios de justicia que debe adoptar una comisión de investigación para restituir derechos a los ciudadanos amenazados.
Ahora que la comisión del organismo armado por Hugo Chávez para favorecer sólo y nada más que a sus aliados se apresta a largar toda su artillería contra el prefecto Leopoldo Fernández y los cívicos de Pando, es el momento en el que la sociedad sana, si es que todavía existe, debe levantar su voz y su protesta para no permitir que se consagre la injusticia que se está armando como un tsunami criminalizador contra los disidentes u opositores al régimen de Morales y por ende de Hugo Chávez.
No es difícil adivinar que el Gobierno se está jugando el todo por el todo para meterle toda su artillería al caso de Leopoldo Fernández. Esto tiene razones de fondo que debemos analizar.
Los prefectos electos son un obstáculo para los planes del gobierno, razón por la que no ha hecho otra cosa que tratar de derrocarlos, apuntando a que de cara a las reelección presidencial del 2009 no se vuelva a repetir lo que ocurrió en la elección del año 2005, en la que salió electo Evo Morales, pero cada departamento eligió prefectos que identificó como ligados a sus pueblos.
Dentro del sistema centralista unitario, los pueblos andinos que tienen mayor población decidieron la elección nacional, pero los prefectos elegidos les dieron a los departamentos la opción de comenzar el verdadero proceso de autonomías departamentales puesto que se logró formar una liga de prefectos que lograron una fortaleza inédita en toda la historia del centralismo secante de Bolivia, manejada desde el inicio de la República dentro de una estructura presidencialista caudillar.
Los prefectos electos habían ya de facto descentralizado el poder, en la real politik que es la que cuenta el poder central estaba seriamente herido de muerte pues estas personas tuvieron la gran oportunidad de ser lideres y no el brazo represivo del gobierno de turno.
Lastimosamente esta situación no fue aquilatada en su real dimensión por los poderes regionales que a la hora de la hora dejaron que se les escape la soga y el cabrito, porque aceptaron someterse al referéndum revocatorio que rompió el CONALDE y que tuvo el mismo efecto que cortarle los cabellos a Sansón. Los prefectos cada uno por sí sólo no tienen el poder que tiene el Consejo Nacional Democrático (CONALDE) que definió un esbozo de confederación de gobiernos departamentales democráticos, de autoridades electas y que representan legalmente a sus departamentos.
Una vez que estos incurrieron en el error, el Gobierno entabló la batalla definitiva para destruir la posibilidad de que se pruebe que el Gobierno de Evo Morales sólo tiene cabida en los andes y que los llanos y los valles de Bolivia son de vocación democrática y estaban dándole la mayor batalla por la democracia a un gobierno enfermo de parasitismo, verticalismo, abusos, imposiciones y que ha entregado al país a la lepra de la corrupción a cambio de que los corruptos se coman al país pero permanezcan de su lado para darle el tiro de gracia a la república de Bolivia, convirtiéndola en un Estado racista y dictatorial.
No perdamos de vista que con la toma de Pando y el apresamiento de Leopoldo, que como no tiene argumentos válidos ha recurrido a sus socios chavistas de UNASUR para forzar su encarcelamiento, el gobierno pretende destruir la posibilidad de que el oriente y valles se unan nuevamente y restituyan el hilo político de unidad, cultura, visión país.
La toma de Pando que intenta mostrarse como “genocidio, masacre”, es un genocidio al revés porque en realidad una etnia, una clase política y una cultura intentan generar una “limpieza étnica” y una “toma territorial” del Oriente y Valles de Boliva con el objetivo de repoblar, aculturizar y sacar a los habitantes de estas regiones del país.
La “limpieza étnica y toma territorial” ha comenzado a manos de Quintana en Pando y Beni y Almaraz en el Chaco, dos lugartenientes que se han lanzado a la conquista del Oriente boliviano. El vicepresidente Alvaro García dijo al respecto, después del vergonzoso pacto político por la constitución, “los prefectos han sido derrocados y han perdido su territorio”, porque en realidad el proceso de avasallamiento que estamos viviendo es un proceso de colonización interna, en el que tiene que haber amedrentamiento, se debe tomar el territorio con militares y con otras etnias para destituir a los pobladores originarios.
Las víctimas de genocidio, masacre, robo de territorio son los pandinos, benianos, cruceños, chaqueños y también le tocará el turno a Tarija, Chuquisaca y lo que queda de Cochabamba, porque la etnia que será usada para tomar territorio es la aymara, hasta que el gobierno concrete sus planes de domino y sometimiento en el país.
Tan bien concebido es el plan que cuenta con el apoyo internacional de UNASUR que es un apéndice del Foro de Sao Paulo que apunta a entronizar dictaduras afines que dominen el continente.
Defender a Leopoldo y a Pando no es subversivo es defensa propia, es inteligencia, es capacidad de lecturar a cabalidad lo que está sucediendo, el plan que le tienen destinada a nuestra cultura, a nuestra tierra a nuestra raza cruceña que es esencialmente mestiza y con focos indígenas que no pueden ser expulsados mañosamente de esta tierra que Dios y nuestros antepasados nos legaron.
Tal es la embestida que Organismos de DDHH afines al Gobierno han anunciado que se querellaran contra el ex prefecto Pandino. Algo inédito porque resulta que ahora estas organizaciones afines al Foro de Sao Paulo también se convertirían en parte querellante no sólo de Leopoldo sino de todos los habitantes del Oriente que con este régimen estamos destinados a ser expulsados de nuestra propia tierra.
El Gobierno en forma ilegal ha forzado que el prefecto Fernández sean juzgado por la justicia ordinaria a pesar de gozar de caso de corte pues no quiere soltar Pando que ya lo tiene tomado y ha infiltrado a Riberalta mientras ataca el Chaco en una ofensiva territorial de guerra interna.
Las llamadas organizaciones de DDHH que han informado que se querellarán contra del ex prefecto Leopoldo Fernández y UNASUR son cómplices de la Purga étnica y el proceso de colonización interna con toma de territorio que se está perpetrando en Bolivia, donde un gobierno embanderado en una ideología racista ha armado una guerra civil de baja intensidad que ya la está aplicando y que cuenta con cómplices nacionales e internacionales. (la reflexión pertenece a Centa Reck y figura en Hoy Bolivia)
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