se equivoca la policía al pretender que una pericia sea tomada como sentencia y con amenazar a quienes la discuten. sostiene Marcelo Gonzáles Yaksic.

El asunto de los terroristas muertos en el hotel “Las Américas” de Santa Cruz, ha tenido un giro sorprendente en los últimos días cuando varios medios de comunicación, algunos con investigaciones propias, han establecido unos datos contradictorios y extraños que la Policía Boliviana y el Ministerio Público estaban incubando sólo para inducir hacia la suposición que se produjo una contienda implacable, matizada por la resistencia frenética de los terroristas.
El hecho negativo pasa por la forma y la persistencia con que se trata de dejar cerrado este caso, sólo y exclusivamente a base de los informes periciales de balística elaborados unilateralmente en la escena del crimen.
En sana razón, debemos coincidir que los informes periciales deben quedar como unos simples medios probatorios, pero nunca como unas sentencias definitivas. Los peritos policiales y menos sus superiores, jamás debieron tratar de imponer ese criterio técnico como único, y peor alinearse en el afán de inducir en error a la opinión pública, para dejar establecido contundentemente que hubo enfrentamiento o que los terroristas resistieron su detención, si de manera mayoritaria y espontánea la propia población está poniendo en duda esa hipótesis; como consecuencia lógica de las enredadas y extravagantes explicaciones de los propios organismos policiales y los fiscales. El establecimiento de la verdad de los hechos es tarea del Órgano Judicial, y justamente a sus tribunales les está reservada la facultad de dictar sentencia, acogiendo o rechazando el contenido de cualquier medio de prueba, entre muchos, el propio informe pericial que tanto defienden.
Por si esto fuera poco, el Comando de la Policía Boliviana, fuera del proceso penal y sin responder a las normas de un Estado de Derecho, ha lanzado una seria intimidación a quienes pretendan desacreditar la capacidad e idoneidad de la institución del orden, y seguramente de sus peritos. En un comunicado público, la institución del orden ha planteado la posibilidad de iniciar acciones legales contra los que estigmaticen o censuren el accionar policial en cualquier caso. En los 182 años de vida institucional, la Policía ha presentado una infinidad de informes periciales, muchos de los cuales fueron notoriamente cuestionados en el ámbito judicial, pero jamás se había conocido este extremo intimidatorio.
Este escenario de por sí nos muestra un plan mediático del gobierno para infundir temor y consolidar un plan de terrorismo de Estado. Es que amedrentar con el inicio de acciones legales, emprendidas por el propio Comando, contra quienes pongan en duda las maniobras policiales de seguridad estatal en el caso del hotel Las Américas, no es racional. Sólo en un Estado policiaco se confirman estas actitudes oficiales que difunden la susceptibilidad y el miedo entre la población. La Policía Boliviana debería institucionalmente ratificar su apego a la ley y a los procedimientos, pero nunca proponerse degradar a las personas, exigiendo de ellas sumisión y respeto al contenido de unos informes periciales, que en el peor de los casos, pueden ser absolutamente rebatibles y cuestionables. Con todo esto, parece que lo verosímil juega contra la institución del orden.