También los periodistas notan las contradicciones de Quintana y hoy publican " Sin pruebas, Quintana acusó a la Prefectura de Pando y a comerciantes ‘inescrupulosos’ de estar detrás de las denuncias.En su informe, el Ministro de la Presidencia entró en contradicciones con el presidente interino de la Aduana, César López, que aseguró que el Comando Conjunto procedió a la detención del convoy de 35 camiones con mercadería y que fueron liberados por una supuesta orden suya."Por mi parte, como ministro de la Presidencia, estoy absolutamente dispuesto a que se me investigue y asistiré al Parlamento para explicar la estructura de la ilegalidad ligada al contrabando de madera, oro y vehículos", dijo el ministro.
Nota del editor: Como Quintana dispone de todos los medios, llamó a una conferencia de prensa en Palacio y trasmitió por el Canal 7 obligando a una cadena (por supuesto pagando a los otros canales) a trasmitir su versión acerca de los 33 camiones contrabandeados en Cobija, culpando al Prefecto pandino de tal barbaridad. Lo correcto habría sido que la autoridad que lanzó la denuncia, vale decir el Presidente de la Aduana y el jefe de La Paz, Beni y Pando desmintiera lo dicho en la víspera. Eso es lo adecuado. Por lo que persiste la duda del megamillonario contrabando autorizado por el "todopoderoso ministro".
Un grupo de supuestos contrabadistas vinculó al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, con la internación de 33 camiones que trasladaban mercadería ilegal a Cobija hace un mes. La Aduana Nacional de Bolivia (ANB) solicitó a la Fiscalía investigar el caso. De acuerdo con la demanda que el administrador de la Zona Franca Cobija, Mario Vásquez Peñaranda, presentó ante el Ministerio Público, y que La Prensa consiguió en esta última entidad, “los propietarios de la mercadería no pagaron los tributos aduaneros para introducir la mercadería a territorio aduanero nacional y utilizaron como único argumento una supuesta autorización verbal del señor ministro de la Presidencia, Juan Ramón de la Quintana, y la venía del contralmirante Rafael Bandeira Arze, comandante del Comando Conjunto de Cobija (...)”. Ayer, en cinco oportunidades, este diario trató de conversar con el ministro Quintana —quien fue testigo en el matrimonio del Presidente de la Aduana— para consultarle al respecto. Sin embargo, su secretaria dijo que estaba en reunión y que después se comunicaría. Hasta el cierre de edición, no lo hizo. Según los documentos, Bandeira negó la vinculación. El presidente de la Aduana, general César López, aseguró que, de acuerdo con los comerciantes, Quintana está relacionado con el hecho. “La querella que presentó el Administrador de la Aduana de Cobija menciona al ministro Quintana como parte de esta situación que estamos analizando”. “Los propietarios de la mercancía no pagaron los tributos para introducirla a territorio aduanero y utilizaron como único argumento una supuesta autorización del Ministro”. Relación de los hechos El 27 de julio, el agente del Control Operativo Aduanero (COA), subteniente Cristian Deheza, denunció al Comando de Cobija un hecho supuestamente irregular: que una noche antes, el comerciante Jesús Chambi y líder de una Organización Territorial de Base (OTB) de la zona, solicitó el paso de la mercadería por la tranca del kilómetro 19 de Pando. De acuerdo con esa versión, Chambi argumentó que “tuvo una reunión con el Ministro Quintana, quien se habría constituido en Cobija para reunirse con los comerciantes, para dejar pasar su mercadería ya que se encontraba hace un mes sin poder pasar por el control”. El 28 de julio, la Presidencia de la Aduana ordenó la detención de la mercadería cuando los comerciantes la trasladaban en una caravana de 33 camiones rumbo a la región pandina de Montevideo. Luego, los técnicos de la Aduana de Cobija hicieron el aforo (verificación) correspondiente y corroboraron que las personas no presentaron papeles ni tributaron. Se calcula que el valor de la mercadería asciende a más de un millón de dólares y que se traslaba productos chinos. El 30 de julio, la Administración aduanera de Cobija presentó ante el fiscal Eloy Aspetti una querella (demanda) por el delito de contrabando contra unas 50 personas, entre comerciantes y conductores de los camiones. Inicialmente, el representante del Ministerio Público rechazó el proceso porque la Aduana no cumplió con algunos requisitos. Después, la entidad corrigió las objeciones y, paralelamente, solicitó a la Policía Nacional el envío de 50 efectivos para fortalecer el trabajo del COA ante la presión de los comerciantes por recuperar su mercadería. La Aduana informó que los uniformados solicitaron a su vez el apoyo del Comando Conjunto, conformado por militares especializados en la lucha contra el contrabando; sin embargo, la ayuda no llegó. Entonces, los policías retornaron a su base y los tres efectivos del COA se quedaron solos junto con 20 miembros de la Fuerza Naval para resguardar el control de los camiones. Según el Presidente de la Aduana, el 23 de agosto, los comerciantes y sus familias, junto a las OTB asaltaron violentamente el recinto aduanero instalado en Santa Rosa de Abuná. En el lugar, los COA y los efectivos navales poco pudieron hacer frente a la agresión de más de 100 personas que lograron pasar el río y huir a Brasil junto con la mercadería ilegal. La Aduana dijo que a raíz de este último hecho, los contrabandistas serán procesados por robo agravado, sustracción de prendas aduaneras y asociación delictuosa, entre otros.. Aduana retrocede en las acusaciones contra el Banco Bisa A ocho meses de haber presentado la denuncia, la Aduana Nacional retrocedió en la investigación que había iniciado contra el Banco Bisa por la internación de más de 40 millones de dólares en forma física al país. El presidente de la entidad, César López, informó que tras haberse realizado las investigaciones, la Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros (UTISA), dependiente de la institución recaudadora, no se encontró ninguna irregularidad en el caso. Sin embargo, señaló que en base a los informes y recomendaciones de la Presidencia de la ANB, sección sumaria una a funcionaria fue retirada de la institución . Se trata de Joceline López Salas, quien fue separada bajo el cargo de no haber presentado oportunamente información del caso. El 9 de enero, la Aduana intervinó sus oficinas administrativas de El Alto luego de enterarse que el Banco Bisa internó más de 40 millones de dólares bajo la sospecha de que no tributó. La ANB se apoyó en un informe y carta del Viceministerio de Política Tributaria del 24 de octubre de 2007, que aparentemente avalaba la operación. En esa misiva, que fue de respuesta a una consulta del Bisa el ex viceministro de Política Tributaria, Leonardo Ugarte decía “no requiere autorización previa ni exención alguna” para esa internación de dinero. El Bisa aseguró que no hubo ninguna irregularidad en la importación del dinero. Por este caso, el Viceministro tuvo que renunciar al cargo. Joceline López, de acuerdo a los antecedentes del caso, habría autorizado el descargo del dinero importado por el Bisa desde Miami en la pista del aeropuerto del Alto. Sin embargo, el 15 de noviembre de 2007, cuando por motivos de viaje la funcionarios se ausentó de su oficina y su sustituto Sandro Márquez impidió que se descargue el dinero bajo la sospecha de que no era algo legal.
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