Aniquilado el estado de derecho con motivo de la promulgación del decreto de convocatoria a referendo múltiple para el 7 de diciembre, según veredicto coincidente de juristas especializados en el derecho constitucional, es llegada la hora en que los hechos rijan el presente y futuro del país, con consecuencias imprevisibles, desde luego. Así lo prueban esa y anteriores disposiciones gubernamentales, de un lado, y del otro las acciones de los líderes y habitantes de las regiones opositoras al régimen del Movimiento al Socialismo, traducidas en medidas de fuerza y advertencias de que continuarán con sus programas autonómicos que, en el fondo, significan una respuesta a la política estatista y hegemónica de la administración central, plasmada en el malhadado proyecto de Constitución aprobado en La Glorieta y Oruro.
Es decir que si los detentadores del poder tienen decidido ir por la vía del atentando contra el ordenamiento jurídico vigente, presionados dizque por sectores sociales a los que en realidad ellos mismos movilizan creyendo investirse de legitimidad, sus adversarios harán lo propio por instinto de conservación y en resguardo de sus derechos y aspiraciones, extremo que más temprano que tarde podría derivar en el imperio de la anarquía. Peor aun, en semejante contexto, los brotes de violencia observados en Santa Cruz de la Sierra y otras poblaciones del sur del territorio, serían el inicio de una espiral difícil de contener conforme transcurran los días, máxime si de la parte oficial se anuncia el emprendimiento de campañas por sus aguerridas huestes para la consecución de sus objetivos.
En el caso de la llamada “media luna”, no se puede desconocer que el triunfo del postulado autonomista en la consulta popular respectiva, da pie para que sus integrantes sigan el sendero a través del cual quieren labrar su porvenir, sobre bases y metas que harto difieren de las propuestas de la cúpula masista, enfocadas a la restitución de un pasado tan imaginario como ilusorio; circunstancia que, quiérase o no, aminora el grado de su responsabilidad en el establecimiento de ese campo de confrontación, sin principios ni normas, en que se está convirtiendo a la República. Igual criterio es aplicable a lo que acontece en Chuquisaca y el llamado a referendo autonómico para el 30 de noviembre próximo por el Consejo Departamental de su Prefectura, en la perspectiva de procederse luego a la elaboración de su estatuto.
Del gobierno nacional, en cambio, no cabe sino esperar un fiel y permanente respeto a la legalidad, que no sólo le permitió asumir el mando por conducto democrático, sino que le delineó el marco en el que debía desenvolverse, a riesgo de que si lo sobrepasara, promoviese que otros lo hicieran también, que es lo que vemos hoy. En lo que nadie parece reparar es en el daño que se le está infligiendo a Bolivia, ni en el costo que demandará la tarea de subsanarlo cuando las condiciones así lo permitan.
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