GREGORIO CRISTÓBAL CARLES) .- Desde su fundación, allá por el mes de agosto de 1825, la República Boliviana se ha caracterizado por la sucesión de innumerables acontecimientos convulsos, la aplicación de políticas de corte autocrático y la existencia de gobiernos que no han sabido o querido velar por la mejora de las condiciones de vida y el bienestar del pueblo.
Esta breve radiografía de la realidad del país encierra los motivos de su retraso respecto al resto de países del área y la razón fundamental para comprender las dificultades que ha encontrado en su lento avance hacia la plena integración social y el desarrollo económico sostenible.
En política se dice que un gobierno comienza a gobernar con justicia cuando aprende de los errores del pasado, por lo que siempre es conveniente recordar los efectos producidos por los distintos acontecimientos históricos del país antes de adoptar cualquier decisión de Estado.
El proceso revolucionario nacido en 1952 fue culminado con la nacionalización de la industria minera y la redistribución de las tierras de cultivo entre los habitantes de origen indígena. Transcurridos veinte años el sector público había crecido de tal forma que el país, con un fuerte endeudamiento, se vio obligado a recurrir a la economía de trueque. (
El periodo que comienza en 1985, se caracterizó por la implantación de políticas liberalizadoras, además de la apertura comercial del país. Estos factores, unidos a la progresiva reducción de impuestos se tradujeron un resultado expansionista de la economía, que mantuvo un crecimiento anual y constante de un 4%.
Todos los procesos de reforma agraria llevados a cabo en Latinoamérica han buscado siempre el mismo objetivo: tratar de alcanzar la justicia social erradicando las grandes bolsas de pobreza instauradas en el mundo rural.
Los precedentes históricos nos indican que en la mayoría de los casos, por no decir en su totalidad, dichas reformas han fracasado estrepitosamente, disolviendo así las esperanzas de una población marginada y deseosa de mejorar sus condiciones de vida.
Es cierto que la historia agraria de Latinoamérica ha sido la de la resistencia campesina y las reformas del campo inconclusas o condenadas al fracaso por su evidente ineficacia., pero no es menos veraz que la actitud adoptada por los distintos gobiernos, (olvidando que la riqueza de un país no puede ser repartida si no es generada previamente) ha tenido mucho que ver con resultados tan desalentadores.
Realicemos ahora un breve análisis de la propuesta reformadora del sistema agrario promovida por el gobierno Morales, que ha generado en el pueblo boliviano posturas muy encontradas, yendo éstas desde la euforia y la esperanza hasta la incertidumbre y, por qué no, el recelo.
El nuevo, que no novedoso proyecto, busca poner a trabajar las propiedades ociosas, creando así una red de pequeños empresarios eficientes que sean capaces de vender su producción tanto en Bolivia como en los mercados exteriores. Si nos remitimos a lo acontecido tras la revolución de 1953, los antecedentes no apuntan nada bueno.
En la primera fase de la reforma la administración correspondiente debe estudiar las condiciones de explotación de las tierras productivas, determinando cuales se encuentran infrautilizadas para incluirlas posteriormente en el proceso de transmisión a los campesinos no propietarios.
En este caso cabe preguntarse… ¿son objetivos los criterios de valoración utilizados?... las calificaciones ¿pueden generar actitudes y decisiones arbitrarias? ¿qué sucedería en el caso de que una vez entregadas a sus nuevos propietarios éstas no alcanzaran los niveles de rentabilidad previstos? ¿revertirían a sus antiguos dueños?
Posteriormente se produce la transmisión de titularidades a los agricultores seleccionados previamente. En este periodo las dudas planteadas son muchas, entre las más relevantes se podrían apuntar las siguientes: ¿cuál va a ser el modelo expropiatorio? ¿generaría esta situación inseguridad jurídica? ¿cómo se escogen los beneficiarios? ¿plantea dicha transmisión la indemnización de los propietarios afectados? ¿cómo se valoraría ésta? Dado que un porcentaje importante de dueños de predios son extranjeros ¿afectaría el proceso a la inversión de capital no foráneo en el agro boliviano? ¿y en otros sectores de la economía?. Finalmente, ¿podría reproducirse la situación vivida en Brasil con las invasiones de tierras?
En una tercera fase, ya con los campesinos como propietarios de los predios, surgen las sombras que han atizado las distintas reformas agrarias llevadas a cabo a lo largo de la historia latinoamericana. La explotación de la tierra requiere, entre otros factores, de inversión en tecnología, asistencia técnica y lo que es más importante, de conocimientos sobre los procesos de comercialización y exportación de los productos obtenidos.
¿Podrán los nuevos propietarios de la tierra tejer la red de ventas necesaria para dar salida a sus productos?
Para avalar el correcto funcionamiento de la reforma es necesario contar con un sistema financiero creado "ad hoc" para la concesión de créditos y préstamos en condiciones especiales, unas instituciones oficiales dedicadas a fomentar la salida de los productos agrarios al exterior y una política fiscal adecuada a la situación real del campesinado... ¿Puede el gobierno hacer frente al nuevo capítulo de inversiones?
Llegados a este punto solo cabe preguntarse si el actual gobierno está en condiciones de desarrollar mecanismos legales eficaces que garanticen la estabilidad del sector agrario y de sus precios, si cuenta con los instrumentos normativos que aseguren la redistribución eficiente de la riqueza y el abastecimiento del mercado, y si, finalmente, todo ello va a resolver las históricas demandas planteadas por los agricultores bolivianos.
Lo que en realidad pretenden el Sr. Morales con el proyecto de reforma agraria incluído en la Nueva Constitución Política del Estado no es otra cosa que dar un paso más hacia la primacía del poder indígena, eliminando cualquier vestigio de propiedad privada en el agro del país.
La solución a los problemas de pobreza y las desigualdades sociales existentes en Bolivia debe pasar por la continua modernización de su economía, el consenso político para adoptar decisiones de Estado, la mejora del sistema educativo y el respeto a un estado de derecho que garantice la necesaria seguridad jurídica. No hay otro camino para alcanzar el deseado y merecido bienestar del pueblo boliviano.
Esta breve radiografía de la realidad del país encierra los motivos de su retraso respecto al resto de países del área y la razón fundamental para comprender las dificultades que ha encontrado en su lento avance hacia la plena integración social y el desarrollo económico sostenible.
En política se dice que un gobierno comienza a gobernar con justicia cuando aprende de los errores del pasado, por lo que siempre es conveniente recordar los efectos producidos por los distintos acontecimientos históricos del país antes de adoptar cualquier decisión de Estado.
El proceso revolucionario nacido en 1952 fue culminado con la nacionalización de la industria minera y la redistribución de las tierras de cultivo entre los habitantes de origen indígena. Transcurridos veinte años el sector público había crecido de tal forma que el país, con un fuerte endeudamiento, se vio obligado a recurrir a la economía de trueque. (
El periodo que comienza en 1985, se caracterizó por la implantación de políticas liberalizadoras, además de la apertura comercial del país. Estos factores, unidos a la progresiva reducción de impuestos se tradujeron un resultado expansionista de la economía, que mantuvo un crecimiento anual y constante de un 4%.
Todos los procesos de reforma agraria llevados a cabo en Latinoamérica han buscado siempre el mismo objetivo: tratar de alcanzar la justicia social erradicando las grandes bolsas de pobreza instauradas en el mundo rural.
Los precedentes históricos nos indican que en la mayoría de los casos, por no decir en su totalidad, dichas reformas han fracasado estrepitosamente, disolviendo así las esperanzas de una población marginada y deseosa de mejorar sus condiciones de vida.
Es cierto que la historia agraria de Latinoamérica ha sido la de la resistencia campesina y las reformas del campo inconclusas o condenadas al fracaso por su evidente ineficacia., pero no es menos veraz que la actitud adoptada por los distintos gobiernos, (olvidando que la riqueza de un país no puede ser repartida si no es generada previamente) ha tenido mucho que ver con resultados tan desalentadores.
Realicemos ahora un breve análisis de la propuesta reformadora del sistema agrario promovida por el gobierno Morales, que ha generado en el pueblo boliviano posturas muy encontradas, yendo éstas desde la euforia y la esperanza hasta la incertidumbre y, por qué no, el recelo.
El nuevo, que no novedoso proyecto, busca poner a trabajar las propiedades ociosas, creando así una red de pequeños empresarios eficientes que sean capaces de vender su producción tanto en Bolivia como en los mercados exteriores. Si nos remitimos a lo acontecido tras la revolución de 1953, los antecedentes no apuntan nada bueno.
En la primera fase de la reforma la administración correspondiente debe estudiar las condiciones de explotación de las tierras productivas, determinando cuales se encuentran infrautilizadas para incluirlas posteriormente en el proceso de transmisión a los campesinos no propietarios.
En este caso cabe preguntarse… ¿son objetivos los criterios de valoración utilizados?... las calificaciones ¿pueden generar actitudes y decisiones arbitrarias? ¿qué sucedería en el caso de que una vez entregadas a sus nuevos propietarios éstas no alcanzaran los niveles de rentabilidad previstos? ¿revertirían a sus antiguos dueños?
Posteriormente se produce la transmisión de titularidades a los agricultores seleccionados previamente. En este periodo las dudas planteadas son muchas, entre las más relevantes se podrían apuntar las siguientes: ¿cuál va a ser el modelo expropiatorio? ¿generaría esta situación inseguridad jurídica? ¿cómo se escogen los beneficiarios? ¿plantea dicha transmisión la indemnización de los propietarios afectados? ¿cómo se valoraría ésta? Dado que un porcentaje importante de dueños de predios son extranjeros ¿afectaría el proceso a la inversión de capital no foráneo en el agro boliviano? ¿y en otros sectores de la economía?. Finalmente, ¿podría reproducirse la situación vivida en Brasil con las invasiones de tierras?
En una tercera fase, ya con los campesinos como propietarios de los predios, surgen las sombras que han atizado las distintas reformas agrarias llevadas a cabo a lo largo de la historia latinoamericana. La explotación de la tierra requiere, entre otros factores, de inversión en tecnología, asistencia técnica y lo que es más importante, de conocimientos sobre los procesos de comercialización y exportación de los productos obtenidos.
¿Podrán los nuevos propietarios de la tierra tejer la red de ventas necesaria para dar salida a sus productos?
Para avalar el correcto funcionamiento de la reforma es necesario contar con un sistema financiero creado "ad hoc" para la concesión de créditos y préstamos en condiciones especiales, unas instituciones oficiales dedicadas a fomentar la salida de los productos agrarios al exterior y una política fiscal adecuada a la situación real del campesinado... ¿Puede el gobierno hacer frente al nuevo capítulo de inversiones?
Llegados a este punto solo cabe preguntarse si el actual gobierno está en condiciones de desarrollar mecanismos legales eficaces que garanticen la estabilidad del sector agrario y de sus precios, si cuenta con los instrumentos normativos que aseguren la redistribución eficiente de la riqueza y el abastecimiento del mercado, y si, finalmente, todo ello va a resolver las históricas demandas planteadas por los agricultores bolivianos.
Lo que en realidad pretenden el Sr. Morales con el proyecto de reforma agraria incluído en la Nueva Constitución Política del Estado no es otra cosa que dar un paso más hacia la primacía del poder indígena, eliminando cualquier vestigio de propiedad privada en el agro del país.
La solución a los problemas de pobreza y las desigualdades sociales existentes en Bolivia debe pasar por la continua modernización de su economía, el consenso político para adoptar decisiones de Estado, la mejora del sistema educativo y el respeto a un estado de derecho que garantice la necesaria seguridad jurídica. No hay otro camino para alcanzar el deseado y merecido bienestar del pueblo boliviano.
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