Hilton Heredia García hheredia@eldeber.com.bo
Nefasto precedente. Mientras el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, René Martínez (MAS), reiteró que el contralor General de la República, Osvaldo Gutiérrez, fue suspendido de su cargo porque incumplió la Ley de Hidrocarburos al no presentar a su debido tiempo las auditorías a las empresas petroleras, ayer el aludido respondió que todo el proceso fue concluido de manera legal y que hay 19 informes de control interno y 8 con responsabilidades civiles (daño económico al Estado) y penales.
“No he cometido ninguna irregularidad, mi gestión es eminentemente técnica y voy a defender mi nombre y mi prestigio. Voy a presentar todos los recursos que me franquea la ley para evitar esta ilegalidad y voy a denunciar este atentado. Se han hecho hallazgos importantes, entre los cuales se han descubierto daños económicos por parte de algunas petroleras por más de $us 1.000 millones. Parecería que se está perjudicando la emisión de estos informes. Yo no soy político, aquí lo extraño es que una comisión de Diputados quiera afectar a la institucionalidad, la imparcialidad y la autonomía de la Contraloría. Es más, el documento sólo está firmado por diputados que corresponden al partido de Gobierno”, aseveró Gutiérrez, que se encuentra de vacación hasta el 9 de enero.
Según documentación mostrada por el contralor, la resolución no fue firmada por los honorables Mario Justiniano, José Felipe Oña, Pablo Vanegas, Orlando Pedro Miranda y Lourdes Millares.
La autoridad agregó que presentará denuncias ante los organismos nacionales e internacionales de auditoría y control gubernamental, la Organización Latinoamericana de Entidades y Fiscalización Superior y la Organización Mundial de Fiscalización, porque es la primera vez que se intenta cometer un acto de esta naturaleza en el que una comisión de Diputados actúa políticamente y quiere echar a un contralor.“La Contraloría ha hecho una auditoría a las petroleras que afecta a los intereses de mucha gente y de muchas instituciones, en este caso se puede afectar a la gestión de Gobierno. Inclusive estoy investigando la reunión de los diputados en la que se sacó la resolución contra mi persona”, indicó.
Gutiérrez también denunció que las empresas petroleras, así como el propio Ministerio de Hidrocarburos, la Superintendencia de Hidrocarburos y YPFB, no prestaron la debida ayuda para realizar las auditorías. Es más, indicó que se tuvo que hacer requerimientos fiscales para que se les proporcione la información.
“Reitero, posiblemente se vean afectados muchos intereses, no solamente de las transnacionales. Vamos a hacer las notificaciones correspondientes, con la finalidad de que el Estado recupere los daños económicos que se han producido y que las autoridades pertinentes tomen las acciones legales. Finalmente, aclaro que la máxima autoridad en la Contraloría es el contralor y no el Presidente de la República ”, sostuvo.
Por su lado, el diputado Martínez confirmó que la semana pasada salió la sanción suspendiendo a Gutiérrez del cargo para responder al proceso que se le está abriendo por responsabilidad administrativa de primera instancia.Osvaldo Elías Gutiérrez Ortiz fue elegido contralor por el Congreso Nacional, el 11 de marzo de 2005, en el Gobierno de Carlos Mesa.El diputado aseguró que la suspensión de Gutiérrez es por 90 días y con goce de haberes, para que pueda presentar toda la documentación de descargo sobre el caso.
"Además, ya se ha informado de la sentencia al Presidente Evo Morales para que tome los recaudos correspondientes y designe a un contralor interino mientras dure el proceso legal", añadió.
Para el analista Armando Méndez, la suspensión del contralor es una acción más de la destrucción de la institucionalidad del país. Entre tanto, la Presidencia del Congreso, a cargo de Álvaro García Linera, licita la contratación de una firma extranjera para realizar una auditaría especial a la Contraloría.Por su parte, el Senado Nacional criticó la actitud de los diputados y rechazó la resolución administrativa. Mientras que las petroleras optaron por no hablar del asunto.
2009: invertirán $us 500 millonesSi bien la estatal petrolera YPFB habla de emplear $us 1.000 millones en 2009, monto a ser financiado de un crédito del BCB, los operadores privados mantienen cautela sobre los montos a invertir debido a que las perspectivas son poco claras para exportar mayores volúmenes de gas a mercados externos, principalmente a Argentina, país con el cual no hay definiciones concretas sobre la construcción del gasoducto GNEA y además no ofrece las condiciones y garantías al sector para efectuar el trabajo. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Hidrocarburos adelantaron ayer que las compañías aceptaron invertir $us 500 millones el próximo año en exploración y producción, y que el acuerdo será suscrito en las próximas horas. “Para el 2009 vamos a solucionar los problemas sobre acuerdos de entrega con los operadores. Hasta el momento no están firmados estos documentos; sin embargo, estamos trabajando con las compañías y todo está prácticamente consensuado. Tengo mucha fe en que firmemos los documentos. Esto va a permitir que Total comience a operar en dos pozos en el campo Itaú. Hay conversaciones adelantadas entre Total y Petrobras para que la compañía brasileña se convierta en la operadora del campo”, dijo el ministro del área, Saúl Ávalos.La inversión en el sector en las últimas tres gestiones ($us 198 millones en 2006, 49,8 millones en 2007 y $us 250 millones en 2008) fue una de las más bajas de la última década.
La ley
- Osvaldo Elías Gutiérrez tiene 30 años de ejercicio profesional. Ocupó diferentes cargos públicos y privados. Fue designado en el cargo de contralor por dos tercios de votos en el Senado Nacional, en cumplimiento de lo que manda la Constitución Política del Estado. - La CPE establece que el contralor tiene funciones por diez años, es decir que Gutiérrez estará hasta el 2015. Hasta el momento lleva tres años y nueve meses en el cargo.- En el periodo del presidente Evo Morales ya se pidió la renuncia del contralor; se conformó una comisión anticorrupción la cual tuvo como único investigado a Gutiérrez; también hubo una demanda por responsabilidad del fiscal General de la República que no prosperó.- El Gobierno emitió un D.S. (29536) el 30 de abril de 2008 que señala que los casos de posible responsabilidad administrativa del fiscal General, el contralor y los superintendentes serán resueltos por las respectivas comisiones del Poder Legislativo.
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