Hay dos cosas que me preocupan: la justicia y la economía. Me imagino que usted comparte conmigo. La justicia: porque sin ella los ciudadanos estamos desprotegidos. Si no hay respeto por la administración de justicia no hay seguridad ciudadana, no existen garantías y no podemos esperar el respeto por nuestros derechos. Así de simple.
No me importa que en el proyecto de la nueva constitución estén plasmados los mejores artículos sobre los derechos humanos y que se hayan extendido a todos, que se diga que hay un Poder Judicial que se le extiendan atribuciones, todo lo que podamos imaginarnos en el campo jurídico que pueda abarcar como ejemplo al mundo. Todo esto se va al tacho si un Ministro de Estado decide por sí y ante sí desconocer a la Justicia si no está a su servicio. Si un gobierno desconoce cuándo le dé la gana lo que falle la administración de justicia.
¿Para qué nos esforzamos tanto por socializar la nueva constitución parchada, si al final de cuentas lo que se impondrá será la voluntad del déspota hecho gobierno? ¿Qué sentido tiene debatir sobre esto o aquello que pueda ser relevante para nosotros si un señor Ministro de Estado, abogado de profesión, ex Presidente del Colegio de Abogados, tiene el descaro de renegar de todo lo que aprendió en la universidad para decidir quién es culpable, porque lo es y que penalidad merece?
La Justicia es el Gobierno y punto final. Los Ministros son los jueces supremos y su palabra define quien es o no culpable. Ante esta ofensiva a los derechos que todos tenemos del debido proceso, ante la osadía del desconocimiento brutal al pilar de la justicia no queda sino prepararse para lo peor, que no es otra cosa que el desamparo ciudadano.
No hay en Bolivia protección ni respeto a los derechos humanos. Aunque tengamos a un impostor con el título de Defensor de estos derechos. No hay en Bolivia respeto por la administración de Justicia y por tanto no hay en Bolivia Estado de Derecho.
Mientras un terrorista milico entrenado para esos afanes, al que se lo encontró con las pruebas en el automóvil rentado que conducía es liberado con el mayor descaro, un Prefecto es encarcelado sin que se haya demostrado una prueba de las imputaciones que se le hacen. Esta es la mejor demostración de la cara originaria que tiene el gobierno.
Y si vivimos en el Derecho del Estado para hacer lo que le venga en gana con los ciudadanos, tenemos la obligación de combatirlo y de desconocerlo. De la misma manera con la que combatimos a las dictaduras militares de antaño. Con la misma convicción, debemos combatir al gobierno que pisotea los derechos humanos y se atribuye derechos que las leyes no le conceden, cual es el de juzgar y condenar.
El otro pilar es la economía: ¡Qué asombrosos resultados tenemos de la nacionalización que hizo el gobierno masista! No hay gas para cumplir compromisos externos, no hay gas para los domicilios, no hay gasolina ni diesel para el transporte. No hay lo que la nacionalización debía darnos como mínimo. Porque pedir industrialización de los hidrocarburos, cuando no se puede producir la materia prima es ser demasiado exigente.
Ahora que el auge de los precios internacionales para las materias primas pasó, viene el asalto del gobierno al bolsillo de los bolivianos. ¡Como todo lo que saben hacer los gobiernos del populacho! Cómo los ingresos fiscales caen porque caen los precios del petróleo y de los minerales, entonces a confiscar los ahorros de los trabajadores en el Fondo de Capitalización Individual, con el pretexto de extender los beneficios de la jubilación que al final no tendrán ni los actúales ni los nuevos jubilados.
A confiscar el dinero de las Prefecturas y Alcaldías que tienen en caja, con el pretexto de que no pudieron ejecutar sus presupuestos anuales. Y solo restará confiscar el ahorro de los ciudadanos en el sistema financiero. Eso es lo que se avecina. Porque a no dudar que la demagogia populachera del gobierno ha disparado el gasto y sus compromisos de bonos por todo lado, como de planillas laborales multiplicadas por cinco y su campaña para la reelección le exigirán gastar sin freno y sin medida.
Por eso han cambiado al Presidente del Banco Central por un elemento fracasado como Ministro de Estado y un pésimo economista que será el mejor instrumento del Gobierno para despojarnos de nuestros ahorros. Si no tenemos justicia y garantías al debido proceso y nos revelamos por el asalto a nuestros bolsillos seremos perseguidos y juzgados por el Gobierno de manera directa. Esta es la dimensión de lo que estamos viviendo, por eso me preocupa la justicia y la economía. (Con singular valentía Dante Pino propone una actitud frente a la autocracia que surge hoy)
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