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domingo, 30 de noviembre de 2008

protesta porque sigue el atropello y la captura de rehenes. "si hubo delito" debe juzgarse en el escenario de los hechs dice prefecto cossío de tarija

El Gobierno avisó ayer que ya tiene pruebas para la detención del cívico cruceño Branko Marinkovic, mientras el prefecto de esa región, Rubén Costas, anuncia la resistenia civil a esa medida. La Corte de Justicia de La Paz ordenó la detención preventiva del presidente del Comité Cívico de Tarija, Reynaldo Bayard y del dirigente regional Gonzalo Salazar por el atentado explosivo a un gasoducto en Yacuiba y la toma de una planta energética en Villa Montes.
El jueves, el cívico de la provincia O´Connor de Tarija Domingo Moreno denunció que el principal responsable de la voladura del gasoducto es Marinkovic. Por ello, la comisión de fiscales asignados a la investigación, amplió el viernes la querella contra el líder cruceño.
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, aseguró ayer que Marinkovic será detenido y trasladado a La Paz para asumir su proceso judicial. "Ni prefectos, ni presidentes de comités cívicos gozarán de impunidad. Se han ido acumulando elementos que permiten afirmar una vinculación entre el señor Branko Marinkovic y los actos que se dieron en distintos lugares del país, lo que estamos investigando es Villa Montes". Alegó que toda esta historia comenzó con la cumbre de cívicos y prefectos en Villamontes, el pasado 21 de agosto, donde se habría planificado un "golpe cívico-prefectural" contra el Poder Ejecutivo, lo cual llevó a que se suscitaran los hechos violentos en Santa Cruz, Tarija y Pando.
De acuerdo con la información que consiguió el Gobierno, la dinamita para volar la válvula fue trasladada desde Santa Cruz en una avioneta hasta Tarija, y agregó que dos personas cruceñas (no dio nombres) dieron las indicaciones para su uso en el atentado. La autoridad ministerial no dio fecha del arresto de Marinkovic, pero ratificó que ello sucederá, luego de que sea determinado por el Ministerio Público.
El viernes, Rada acusó al cívico de alistar su huida a Estados Unidos, pero éste le respondió que no teme un arresto y que todo es parte de un amedrentamiento para frenar su campaña por el No al nuevo texto constitucional. Ayer, el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, en contacto con medios de comunicación, advirtió que la región no permitirá la detención del dirigente cívico, al mismo tiempo lo respaldó y le dijo que tenga tranquilidad porque desde el momento en que el Gobierno intente procesarlo, los cruceños estarán a su lado.
"Nosotros estaremos ahí y lo acompañaremos (a Marinkovic) y detrás de mí seguramente habrá miles de personas", declaró la autoridad departamental al cuestionar la acusación por terrorismo que hace Rada contra el empresario aceitero. A la cárcel El jueves, la Policía y la Fiscalía aprehendieron en Santa Cruz a Reynaldo Bayard, Gonzalo Salazar y sus hermanos Guillermo y Marcelo, y a Mauricio Fuentes, sindicados de atentado contra la seguridad de Estado, sedición, terrorismo, asociación delictuosa y organización criminal por la voladura del gasoducto Yacuiba-Río Grande el 10 de septiembre en El Palmar, y por la toma de la planta de GLP de Villamontes. Ellos fueron trasladados a La Paz el viernes, con fuerte resguardo policial, y ayer en la mañana la Fiscalía los remitió a la juez Cuarto de Instrucción Cautelar, Margot Pérez, quien a tiempo de ser recusada por la defensa, determinó la libertad pura y simple de Marcelo Salazar y de Mauricio Fuentes, porque no había ninguna imputación contra ellos.
En dicho actuación judicial, los involucrados se acogieron al derecho al silencio. Los restantes tres cívicos pasaron a manos del juez Quinto de Instrucción en lo Penal, Williams Dávila, quien dictó detención preventiva para Bayard y Gonzalo Salazar en el penal de San Pedro por considerar peligro de fuga y riesgo de obstaculización en las investigaciones; además, el primero se había declarado en la clandestinidad. Guillermo Salazar recibió libertad pura y simple, porque no se le encontró indicios de responsabilidad. Bayard fue involucrado en el atentado por José Germán Vaca Ortiz (dirigente del Comité de Movilización de Villamontes), quien guarda detención en la cárcel de San Pedro desde septiembre por el mismo hecho.
La investigación del Ministerio Público indica que día antes al atentado, Felipe Moza y Bayard se reunieron en la casa de los hermanos Salazar para planificar la explosión. A primera hora del 10 de septiembre, el presidente del Comité Cívico de Tarija, José Vaca, Carlos Zeballos y Carlos Flores se habrían dirigido al gasoducto en una vagoneta ploma 4x4 de Gonzalo Salazar en la que llevaron la masa de dinamita.
Bayard se habría quedado en el auto, en la reja del campo petrolero, desde donde dio orden para la explosión. Estaba acompañado de Gonzalo Salazar; mientras que Vaca cortó el alambrado de seguridad con alicate, por donde ingresaron Flores y Zeballos; el primero puso la dinamita y el segundo encendió la mecha del artefacto. Como protesta a lo sucedidos con los cívicos, el Comité Cívico de Tarija alista un paro para este miércoles 3 de diciembre, que será organizada mañana.

Unionistas La audiencia de medidas cautelares para tres miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) sindicados de participar el 15 de agosto en la agresión física del entonces comandante departamental de la Policía Wilge Obleas, fue suspendida para hoy, porque la juez Cuarto de Instrucción en lo Penal, Margot Pérez, se ausentó de su oficina. Uno de los líderes de la agrupación juvenil Jorge David Vargas Vaca, además de Daniel Yuli y Julio César Zenteno, fueron detendidos en un operativo policial la noche del viernes en Santa Cruz, y ayer en la mañana fueron trasladados a la Fiscalía de La Paz donde prestaron declaraciones. Mientras que el otro jefe unionista, Ángelo Céspedes, denunció que él y otros cuatro jóvenes son perseguidos y temen su arresto en Santa Cruz, y criticó la desaparición del presidente del Comité Cívico, Branko Marinkovic, para no enfrentar las acusaciones del Poder Ejecutivo.
Aliaga implica a Fernández en peculado El ex jefe financiero del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) de la prefectura de Pando, Gerardo Aliaga Paredes y el ex cajero de ese ente, Juan Marcelo Mejido Flores, imputados de peculado, fueron remitidos ayer al penal de San Pedro de La Paz; antes el primero implicó al ex prefecto Leopoldo Fernández con ese delito. El 22 de noviembre, por denuncia del Ministerio de la Presidencia, la Comisión Especial de Fiscales abrió el caso por la desaparición de seis millones de bolivianos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) contra las dos personas, quienes fueron confinadas al cuartel Bolívar de Viacha durante el estado de sitio en Pando (del 16 de septiembre hasta el 23 de noviembre). Después de la recusación a cuatro jueces para la audiencia de medidas cautelares de Aliaga y Mejido, ayer la juez Cuarto de Instrucción en lo Penal, Margot Pérez, determinó la detención preventiva de éstos en la cárcel de San Pedro, luego de considerar su posible autoría en peculado; además para evitar su fuga porque no presentaron documentación alguna que certifique un domicilio o fuente laboral fijos.
Mejido admitió que no rindió cuentas de los seis millones de bolivianos, rechazó defensa, se acogió a un juicio abreviado e indicó que colaborará con la investigación a fin de ser sentenciado con pocos años. El abogado del Ministerio de la Presidencia, Marco Iván Puña, buscó ayer a la familia de Mejido para reunirse y acordar de qué manera cooperaría en el esclarecer del hecho, lo que determinaría si se da curso o no al proceso abreviado.
Mientras que Aliaga reveló en la audiencia que giró los cheques de millones de bolivianos a nombre de Mejido, “obligado” por el Director Ejecutivo del Sedcam, Julio Villalobos. En medio del llanto, dijo que fue por temor a perder su fuente de trabajo, pese a que él le advirtió que eso debió realizarse previo trámite. Agregó que de este movimiento de dinero “conocía” el ex prefecto Fernández.
El sindicado aseguró también que está dispuesto a colaborar con la investigación y para "brindar datos". Su abogado, Carlos Frías, presentó a la juez Pérez un memorial de declinatoria de competencia para que el caso se remita a la Corte Distrital de Pando, porque el presunto delito de peculado se habría producido en esa región; sin embargo, la respuesta quedó en suspenso hasta el lunes, y de resulatr procedente, el proceso y las detenciones serían trasladados a esa región.
El asesor indicó que no presentará apelación a la detención preventiva porque en ningún momento se reconoció la competencia de la autoridad judicial paceña.
El Vice resta efectividad al paro El vicepresidente Álvaro García Linera aseguró ayer que ningún paro o medida de presión torcerá la mano de la ley y ratificó que las personas procesadas por la masacre de Pando, el atentado terrorista a un gasoducto y la violenta toma de instituciones del Estado, entre agosto y septiembre, deberán asumir su defensa ante un tribunal de justicia.
"El Estado no va a permitir impunidad en torno a algo que afectó los intereses de los bolivianos, por tanto quienes tienen que preocuparse son los involucrados, que es el 0,0001 por ciento de los bolivianos, es decir un pequeño grupo que no debe pasar de 20 personas". García Linera indicó que las personas detenidas por esos hechos violentos, entre quienes se encuentran el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández y el ex presidente del Comité Cívico de Tarija, Reynaldo Bayard; deberán someterse a la justicia para responder por las acusaciones. Insistió en que un eventual paro en Tarija y Santa Cruz la próxima semana como medida de presión para "frenar" una presunta "persecución política", es un desesperado intento por torcer el brazo de la ley.

Repercusiones Roger Pinto Podemos “Considero que podemos demostrar nuestra solidaridad. Branko Marinkovic o cualquiera puede responder ante la justicia, pero lo que pedimos es que haya el debido proceso y las garantías como para que cualquier ciudadano pueda defenderse. Ese procedimiento es el que tenemos que compartir y aceptar y además que ningún cuidadano pueda escaparse a la justicia. Pero si el Gobierno continua con la dinamica de detener, acusar y trasladar, esto no lo podemos aceptar más”.
Rubén Costas Prefecto de Santa Cruz “Sigamos unidos luchando por la libertad. Están amenazándonos y amedrentándonos porque temen perder el referéndum. Buscan encarcelar a nuestros líderes porque quieren enfrentamiento. Estos monstruos se alimentan de odio, de pelea, de sangre, pero seguiremos por la vía democrática. Iremos a un referéndum como lo han impuesto, pero saldremos victoriosos y fortalecidos”.
Patricia Galarza Cívica tarijeña “Una asamblea de instituciones definirá este lunes todos los detalles para que el paro de 24 horas que hemos anunciado se cumpla el miércoles 3 de diciembre, y sea acatado de manera contundente en todas las provincias y municipios del departamento tarijeño, en apoyo a los dos dirigentes cívicos detenidos. Con esta medida rechazamos la persecución gubernamental contra los dirigentes cívicos de todo el país”. César Navarro MAS “Lo que se hace es tomar una decisión judicial en base a una investigación seria, porque las demandas cívicas no pueden ser confundidas con acciones delincuenciales contra las instalaciones del Estado, que son de todos.
El pueblo de Tarija debe entender que este tipo de acciones (ilegales de los cívicos) no tiene nada que ver con sus justas y legítimas reivindicaciones, y por ello se deben resolver en la justicia ordinaria”. Oscar Montes Alcalde de Tarija “"No se puede judicializar las acciones políticas y las reivindicaciones regionales, por tanto hay un abuso del poder que lo está reflejando el Gobierno. Esta claro que (ahora) la reacción no puede ser otra que la solidaridad plena con el Presidente del Comité Cívico y los dirigentes detenidos, reactivando las medidas de presión, aunque con el riesgo de una mayor confrontación que nadie desea”. Mario Cossío Prefecto de Tarija “"Ninguno de ellos debería ser tratado como delincuente, porque aquí no hay ningún delincuente. La captura y detención de los cívicos tarijeños es ilegal porque no se respetó la norma para que presten sus declaraciones informativas en el lugar donde se cometió el supuesto delito, todo esto constituye una afrenta a la ley y a las garantías constitucionales. Les ofrecemos todo el apoyo legal”. (Valiosa crónica de La Prensa de La Paz, sobre el suceso político de últimas horas)

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