El informe preliminar elaborado por Javier Zavaleta (MSM-MAS), presidente de la comisión especial de diputados que investigó la fuga de 33 camiones con contrabando en Cobija (Pando), halla indicios de responsabilidad penal en el ex presidente de la Aduana Nacional, César López, quien denunció el hecho; y evita acusar al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, implicado por la ex autoridad.
“La Comisión Legislativa Especial (CLE) se pronuncia para que el pleno de la Cámara de Diputados requiera la apertura del proceso penal correspondiente contra el mencionado ex servidor público (López), ya que es posible presumir de los hechos objeto de la investigación, la existencia de suficientes indicios de participación del mismo, adecuados a la tipicidad descrita por el Art. 154 (incumplimiento de deberes) y Art. 224 (conducta antieconómica) del Código Penal”, señala el dictamen del informe al que accedió La Razón.
Argumenta que “presumiblemente (López) no dio las instrucciones oportunas a los demás niveles directivos, ejecutivos y operativos que se encontraban bajo su tuición y dependencia, al margen de no haber denunciado oportunamente ante las autoridades llamadas por ley si consideraba que existían delitos de acción pública relacionadas con llamadas y, por otra parte, omitió querellarse en contra de los comerciantes”.
Zavaleta aclaró que, al tratarse de un “borrador”, su reporte puede ser modificado o complementado en base a las observaciones del resto de la comisión.
Tras evadir el control aduanero en la tranca del Kilómetro 19 de Cobija, 33 camiones fugaron el 23 de agosto del 2008 de la localidad de Santa Rosa del Abuná, rumbo a Puerto Evo.
El 4 de diciembre, López declaró ante la comisión de la Cámara Baja y acusó a Quintana de haber negociado con los comerciantes el paso de los camiones y de haberlo llamado para pedirle que autorizara aquello. En lo último, también implicó al ex jefe del Comando Conjunto de Cobija, contralmirante Rafael Bandeira.
En base a un informe legal, emitido por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), este medio reveló que Bandeira habló en 15 oportunidades con Jesús Chambi, líder de los comerciantes, no una vez, sino en 15 oportunidades el 26 y 27 de julio, cuando los camiones pasaron por el Kilómetro 19.
Para Zavaleta, “no hay forma de establecer qué se dijo (en la llamada que hizo Quintana)”.
Por ello, el informe indica que el valor de las declaraciones de López, “aparece sin el sustento de otros elementos de prueba”. Añade que “resulta evidente que el Ministro de la Presidencia actuó en un área jurisdiccional administrativa que no es precisamente de competencia de esa cartera de Estado” y que, “no obstante, intervino salvando el conflicto social presentado (…)”.
Además, “recomienda al Presidente de Estado determinar la existencia o no de responsabilidad administrativa establecida en la Ley 1178, SAFCO (…)”.
Asimismo, el informe acusa a Bandeira de incumplimiento de deberes y de negación de auxilio; y a Chambi, de desobediencia a la autoridad. Además, halla responsabilidades en otras ocho personas (ver infografía).
La comisión se reunió ayer para analizar el informe. Tras una hora de deliberación, determinó hacer un cuarto intermedio hasta el miércoles para aprobar o no el documento que, posteriormente, deberá ser validado por el pleno de la Cámara Baja y remitido a la Fiscalía General de la República. El diputado Arturo Murillo (UN) dijo que el documento les fue entregado con retraso y adelantó que el contenido del mismo “es una vergüenza”.
“Recomienda al Presidente de Estado determinar la existencia o no de responsabilidad administrativa (en Quintana)”.
INFORME PRELIMINAR, elaborado por Javier Zabaleta.
El hecho de contrabando el 2008
26 de julio • Una flota de 33 camiones que salió de la zona franca de Cobija (Pando), evitando el pago de impuestos, atravesó la tranca del Kilómetro 19, rumbo a la población de Puerto Evo.
27 de julio • Los vehículos cargados fueron interceptados por efectivos del Comando Conjunto de Cobija, en la localidad de Santa Rosa del Abuná, también en Pando, donde permanecieron detenidos por 27 días.
30 de julio • El Ministro de la Presidencia se reunió con los comerciantes y autoridades de la Aduana en el Palacio de Gobierno, para negociar una salida al problema ocurrido en Pando.
23 de agosto • Pobladores y comerciantes de Puerto Evo rebasaron a los efectivos del Control Operativo Aduanero (COA) que custodiaban los camiones en Santa Rosa del Abuná y los condujeron hacia la frontera.
Zavaleta dice que no hubo contrabando en Cobija
NORMA • Los cambios que el PGN 2009 hizo al Código Tributario son la base de esta versión.
Según el diputado Javier Zavaleta (MSM-MAS), los comerciantes de Puerto Evo que el año pasado trasladaron su mercadería sin autorización no incurrieron en el delito de contrabando, sino en una contravención aduanera.
“No hubo un delito penal, simplemente una contravención aduanera por parte de las personas que sacaron su mercadería del recinto aduanero sin autorización”, dijo Zavaleta a La Razón.
Explicó que la Ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2009 modificó el Artículo 56 del Código Tributario, ampliando los márgenes económicos, por los que el tránsito ilegal de una mercadería es considerado contrabando o contravención.
La Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco) denunció que la modificación establece como delito tributario la mercadería a partir de los 40.993 dólares y no desde los $us 2.050, como lo establecía antes.
Según Zavaleta, la ley del PGN 2009 —en vigencia desde enero— “establece la retroactividad de la misma cuando beneficie al imputado (por contrabando)”.
Al ser una contravención, recordó, los comerciantes sólo deben pagar impuestos y multas.
“La Comisión Legislativa Especial (CLE) se pronuncia para que el pleno de la Cámara de Diputados requiera la apertura del proceso penal correspondiente contra el mencionado ex servidor público (López), ya que es posible presumir de los hechos objeto de la investigación, la existencia de suficientes indicios de participación del mismo, adecuados a la tipicidad descrita por el Art. 154 (incumplimiento de deberes) y Art. 224 (conducta antieconómica) del Código Penal”, señala el dictamen del informe al que accedió La Razón.
Argumenta que “presumiblemente (López) no dio las instrucciones oportunas a los demás niveles directivos, ejecutivos y operativos que se encontraban bajo su tuición y dependencia, al margen de no haber denunciado oportunamente ante las autoridades llamadas por ley si consideraba que existían delitos de acción pública relacionadas con llamadas y, por otra parte, omitió querellarse en contra de los comerciantes”.
Zavaleta aclaró que, al tratarse de un “borrador”, su reporte puede ser modificado o complementado en base a las observaciones del resto de la comisión.
Tras evadir el control aduanero en la tranca del Kilómetro 19 de Cobija, 33 camiones fugaron el 23 de agosto del 2008 de la localidad de Santa Rosa del Abuná, rumbo a Puerto Evo.
El 4 de diciembre, López declaró ante la comisión de la Cámara Baja y acusó a Quintana de haber negociado con los comerciantes el paso de los camiones y de haberlo llamado para pedirle que autorizara aquello. En lo último, también implicó al ex jefe del Comando Conjunto de Cobija, contralmirante Rafael Bandeira.
En base a un informe legal, emitido por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), este medio reveló que Bandeira habló en 15 oportunidades con Jesús Chambi, líder de los comerciantes, no una vez, sino en 15 oportunidades el 26 y 27 de julio, cuando los camiones pasaron por el Kilómetro 19.
Para Zavaleta, “no hay forma de establecer qué se dijo (en la llamada que hizo Quintana)”.
Por ello, el informe indica que el valor de las declaraciones de López, “aparece sin el sustento de otros elementos de prueba”. Añade que “resulta evidente que el Ministro de la Presidencia actuó en un área jurisdiccional administrativa que no es precisamente de competencia de esa cartera de Estado” y que, “no obstante, intervino salvando el conflicto social presentado (…)”.
Además, “recomienda al Presidente de Estado determinar la existencia o no de responsabilidad administrativa establecida en la Ley 1178, SAFCO (…)”.
Asimismo, el informe acusa a Bandeira de incumplimiento de deberes y de negación de auxilio; y a Chambi, de desobediencia a la autoridad. Además, halla responsabilidades en otras ocho personas (ver infografía).
La comisión se reunió ayer para analizar el informe. Tras una hora de deliberación, determinó hacer un cuarto intermedio hasta el miércoles para aprobar o no el documento que, posteriormente, deberá ser validado por el pleno de la Cámara Baja y remitido a la Fiscalía General de la República. El diputado Arturo Murillo (UN) dijo que el documento les fue entregado con retraso y adelantó que el contenido del mismo “es una vergüenza”.
“Recomienda al Presidente de Estado determinar la existencia o no de responsabilidad administrativa (en Quintana)”.
INFORME PRELIMINAR, elaborado por Javier Zabaleta.
El hecho de contrabando el 2008
26 de julio • Una flota de 33 camiones que salió de la zona franca de Cobija (Pando), evitando el pago de impuestos, atravesó la tranca del Kilómetro 19, rumbo a la población de Puerto Evo.
27 de julio • Los vehículos cargados fueron interceptados por efectivos del Comando Conjunto de Cobija, en la localidad de Santa Rosa del Abuná, también en Pando, donde permanecieron detenidos por 27 días.
30 de julio • El Ministro de la Presidencia se reunió con los comerciantes y autoridades de la Aduana en el Palacio de Gobierno, para negociar una salida al problema ocurrido en Pando.
23 de agosto • Pobladores y comerciantes de Puerto Evo rebasaron a los efectivos del Control Operativo Aduanero (COA) que custodiaban los camiones en Santa Rosa del Abuná y los condujeron hacia la frontera.
Zavaleta dice que no hubo contrabando en Cobija
NORMA • Los cambios que el PGN 2009 hizo al Código Tributario son la base de esta versión.
Según el diputado Javier Zavaleta (MSM-MAS), los comerciantes de Puerto Evo que el año pasado trasladaron su mercadería sin autorización no incurrieron en el delito de contrabando, sino en una contravención aduanera.
“No hubo un delito penal, simplemente una contravención aduanera por parte de las personas que sacaron su mercadería del recinto aduanero sin autorización”, dijo Zavaleta a La Razón.
Explicó que la Ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2009 modificó el Artículo 56 del Código Tributario, ampliando los márgenes económicos, por los que el tránsito ilegal de una mercadería es considerado contrabando o contravención.
La Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco) denunció que la modificación establece como delito tributario la mercadería a partir de los 40.993 dólares y no desde los $us 2.050, como lo establecía antes.
Según Zavaleta, la ley del PGN 2009 —en vigencia desde enero— “establece la retroactividad de la misma cuando beneficie al imputado (por contrabando)”.
Al ser una contravención, recordó, los comerciantes sólo deben pagar impuestos y multas.
(el informe que fuera publicado por La Prensa y La Razón, está suscrito por Zavaleta, diputado del MAS, y es el informe por mayoría, ahora se espera el informe por minoría que debe presentar el diputado H. Murillo)
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