Más de treinta muertos, ningún detenido y las investigaciones congeladas, es el saldo de los enfrentamientos entre la población, policías y militares en distintos departamentos, que se registraron desde hace dos años y siete meses, cuando asumió la presidencia Evo Morales.
Hasta ahora sólo existe una proposición acusatoria contra el ministro de Gobierno, Alfredo Rada; el ex comandante General de la Policía, Miguel Humberto Vázquez; el ex coordinador de operaciones de la Policía Nacional, Jorge Espinoza y el ex comandante departamental de Sucre, José Galván, por las muertes de tres personas en los enfrentamientos de La Calancha, en Chuquisacaca, cuando intentaron frenar la aprobación de la nueva Constitución.
El abogado de las víctimas, Hernando Aguilar, explicó que las pruebas que deben remitirse a la Corte Suprema para pedir al Congreso la investigación a los altos dignatarios se encuentran congeladas. Los delitos por los cuales se intenta procesar e incluir al Presidente, que no está en la petición de la Fiscalía, es por genocidio en forma de masacre, resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes, abandono del cargo y favorecimiento de la evasión.
“Lamentablemente no tienen el menor interés porque no le conviene al Gobierno establecer los hechos de noviembre, donde hubo muertos y heridos a la vista de un ministro, un viceministro y altos jefes de la policía”, dijo el presidente del Comité Cívico de Chuquisaca, John Caba, acusando al Poder Ejecutivo de encubrir las muertes de noviembre porque estarían implicados el ministro de Gobierno, Alfredo Rada y el viceministro, Héctor Arce, quienes fueron vistos en el Liceo Militar
Desde comunicaciones de la Fiscalía General de la Nación nos informaron que están en la fase de investigación de varios de los conflictos que terminaron trágicamente, aunque no pudimos conversar directamente con el Fiscal General.
El defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, advirtió que las protestas sociales por diversas reivindicaciones en varias regiones, pueden generar el surgimiento de grupos irregulares y armados, paralelos a las Fuerzas Armadas y policiales, los cuales ejercerían violencia en el país. Aclaró que los derechos humanos deben ser precautelados.
Mientras tanto, el presidente del Comité Cívico cruceño, Branko Marinkovic, recordó que los muertos pasan de las 40 personas y que deben ser investigados.
‘Nunca existió orden para disparar a nadie’
El viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, explicó que desde el Gobierno buscaron siempre coadyuvar en las investigaciones de todos los enfrentamientos que terminaron con la muerte de alguna persona.
Chávez fue consultado sobre los saldos de heridos y víctimas fatales que han ocurrido en enfrentamientos con la policía y militares como el 24 de noviembre en Sucre o el 11 de enero en Cochabamba, aclaró que el uso de la fuerza pública está establecida en el respeto de los derechos y en la Constitución para proteger a la ciudadanía.
“Si existen autores que actuaron fuera de la ley vamos a saber entregar, el delito tiene una responsabilidad si alguien se ha excedido porque no ha habido ordenes para disparar y quitar la vida a nadie, tiene que responder personalmente de sus actos”, dijo el Viceministro.
Por la democracia
Ejercer la carta democrática • La Human Rights Foundation desde (HRF) envió a José Miguel Insulza, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), una carta abierta denunciando “su incapacidad de cumplir el mandato de la Carta Democrática Interamericana” en defensa de la democracia en el continente.
Existen 6.681 víctimas • Son los muertos en los gobiernos dictatoriales y en la democracia, según el último informe del Observatorio de Derechos Humanos. El presidente de esta institución, Guillermo Vilela, presentó un informe donde se destaca la impunidad que ha prevalecido en los gobiernos entre 1970 y 2007. Además, crítico al presidente Evo Morales, porque hasta la fecha no ordenó que se desarchiven los expedientes secretos de las dictaduras.
No hay comentarios:
Publicar un comentario