El Gobierno avisó ayer que ya tiene pruebas para la detención del cívico cruceño Branko Marinkovic, mientras el prefecto de esa región, Rubén Costas, anuncia la resistenia civil a esa medida. La Corte de Justicia de La Paz ordenó la detención preventiva del presidente del Comité Cívico de Tarija, Reynaldo Bayard y del dirigente regional Gonzalo Salazar por el atentado explosivo a un gasoducto en Yacuiba y la toma de una planta energética en Villa Montes.
El jueves, el cívico de la provincia O´Connor de Tarija Domingo Moreno denunció que el principal responsable de la voladura del gasoducto es Marinkovic. Por ello, la comisión de fiscales asignados a la investigación, amplió el viernes la querella contra el líder cruceño.
El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, aseguró ayer que Marinkovic será detenido y trasladado a La Paz para asumir su proceso judicial. "Ni prefectos, ni presidentes de comités cívicos gozarán de impunidad. Se han ido acumulando elementos que permiten afirmar una vinculación entre el señor Branko Marinkovic y los actos que se dieron en distintos lugares del país, lo que estamos investigando es Villa Montes". Alegó que toda esta historia comenzó con la cumbre de cívicos y prefectos en Villamontes, el pasado 21 de agosto, donde se habría planificado un "golpe cívico-prefectural" contra el Poder Ejecutivo, lo cual llevó a que se suscitaran los hechos violentos en Santa Cruz, Tarija y Pando.
De acuerdo con la información que consiguió el Gobierno, la dinamita para volar la válvula fue trasladada desde Santa Cruz en una avioneta hasta Tarija, y agregó que dos personas cruceñas (no dio nombres) dieron las indicaciones para su uso en el atentado. La autoridad ministerial no dio fecha del arresto de Marinkovic, pero ratificó que ello sucederá, luego de que sea determinado por el Ministerio Público.
El viernes, Rada acusó al cívico de alistar su huida a Estados Unidos, pero éste le respondió que no teme un arresto y que todo es parte de un amedrentamiento para frenar su campaña por el No al nuevo texto constitucional. Ayer, el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, en contacto con medios de comunicación, advirtió que la región no permitirá la detención del dirigente cívico, al mismo tiempo lo respaldó y le dijo que tenga tranquilidad porque desde el momento en que el Gobierno intente procesarlo, los cruceños estarán a su lado.
"Nosotros estaremos ahí y lo acompañaremos (a Marinkovic) y detrás de mí seguramente habrá miles de personas", declaró la autoridad departamental al cuestionar la acusación por terrorismo que hace Rada contra el empresario aceitero. A la cárcel El jueves, la Policía y la Fiscalía aprehendieron en Santa Cruz a Reynaldo Bayard, Gonzalo Salazar y sus hermanos Guillermo y Marcelo, y a Mauricio Fuentes, sindicados de atentado contra la seguridad de Estado, sedición, terrorismo, asociación delictuosa y organización criminal por la voladura del gasoducto Yacuiba-Río Grande el 10 de septiembre en El Palmar, y por la toma de la planta de GLP de Villamontes. Ellos fueron trasladados a La Paz el viernes, con fuerte resguardo policial, y ayer en la mañana la Fiscalía los remitió a la juez Cuarto de Instrucción Cautelar, Margot Pérez, quien a tiempo de ser recusada por la defensa, determinó la libertad pura y simple de Marcelo Salazar y de Mauricio Fuentes, porque no había ninguna imputación contra ellos.
En dicho actuación judicial, los involucrados se acogieron al derecho al silencio. Los restantes tres cívicos pasaron a manos del juez Quinto de Instrucción en lo Penal, Williams Dávila, quien dictó detención preventiva para Bayard y Gonzalo Salazar en el penal de San Pedro por considerar peligro de fuga y riesgo de obstaculización en las investigaciones; además, el primero se había declarado en la clandestinidad. Guillermo Salazar recibió libertad pura y simple, porque no se le encontró indicios de responsabilidad. Bayard fue involucrado en el atentado por José Germán Vaca Ortiz (dirigente del Comité de Movilización de Villamontes), quien guarda detención en la cárcel de San Pedro desde septiembre por el mismo hecho.
La investigación del Ministerio Público indica que día antes al atentado, Felipe Moza y Bayard se reunieron en la casa de los hermanos Salazar para planificar la explosión. A primera hora del 10 de septiembre, el presidente del Comité Cívico de Tarija, José Vaca, Carlos Zeballos y Carlos Flores se habrían dirigido al gasoducto en una vagoneta ploma 4x4 de Gonzalo Salazar en la que llevaron la masa de dinamita.
Bayard se habría quedado en el auto, en la reja del campo petrolero, desde donde dio orden para la explosión. Estaba acompañado de Gonzalo Salazar; mientras que Vaca cortó el alambrado de seguridad con alicate, por donde ingresaron Flores y Zeballos; el primero puso la dinamita y el segundo encendió la mecha del artefacto. Como protesta a lo sucedidos con los cívicos, el Comité Cívico de Tarija alista un paro para este miércoles 3 de diciembre, que será organizada mañana.
Unionistas La audiencia de medidas cautelares para tres miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) sindicados de participar el 15 de agosto en la agresión física del entonces comandante departamental de la Policía Wilge Obleas, fue suspendida para hoy, porque la juez Cuarto de Instrucción en lo Penal, Margot Pérez, se ausentó de su oficina. Uno de los líderes de la agrupación juvenil Jorge David Vargas Vaca, además de Daniel Yuli y Julio César Zenteno, fueron detendidos en un operativo policial la noche del viernes en Santa Cruz, y ayer en la mañana fueron trasladados a la Fiscalía de La Paz donde prestaron declaraciones. Mientras que el otro jefe unionista, Ángelo Céspedes, denunció que él y otros cuatro jóvenes son perseguidos y temen su arresto en Santa Cruz, y criticó la desaparición del presidente del Comité Cívico, Branko Marinkovic, para no enfrentar las acusaciones del Poder Ejecutivo.
Aliaga implica a Fernández en peculado El ex jefe financiero del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) de la prefectura de Pando, Gerardo Aliaga Paredes y el ex cajero de ese ente, Juan Marcelo Mejido Flores, imputados de peculado, fueron remitidos ayer al penal de San Pedro de La Paz; antes el primero implicó al ex prefecto Leopoldo Fernández con ese delito. El 22 de noviembre, por denuncia del Ministerio de la Presidencia, la Comisión Especial de Fiscales abrió el caso por la desaparición de seis millones de bolivianos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) contra las dos personas, quienes fueron confinadas al cuartel Bolívar de Viacha durante el estado de sitio en Pando (del 16 de septiembre hasta el 23 de noviembre). Después de la recusación a cuatro jueces para la audiencia de medidas cautelares de Aliaga y Mejido, ayer la juez Cuarto de Instrucción en lo Penal, Margot Pérez, determinó la detención preventiva de éstos en la cárcel de San Pedro, luego de considerar su posible autoría en peculado; además para evitar su fuga porque no presentaron documentación alguna que certifique un domicilio o fuente laboral fijos.
Mejido admitió que no rindió cuentas de los seis millones de bolivianos, rechazó defensa, se acogió a un juicio abreviado e indicó que colaborará con la investigación a fin de ser sentenciado con pocos años. El abogado del Ministerio de la Presidencia, Marco Iván Puña, buscó ayer a la familia de Mejido para reunirse y acordar de qué manera cooperaría en el esclarecer del hecho, lo que determinaría si se da curso o no al proceso abreviado.
Mientras que Aliaga reveló en la audiencia que giró los cheques de millones de bolivianos a nombre de Mejido, “obligado” por el Director Ejecutivo del Sedcam, Julio Villalobos. En medio del llanto, dijo que fue por temor a perder su fuente de trabajo, pese a que él le advirtió que eso debió realizarse previo trámite. Agregó que de este movimiento de dinero “conocía” el ex prefecto Fernández.
El sindicado aseguró también que está dispuesto a colaborar con la investigación y para "brindar datos". Su abogado, Carlos Frías, presentó a la juez Pérez un memorial de declinatoria de competencia para que el caso se remita a la Corte Distrital de Pando, porque el presunto delito de peculado se habría producido en esa región; sin embargo, la respuesta quedó en suspenso hasta el lunes, y de resulatr procedente, el proceso y las detenciones serían trasladados a esa región.
El asesor indicó que no presentará apelación a la detención preventiva porque en ningún momento se reconoció la competencia de la autoridad judicial paceña.
El Vice resta efectividad al paro El vicepresidente Álvaro García Linera aseguró ayer que ningún paro o medida de presión torcerá la mano de la ley y ratificó que las personas procesadas por la masacre de Pando, el atentado terrorista a un gasoducto y la violenta toma de instituciones del Estado, entre agosto y septiembre, deberán asumir su defensa ante un tribunal de justicia.
"El Estado no va a permitir impunidad en torno a algo que afectó los intereses de los bolivianos, por tanto quienes tienen que preocuparse son los involucrados, que es el 0,0001 por ciento de los bolivianos, es decir un pequeño grupo que no debe pasar de 20 personas". García Linera indicó que las personas detenidas por esos hechos violentos, entre quienes se encuentran el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández y el ex presidente del Comité Cívico de Tarija, Reynaldo Bayard; deberán someterse a la justicia para responder por las acusaciones. Insistió en que un eventual paro en Tarija y Santa Cruz la próxima semana como medida de presión para "frenar" una presunta "persecución política", es un desesperado intento por torcer el brazo de la ley.
Repercusiones Roger Pinto Podemos “Considero que podemos demostrar nuestra solidaridad. Branko Marinkovic o cualquiera puede responder ante la justicia, pero lo que pedimos es que haya el debido proceso y las garantías como para que cualquier ciudadano pueda defenderse. Ese procedimiento es el que tenemos que compartir y aceptar y además que ningún cuidadano pueda escaparse a la justicia. Pero si el Gobierno continua con la dinamica de detener, acusar y trasladar, esto no lo podemos aceptar más”.
Rubén Costas Prefecto de Santa Cruz “Sigamos unidos luchando por la libertad. Están amenazándonos y amedrentándonos porque temen perder el referéndum. Buscan encarcelar a nuestros líderes porque quieren enfrentamiento. Estos monstruos se alimentan de odio, de pelea, de sangre, pero seguiremos por la vía democrática. Iremos a un referéndum como lo han impuesto, pero saldremos victoriosos y fortalecidos”.
Patricia Galarza Cívica tarijeña “Una asamblea de instituciones definirá este lunes todos los detalles para que el paro de 24 horas que hemos anunciado se cumpla el miércoles 3 de diciembre, y sea acatado de manera contundente en todas las provincias y municipios del departamento tarijeño, en apoyo a los dos dirigentes cívicos detenidos. Con esta medida rechazamos la persecución gubernamental contra los dirigentes cívicos de todo el país”. César Navarro MAS “Lo que se hace es tomar una decisión judicial en base a una investigación seria, porque las demandas cívicas no pueden ser confundidas con acciones delincuenciales contra las instalaciones del Estado, que son de todos.
El pueblo de Tarija debe entender que este tipo de acciones (ilegales de los cívicos) no tiene nada que ver con sus justas y legítimas reivindicaciones, y por ello se deben resolver en la justicia ordinaria”. Oscar Montes Alcalde de Tarija “"No se puede judicializar las acciones políticas y las reivindicaciones regionales, por tanto hay un abuso del poder que lo está reflejando el Gobierno. Esta claro que (ahora) la reacción no puede ser otra que la solidaridad plena con el Presidente del Comité Cívico y los dirigentes detenidos, reactivando las medidas de presión, aunque con el riesgo de una mayor confrontación que nadie desea”. Mario Cossío Prefecto de Tarija “"Ninguno de ellos debería ser tratado como delincuente, porque aquí no hay ningún delincuente. La captura y detención de los cívicos tarijeños es ilegal porque no se respetó la norma para que presten sus declaraciones informativas en el lugar donde se cometió el supuesto delito, todo esto constituye una afrenta a la ley y a las garantías constitucionales. Les ofrecemos todo el apoyo legal”. (Valiosa crónica de La Prensa de La Paz, sobre el suceso político de últimas horas)
domingo, 30 de noviembre de 2008
viernes, 28 de noviembre de 2008
proteger, expandir, controlar la producción de coca es manejar el producto en moldes ortodoxos del neoliberalismo. qué capitalismo condena su discurso
Y la corneta desafinada de Evo Morales sigue tocando la misma nota. Repitiendo la consigna de eliminar al capitalismo por ser la causa de todos los males de la humanidad. Y lo dice sin ruborizarse. Claro está frente a sus socios: Chávez, el padrino, Correa el monaguillo, Ortega el gatillo fácil, al frente suyo el vicepresidente del consejo de ministros de Cuba Cabrisas le asiste con movimientos afirmativos de su cabeza ante las afirmaciones de que puede haber propiedad privada sin capitalismo.
Le había preguntado dijo Morales a su Ministro de Hacienda, sentado al lado suyo, y este le confirmó que la propiedad privada puede coexistir en el socialismo. Así que para evitar “rumores” de que Evo quiere terminar con la propiedad privada aclaró, por si acaso, que esto no es verdad.
La aclaración era oportuna, pues la propaganda oficial dice que la nueva constitución masista respeta la propiedad privada. ¿Qué tipo de propiedad privada estará considerando el señor Morales? Seguramente esa supeditada al goce y disfrute siempre que cumpla una función social. ¿Y qué entenderá por función social? Seguramente el reparto de las tierras trabajadas y en producción, que es más fácil, la prohibición expresa de tener más de una vivienda inscrita en Derechos Reales para ser distribuida entre los sin techo y por último si un patrimonio supera la cota considerada millonaria por su gobierno, la confiscación del excedente.
¿Es posible que como en Cuba tener celular sea una concesión del Estado? ¡Eso es propiedad privada y si te compras unas tasas para tomar café también es de tu propiedad! Vaya locura pensar que en Cuba no existe la propiedad privada.
En Venezuela, por ejemplo, la propiedad privada está mucho más extendida que en Cuba, sino pregúntenle a la familia Chávez. En Nicaragua ni que decir, el clan Ortega ya aseguró su futuro hace mucho tiempo. O sea que el sentido de la propiedad privada depende del socialismo que tengas.
En Bolivia puede ser más restringido el concepto de propiedad privada. Esto porque tanto el señor Morales como el señor García Linera en su vida han tenido patrimonio con el resultado de su trabajo y nunca han invertido un boliviano ni para ser “dulceros”. Así que para ellos la propiedad privada siempre es el resultado de la corrupción y el que tiene dinero es un maleante. Por eso ellos toman distancia del dinero y del capital.
Cómo no tienen sentido de la inversión, cómo no saben lo que es arriesgar el capital, entonces no pueden comprender que el capitalismo exige del capitalista muchas cualidades, que nuestros socialistas no tienen, por ejemplo: saber trabajar más y hablar menos. Buscar mercados para vender y saber vender, antes que estar jugando futbol o leyendo 20.000 libros. Cuidar de su inversión ante la competencia y multiplicar sus resultados con eficiencia. Racionalizar sus costes pues de esto depende que su grado de eficiencia y competitividad le aseguren mercados. Adecuar su proceso tecnológico para lo cual se requiere siempre de aporte de capital. Todo eso para Evo Morales y García Linera es cosa de iniciados en ciencias ocultas.
Lo curioso es que la historia tiene sus realidades: el socialismo real se derrumbo sin que nadie lo empuje, se fue por el caño de la ineficiencia y corrupción más grande que se haya conocido, en cambio los países capitalistas están vivitos y coleando, con crisis como la actual, y las que ya pasaron, pero siguen siendo una realidad social y política.
El capitalismo para poder desarrollarse necesita de dos pilares fundamentales: la libertad de empresa y el respeto a la iniciativa privada. La libertad de empresa va de la mano con la libertad de decisión y de buscar en el bien individual el bien social.
Evo Morales el indio socialista que protege, expande y controla la producción de coca, maneja este producto en los moldes más ortodoxos del neoliberalismo. Es en este sentido un capitán capitalista sin vuelta de hoja.
El precio de la coca se define por el mercado y sus derivados son el resultado de la demanda, los salarios que se pagan los fija el mercado del narcotráfico, los insumos se importan por las dos vías: la legal y el contrabando definen el precio final de la cocaína más una prima de riesgo, que en los últimos cinco años ha bajado gracias al control que ejercen los dirigentes de los cocaleros desde el gobierno.
Este capitalismo sería el que habría que combatir y no proteger, el otro el que vela por el bien común ese capitalismo seguirá su rumbo. (De Dante Pino en Hoy, Bolivia)
Le había preguntado dijo Morales a su Ministro de Hacienda, sentado al lado suyo, y este le confirmó que la propiedad privada puede coexistir en el socialismo. Así que para evitar “rumores” de que Evo quiere terminar con la propiedad privada aclaró, por si acaso, que esto no es verdad.
La aclaración era oportuna, pues la propaganda oficial dice que la nueva constitución masista respeta la propiedad privada. ¿Qué tipo de propiedad privada estará considerando el señor Morales? Seguramente esa supeditada al goce y disfrute siempre que cumpla una función social. ¿Y qué entenderá por función social? Seguramente el reparto de las tierras trabajadas y en producción, que es más fácil, la prohibición expresa de tener más de una vivienda inscrita en Derechos Reales para ser distribuida entre los sin techo y por último si un patrimonio supera la cota considerada millonaria por su gobierno, la confiscación del excedente.
¿Es posible que como en Cuba tener celular sea una concesión del Estado? ¡Eso es propiedad privada y si te compras unas tasas para tomar café también es de tu propiedad! Vaya locura pensar que en Cuba no existe la propiedad privada.
En Venezuela, por ejemplo, la propiedad privada está mucho más extendida que en Cuba, sino pregúntenle a la familia Chávez. En Nicaragua ni que decir, el clan Ortega ya aseguró su futuro hace mucho tiempo. O sea que el sentido de la propiedad privada depende del socialismo que tengas.
En Bolivia puede ser más restringido el concepto de propiedad privada. Esto porque tanto el señor Morales como el señor García Linera en su vida han tenido patrimonio con el resultado de su trabajo y nunca han invertido un boliviano ni para ser “dulceros”. Así que para ellos la propiedad privada siempre es el resultado de la corrupción y el que tiene dinero es un maleante. Por eso ellos toman distancia del dinero y del capital.
Cómo no tienen sentido de la inversión, cómo no saben lo que es arriesgar el capital, entonces no pueden comprender que el capitalismo exige del capitalista muchas cualidades, que nuestros socialistas no tienen, por ejemplo: saber trabajar más y hablar menos. Buscar mercados para vender y saber vender, antes que estar jugando futbol o leyendo 20.000 libros. Cuidar de su inversión ante la competencia y multiplicar sus resultados con eficiencia. Racionalizar sus costes pues de esto depende que su grado de eficiencia y competitividad le aseguren mercados. Adecuar su proceso tecnológico para lo cual se requiere siempre de aporte de capital. Todo eso para Evo Morales y García Linera es cosa de iniciados en ciencias ocultas.
Lo curioso es que la historia tiene sus realidades: el socialismo real se derrumbo sin que nadie lo empuje, se fue por el caño de la ineficiencia y corrupción más grande que se haya conocido, en cambio los países capitalistas están vivitos y coleando, con crisis como la actual, y las que ya pasaron, pero siguen siendo una realidad social y política.
El capitalismo para poder desarrollarse necesita de dos pilares fundamentales: la libertad de empresa y el respeto a la iniciativa privada. La libertad de empresa va de la mano con la libertad de decisión y de buscar en el bien individual el bien social.
Evo Morales el indio socialista que protege, expande y controla la producción de coca, maneja este producto en los moldes más ortodoxos del neoliberalismo. Es en este sentido un capitán capitalista sin vuelta de hoja.
El precio de la coca se define por el mercado y sus derivados son el resultado de la demanda, los salarios que se pagan los fija el mercado del narcotráfico, los insumos se importan por las dos vías: la legal y el contrabando definen el precio final de la cocaína más una prima de riesgo, que en los últimos cinco años ha bajado gracias al control que ejercen los dirigentes de los cocaleros desde el gobierno.
Este capitalismo sería el que habría que combatir y no proteger, el otro el que vela por el bien común ese capitalismo seguirá su rumbo. (De Dante Pino en Hoy, Bolivia)
jueves, 27 de noviembre de 2008
se trata de ejecutar un meditado plan de limpieza étnica y de conquista territorial. aymaras se expanden al oriente que nunca fue suyo!
Ahora que Unasur está presentando, en el mayor misterio y suspenso posible su informe; buen nombre porque es in-forme, no sigue las líneas de principios de justicia que debe adoptar una comisión de investigación para restituir derechos a los ciudadanos amenazados.
Ahora que la comisión del organismo armado por Hugo Chávez para favorecer sólo y nada más que a sus aliados se apresta a largar toda su artillería contra el prefecto Leopoldo Fernández y los cívicos de Pando, es el momento en el que la sociedad sana, si es que todavía existe, debe levantar su voz y su protesta para no permitir que se consagre la injusticia que se está armando como un tsunami criminalizador contra los disidentes u opositores al régimen de Morales y por ende de Hugo Chávez.
No es difícil adivinar que el Gobierno se está jugando el todo por el todo para meterle toda su artillería al caso de Leopoldo Fernández. Esto tiene razones de fondo que debemos analizar.
Los prefectos electos son un obstáculo para los planes del gobierno, razón por la que no ha hecho otra cosa que tratar de derrocarlos, apuntando a que de cara a las reelección presidencial del 2009 no se vuelva a repetir lo que ocurrió en la elección del año 2005, en la que salió electo Evo Morales, pero cada departamento eligió prefectos que identificó como ligados a sus pueblos.
Dentro del sistema centralista unitario, los pueblos andinos que tienen mayor población decidieron la elección nacional, pero los prefectos elegidos les dieron a los departamentos la opción de comenzar el verdadero proceso de autonomías departamentales puesto que se logró formar una liga de prefectos que lograron una fortaleza inédita en toda la historia del centralismo secante de Bolivia, manejada desde el inicio de la República dentro de una estructura presidencialista caudillar.
Los prefectos electos habían ya de facto descentralizado el poder, en la real politik que es la que cuenta el poder central estaba seriamente herido de muerte pues estas personas tuvieron la gran oportunidad de ser lideres y no el brazo represivo del gobierno de turno.
Lastimosamente esta situación no fue aquilatada en su real dimensión por los poderes regionales que a la hora de la hora dejaron que se les escape la soga y el cabrito, porque aceptaron someterse al referéndum revocatorio que rompió el CONALDE y que tuvo el mismo efecto que cortarle los cabellos a Sansón. Los prefectos cada uno por sí sólo no tienen el poder que tiene el Consejo Nacional Democrático (CONALDE) que definió un esbozo de confederación de gobiernos departamentales democráticos, de autoridades electas y que representan legalmente a sus departamentos.
Una vez que estos incurrieron en el error, el Gobierno entabló la batalla definitiva para destruir la posibilidad de que se pruebe que el Gobierno de Evo Morales sólo tiene cabida en los andes y que los llanos y los valles de Bolivia son de vocación democrática y estaban dándole la mayor batalla por la democracia a un gobierno enfermo de parasitismo, verticalismo, abusos, imposiciones y que ha entregado al país a la lepra de la corrupción a cambio de que los corruptos se coman al país pero permanezcan de su lado para darle el tiro de gracia a la república de Bolivia, convirtiéndola en un Estado racista y dictatorial.
No perdamos de vista que con la toma de Pando y el apresamiento de Leopoldo, que como no tiene argumentos válidos ha recurrido a sus socios chavistas de UNASUR para forzar su encarcelamiento, el gobierno pretende destruir la posibilidad de que el oriente y valles se unan nuevamente y restituyan el hilo político de unidad, cultura, visión país.
La toma de Pando que intenta mostrarse como “genocidio, masacre”, es un genocidio al revés porque en realidad una etnia, una clase política y una cultura intentan generar una “limpieza étnica” y una “toma territorial” del Oriente y Valles de Boliva con el objetivo de repoblar, aculturizar y sacar a los habitantes de estas regiones del país.
La “limpieza étnica y toma territorial” ha comenzado a manos de Quintana en Pando y Beni y Almaraz en el Chaco, dos lugartenientes que se han lanzado a la conquista del Oriente boliviano. El vicepresidente Alvaro García dijo al respecto, después del vergonzoso pacto político por la constitución, “los prefectos han sido derrocados y han perdido su territorio”, porque en realidad el proceso de avasallamiento que estamos viviendo es un proceso de colonización interna, en el que tiene que haber amedrentamiento, se debe tomar el territorio con militares y con otras etnias para destituir a los pobladores originarios.
Las víctimas de genocidio, masacre, robo de territorio son los pandinos, benianos, cruceños, chaqueños y también le tocará el turno a Tarija, Chuquisaca y lo que queda de Cochabamba, porque la etnia que será usada para tomar territorio es la aymara, hasta que el gobierno concrete sus planes de domino y sometimiento en el país.
Tan bien concebido es el plan que cuenta con el apoyo internacional de UNASUR que es un apéndice del Foro de Sao Paulo que apunta a entronizar dictaduras afines que dominen el continente.
Defender a Leopoldo y a Pando no es subversivo es defensa propia, es inteligencia, es capacidad de lecturar a cabalidad lo que está sucediendo, el plan que le tienen destinada a nuestra cultura, a nuestra tierra a nuestra raza cruceña que es esencialmente mestiza y con focos indígenas que no pueden ser expulsados mañosamente de esta tierra que Dios y nuestros antepasados nos legaron.
Tal es la embestida que Organismos de DDHH afines al Gobierno han anunciado que se querellaran contra el ex prefecto Pandino. Algo inédito porque resulta que ahora estas organizaciones afines al Foro de Sao Paulo también se convertirían en parte querellante no sólo de Leopoldo sino de todos los habitantes del Oriente que con este régimen estamos destinados a ser expulsados de nuestra propia tierra.
El Gobierno en forma ilegal ha forzado que el prefecto Fernández sean juzgado por la justicia ordinaria a pesar de gozar de caso de corte pues no quiere soltar Pando que ya lo tiene tomado y ha infiltrado a Riberalta mientras ataca el Chaco en una ofensiva territorial de guerra interna.
Las llamadas organizaciones de DDHH que han informado que se querellarán contra del ex prefecto Leopoldo Fernández y UNASUR son cómplices de la Purga étnica y el proceso de colonización interna con toma de territorio que se está perpetrando en Bolivia, donde un gobierno embanderado en una ideología racista ha armado una guerra civil de baja intensidad que ya la está aplicando y que cuenta con cómplices nacionales e internacionales. (la reflexión pertenece a Centa Reck y figura en Hoy Bolivia)
Ahora que la comisión del organismo armado por Hugo Chávez para favorecer sólo y nada más que a sus aliados se apresta a largar toda su artillería contra el prefecto Leopoldo Fernández y los cívicos de Pando, es el momento en el que la sociedad sana, si es que todavía existe, debe levantar su voz y su protesta para no permitir que se consagre la injusticia que se está armando como un tsunami criminalizador contra los disidentes u opositores al régimen de Morales y por ende de Hugo Chávez.
No es difícil adivinar que el Gobierno se está jugando el todo por el todo para meterle toda su artillería al caso de Leopoldo Fernández. Esto tiene razones de fondo que debemos analizar.
Los prefectos electos son un obstáculo para los planes del gobierno, razón por la que no ha hecho otra cosa que tratar de derrocarlos, apuntando a que de cara a las reelección presidencial del 2009 no se vuelva a repetir lo que ocurrió en la elección del año 2005, en la que salió electo Evo Morales, pero cada departamento eligió prefectos que identificó como ligados a sus pueblos.
Dentro del sistema centralista unitario, los pueblos andinos que tienen mayor población decidieron la elección nacional, pero los prefectos elegidos les dieron a los departamentos la opción de comenzar el verdadero proceso de autonomías departamentales puesto que se logró formar una liga de prefectos que lograron una fortaleza inédita en toda la historia del centralismo secante de Bolivia, manejada desde el inicio de la República dentro de una estructura presidencialista caudillar.
Los prefectos electos habían ya de facto descentralizado el poder, en la real politik que es la que cuenta el poder central estaba seriamente herido de muerte pues estas personas tuvieron la gran oportunidad de ser lideres y no el brazo represivo del gobierno de turno.
Lastimosamente esta situación no fue aquilatada en su real dimensión por los poderes regionales que a la hora de la hora dejaron que se les escape la soga y el cabrito, porque aceptaron someterse al referéndum revocatorio que rompió el CONALDE y que tuvo el mismo efecto que cortarle los cabellos a Sansón. Los prefectos cada uno por sí sólo no tienen el poder que tiene el Consejo Nacional Democrático (CONALDE) que definió un esbozo de confederación de gobiernos departamentales democráticos, de autoridades electas y que representan legalmente a sus departamentos.
Una vez que estos incurrieron en el error, el Gobierno entabló la batalla definitiva para destruir la posibilidad de que se pruebe que el Gobierno de Evo Morales sólo tiene cabida en los andes y que los llanos y los valles de Bolivia son de vocación democrática y estaban dándole la mayor batalla por la democracia a un gobierno enfermo de parasitismo, verticalismo, abusos, imposiciones y que ha entregado al país a la lepra de la corrupción a cambio de que los corruptos se coman al país pero permanezcan de su lado para darle el tiro de gracia a la república de Bolivia, convirtiéndola en un Estado racista y dictatorial.
No perdamos de vista que con la toma de Pando y el apresamiento de Leopoldo, que como no tiene argumentos válidos ha recurrido a sus socios chavistas de UNASUR para forzar su encarcelamiento, el gobierno pretende destruir la posibilidad de que el oriente y valles se unan nuevamente y restituyan el hilo político de unidad, cultura, visión país.
La toma de Pando que intenta mostrarse como “genocidio, masacre”, es un genocidio al revés porque en realidad una etnia, una clase política y una cultura intentan generar una “limpieza étnica” y una “toma territorial” del Oriente y Valles de Boliva con el objetivo de repoblar, aculturizar y sacar a los habitantes de estas regiones del país.
La “limpieza étnica y toma territorial” ha comenzado a manos de Quintana en Pando y Beni y Almaraz en el Chaco, dos lugartenientes que se han lanzado a la conquista del Oriente boliviano. El vicepresidente Alvaro García dijo al respecto, después del vergonzoso pacto político por la constitución, “los prefectos han sido derrocados y han perdido su territorio”, porque en realidad el proceso de avasallamiento que estamos viviendo es un proceso de colonización interna, en el que tiene que haber amedrentamiento, se debe tomar el territorio con militares y con otras etnias para destituir a los pobladores originarios.
Las víctimas de genocidio, masacre, robo de territorio son los pandinos, benianos, cruceños, chaqueños y también le tocará el turno a Tarija, Chuquisaca y lo que queda de Cochabamba, porque la etnia que será usada para tomar territorio es la aymara, hasta que el gobierno concrete sus planes de domino y sometimiento en el país.
Tan bien concebido es el plan que cuenta con el apoyo internacional de UNASUR que es un apéndice del Foro de Sao Paulo que apunta a entronizar dictaduras afines que dominen el continente.
Defender a Leopoldo y a Pando no es subversivo es defensa propia, es inteligencia, es capacidad de lecturar a cabalidad lo que está sucediendo, el plan que le tienen destinada a nuestra cultura, a nuestra tierra a nuestra raza cruceña que es esencialmente mestiza y con focos indígenas que no pueden ser expulsados mañosamente de esta tierra que Dios y nuestros antepasados nos legaron.
Tal es la embestida que Organismos de DDHH afines al Gobierno han anunciado que se querellaran contra el ex prefecto Pandino. Algo inédito porque resulta que ahora estas organizaciones afines al Foro de Sao Paulo también se convertirían en parte querellante no sólo de Leopoldo sino de todos los habitantes del Oriente que con este régimen estamos destinados a ser expulsados de nuestra propia tierra.
El Gobierno en forma ilegal ha forzado que el prefecto Fernández sean juzgado por la justicia ordinaria a pesar de gozar de caso de corte pues no quiere soltar Pando que ya lo tiene tomado y ha infiltrado a Riberalta mientras ataca el Chaco en una ofensiva territorial de guerra interna.
Las llamadas organizaciones de DDHH que han informado que se querellarán contra del ex prefecto Leopoldo Fernández y UNASUR son cómplices de la Purga étnica y el proceso de colonización interna con toma de territorio que se está perpetrando en Bolivia, donde un gobierno embanderado en una ideología racista ha armado una guerra civil de baja intensidad que ya la está aplicando y que cuenta con cómplices nacionales e internacionales. (la reflexión pertenece a Centa Reck y figura en Hoy Bolivia)
miércoles, 26 de noviembre de 2008
si ayer reclamamos por una palabra de UNASUR con relación a la masacre de achacachi hoy protestamos por su intromisión y juego que le hace al evismo!
Cuando la mentira quiere pasar por cierta no disimula su apremio para que la tomen por tal e incluso toma como nombre propio el de "verdad"; este y no otro es el motivo para que la comisión de DDHH de Unasur que dice haber investigado el enfrentamiento ocurrido en Pando haya adoptado el nombre de "Comisión de la Verdad".
Dentro de este tenor el informe de UNASUR, pretende seducir con su canto de sirena, en un esfuerzo por hacer que los ciudadanos bolivianos y la comunidad internacional se confundan y presten oídos a un trabajo encomendado por el artífice y comandante de Unasur, el coronel Hugo Chávez, a Rodolfo Mattarollo y su equipo, respaldados por una entidad anodina, sin valor ni representatividad, que no sea la de servir a los presidentes que han salido del Foro de Sao Paulo y que intentan transformarse en dictadores de sus respectivos países y que en el futuro plantean formar una confederación de regímenes dictatoriales que disfrazados de democracias se reservan la tarea de someter al continente, proyecto que ya está encaminado tal como lo anuncia la constitución venezolana (art 153) y el proyecto de constitución Masista (art 265), las que también apuntan a que sus países cedan soberanía para permitir la injerencia de unos gobiernos sobre otros, lo que en el fondo garantiza el dominio y hegemonía de Hugo Chávez sobre la región.
El intento de injerencia del citado organismo --UNASUR-- es tal que se ha atrevido a pretender que su comisión unilateral, absoluta e impúdicamente parcializada se convierta en la palabra consagrada para dar un veredicto sobre los infortunados sucesos de Pando, donde una veintena de personas perdieron la vida en circunstancias todavía no esclarecidas en justicia y en la que hubo una clara participación del gobierno, que a través del ministro de la presidencia provocó el enfrentamiento con claras intenciones que responden a un plan de toma y militarización de este departamento.
Hay que ser muy interesado y para nada apegado a la noble tarea de encontrar un discernimiento en los hechos para decir que lo que ocurrió en Pando fue unilateralmente cometido por los cívicos y habitantes de la región, quienes respondieron a un hostigamiento.
Pero las cosas no terminan en este punto porque en una franca intromisión a fin de favorecer al gobierno de Evo Morales, Unasur a la cabeza de su presidenta pro tempore la pediatra Michelle Bachelet han adelantado que el informe obtenido "consolida el Estado Derecho en Bolivia y en toda la región".
Lo que esta cofradía no dice es que ellos confunden Estado de Derecho con Derechos que se otorga el Estado en acciones de militarización y medidas de excepción, persecuciones, apresamiento ilegales, secuestros y todo tipo de violencia y atropellos perpetrados contra sus opositores.
La chilena Bachelet planteó además que "el informe constituye una importante contribución de la Unasur al derecho, a la justicia y a la superación de la impunidad en la región". Y aquí tenemos que prestar especial oído al termino "impunidad" porque Unasur pretende convertirse en el canto de sirena que levante una cortina de humo sobre los atropellos que algunos de sus gobiernos ya están cometiendo para criminalizar a los opositores y encarcelarlos a fin de gozar de impunidad ellos mismos respaldados por las distorsionadas conclusiones de sus informes.
Debemos señalar también que el informe será abierto al mismo tiempo que ha aparecido un video que extrañamente el gobierno boliviano se tomó su tiempo para publicitarlo y que pretende convertirlo en una supuesta prueba que apoye el encarcelamiento de opositores que se han defendido de un ataque y que no han tenido el trato justo de una comisión imparcial y equilibrada.
La complicidad de Bachelet llega a tanto que se ha animado a avalar "recomendaciones" al presidente Morales. Imaginen que el informe traerá incluso "recomendaciones para la lucha contra la impunidad", según explicó Mattarollo, que en el colmo de su inclinación expresó que su informe "contiene recomendaciones sobre la reforma de la administración de Justicia", confirmando que "efectivamente trae toda una vertiente que se refiere al refuerzo institucional".
Con esto Mattarollo y la Bachelet pretenden hacerse los del otro viernes acerca de la desintitucionalizacion y el atropello a la justicia que está realizando en Bolivia el gobierno de Evo Morales.
Chile debería tomar en serio la intencionalidad que tiene su presidenta, en la medida que fungiendo como presidenta pro tempore de Unasur contribuye a la distorción del trabajo que concierne hacer a una comisión de DDHH.(autoría de centa reck que no se puede ignorar)
Dentro de este tenor el informe de UNASUR, pretende seducir con su canto de sirena, en un esfuerzo por hacer que los ciudadanos bolivianos y la comunidad internacional se confundan y presten oídos a un trabajo encomendado por el artífice y comandante de Unasur, el coronel Hugo Chávez, a Rodolfo Mattarollo y su equipo, respaldados por una entidad anodina, sin valor ni representatividad, que no sea la de servir a los presidentes que han salido del Foro de Sao Paulo y que intentan transformarse en dictadores de sus respectivos países y que en el futuro plantean formar una confederación de regímenes dictatoriales que disfrazados de democracias se reservan la tarea de someter al continente, proyecto que ya está encaminado tal como lo anuncia la constitución venezolana (art 153) y el proyecto de constitución Masista (art 265), las que también apuntan a que sus países cedan soberanía para permitir la injerencia de unos gobiernos sobre otros, lo que en el fondo garantiza el dominio y hegemonía de Hugo Chávez sobre la región.
El intento de injerencia del citado organismo --UNASUR-- es tal que se ha atrevido a pretender que su comisión unilateral, absoluta e impúdicamente parcializada se convierta en la palabra consagrada para dar un veredicto sobre los infortunados sucesos de Pando, donde una veintena de personas perdieron la vida en circunstancias todavía no esclarecidas en justicia y en la que hubo una clara participación del gobierno, que a través del ministro de la presidencia provocó el enfrentamiento con claras intenciones que responden a un plan de toma y militarización de este departamento.
Hay que ser muy interesado y para nada apegado a la noble tarea de encontrar un discernimiento en los hechos para decir que lo que ocurrió en Pando fue unilateralmente cometido por los cívicos y habitantes de la región, quienes respondieron a un hostigamiento.
Pero las cosas no terminan en este punto porque en una franca intromisión a fin de favorecer al gobierno de Evo Morales, Unasur a la cabeza de su presidenta pro tempore la pediatra Michelle Bachelet han adelantado que el informe obtenido "consolida el Estado Derecho en Bolivia y en toda la región".
Lo que esta cofradía no dice es que ellos confunden Estado de Derecho con Derechos que se otorga el Estado en acciones de militarización y medidas de excepción, persecuciones, apresamiento ilegales, secuestros y todo tipo de violencia y atropellos perpetrados contra sus opositores.
La chilena Bachelet planteó además que "el informe constituye una importante contribución de la Unasur al derecho, a la justicia y a la superación de la impunidad en la región". Y aquí tenemos que prestar especial oído al termino "impunidad" porque Unasur pretende convertirse en el canto de sirena que levante una cortina de humo sobre los atropellos que algunos de sus gobiernos ya están cometiendo para criminalizar a los opositores y encarcelarlos a fin de gozar de impunidad ellos mismos respaldados por las distorsionadas conclusiones de sus informes.
Debemos señalar también que el informe será abierto al mismo tiempo que ha aparecido un video que extrañamente el gobierno boliviano se tomó su tiempo para publicitarlo y que pretende convertirlo en una supuesta prueba que apoye el encarcelamiento de opositores que se han defendido de un ataque y que no han tenido el trato justo de una comisión imparcial y equilibrada.
La complicidad de Bachelet llega a tanto que se ha animado a avalar "recomendaciones" al presidente Morales. Imaginen que el informe traerá incluso "recomendaciones para la lucha contra la impunidad", según explicó Mattarollo, que en el colmo de su inclinación expresó que su informe "contiene recomendaciones sobre la reforma de la administración de Justicia", confirmando que "efectivamente trae toda una vertiente que se refiere al refuerzo institucional".
Con esto Mattarollo y la Bachelet pretenden hacerse los del otro viernes acerca de la desintitucionalizacion y el atropello a la justicia que está realizando en Bolivia el gobierno de Evo Morales.
Chile debería tomar en serio la intencionalidad que tiene su presidenta, en la medida que fungiendo como presidenta pro tempore de Unasur contribuye a la distorción del trabajo que concierne hacer a una comisión de DDHH.(autoría de centa reck que no se puede ignorar)
lunes, 24 de noviembre de 2008
porqué no abre la boca UNASUR por la barbarie de achacachi? se pregunta harold olmos, desde su sitio en la webb
El episodio salvaje de Achacachi se veía venir, al igual que otros que pueden estar guardados en el armario del horror. Una primera observación es que los campesinos, sobre todo del altiplano, se sienten en el poder, lo que en sí no es malo. Lo malo es que se sientan investidos de una omnipotencia que los lleva a aplicar una justicia falsa y asesina bajo la creencia de que están por encima de la ley y son inmunes, inclusive cuando convierten a seres humanos en antorchas. Una segunda reflexión es que se sienten envalentonados con la convicción de que el proyecto de Constitución privilegia sus formas de ‘justicia’ (el del lunes pasado fue un asesinato. Punto).
El Gobierno debe ser terminante diciendo que esa forma de actuar es propia de salvajes, que lo avergüenza ante el mundo y que la repudia. De otra manera, será visto como complaciente con la barbarie. Lo ocurrido en Achacachi, pueblo en el que el vicepresidente García Linera declaró que fue allí donde aprendió a matar, es el peor revés sufrido por el proyecto de Constitución del Gobierno, ya considerado como ilegal por gran parte de la ciudadanía, que vio su grotesca aprobación en Sucre y Oruro en jornadas de violencia que todos quisieran olvidar.Si de algo no necesitaban ni el Gobierno ni su partido era que turbas enfurecidas de la ciudad más aimara del país tomasen un autobús que transportaba a una presunta banda de asaltantes, desalojasen a los ocupantes, quemasen el vehículo y luego los trasladasen hasta un estadio.
Allí, frente a muchos testigos, se los desnudó y se les regó gasolina y querosén antes de prenderles fuego y rodearlos para azotarlos, golpearlos y contemplar el macabro espectáculo. Es una pesadilla que el presidente Morales no olvidará fácilmente. En el fondo, la conciencia le gritará que de alguna manera él lo alentó cuando decía que la ley era hecha para ser incumplida, que sus asesores se encargarían de corregir errores para legalizar un instrumento ilegal, que éste es el Gobierno del retorno al mundo ilusoriamente plácido de hace 500 años, aunque sea una ironía que los victimados fuesen parte de quienes supuestamente deberían ser vengados por siglos de explotación.
Una tercera observación es la ausencia de seguridad y de justicia, no sólo para los pueblos indígenas, sino también para todos los bolivianos. Los asesinatos y asaltos son rutina en casi todo el país. Muchos lugares parecen tomados por bandidos que delinquen amparados en la inoperancia policial. Ignoro cuál era la situación de la justicia antes del actual Gobierno, pero la delincuencia no nace de la noche a la mañana. Se incuba también en la deshonestidad de las autoridades, en su complacencia con los delitos y las frustraciones de la población, que aún antes de Evo Morales ve desaparecer diariamente sus esperanzas de vivir mejor.
Quizá deba llamarse a Unasur, tan comedida para evaluar la masacre de Pando, pero que no abrió la boca por los cientos de refugiados en Brasil ni encogió el ceño cuando el Gobierno originario se negó a obedecer al Poder Judicial y amenazó con procesar a quienes se atrevieron a decirle que debe trasladar a Leopoldo Fernández a Sucre, porque así lo dictan las leyes que quiere suprimir con su proyecto de Constitución.
En otras partes, crímenes así han horrorizado a toda la sociedad. Cuando hace algunos años un periodista fue descuartizado en Río de Janeiro, la sociedad brasileña se movilizó escandalizada y no paró hasta que la Policía capturó al narcotraficante y sus secuaces que habían matado al reportero quemándolo hasta convertirlo en cenizas. ¿Qué más nos queda ver a los bolivianos? Hoy me asalta el temor de que nuevos episodios estén al acecho.
* Periodista, http://haroldolmos.wordpress.com
El Gobierno debe ser terminante diciendo que esa forma de actuar es propia de salvajes, que lo avergüenza ante el mundo y que la repudia. De otra manera, será visto como complaciente con la barbarie. Lo ocurrido en Achacachi, pueblo en el que el vicepresidente García Linera declaró que fue allí donde aprendió a matar, es el peor revés sufrido por el proyecto de Constitución del Gobierno, ya considerado como ilegal por gran parte de la ciudadanía, que vio su grotesca aprobación en Sucre y Oruro en jornadas de violencia que todos quisieran olvidar.Si de algo no necesitaban ni el Gobierno ni su partido era que turbas enfurecidas de la ciudad más aimara del país tomasen un autobús que transportaba a una presunta banda de asaltantes, desalojasen a los ocupantes, quemasen el vehículo y luego los trasladasen hasta un estadio.
Allí, frente a muchos testigos, se los desnudó y se les regó gasolina y querosén antes de prenderles fuego y rodearlos para azotarlos, golpearlos y contemplar el macabro espectáculo. Es una pesadilla que el presidente Morales no olvidará fácilmente. En el fondo, la conciencia le gritará que de alguna manera él lo alentó cuando decía que la ley era hecha para ser incumplida, que sus asesores se encargarían de corregir errores para legalizar un instrumento ilegal, que éste es el Gobierno del retorno al mundo ilusoriamente plácido de hace 500 años, aunque sea una ironía que los victimados fuesen parte de quienes supuestamente deberían ser vengados por siglos de explotación.
Una tercera observación es la ausencia de seguridad y de justicia, no sólo para los pueblos indígenas, sino también para todos los bolivianos. Los asesinatos y asaltos son rutina en casi todo el país. Muchos lugares parecen tomados por bandidos que delinquen amparados en la inoperancia policial. Ignoro cuál era la situación de la justicia antes del actual Gobierno, pero la delincuencia no nace de la noche a la mañana. Se incuba también en la deshonestidad de las autoridades, en su complacencia con los delitos y las frustraciones de la población, que aún antes de Evo Morales ve desaparecer diariamente sus esperanzas de vivir mejor.
Quizá deba llamarse a Unasur, tan comedida para evaluar la masacre de Pando, pero que no abrió la boca por los cientos de refugiados en Brasil ni encogió el ceño cuando el Gobierno originario se negó a obedecer al Poder Judicial y amenazó con procesar a quienes se atrevieron a decirle que debe trasladar a Leopoldo Fernández a Sucre, porque así lo dictan las leyes que quiere suprimir con su proyecto de Constitución.
En otras partes, crímenes así han horrorizado a toda la sociedad. Cuando hace algunos años un periodista fue descuartizado en Río de Janeiro, la sociedad brasileña se movilizó escandalizada y no paró hasta que la Policía capturó al narcotraficante y sus secuaces que habían matado al reportero quemándolo hasta convertirlo en cenizas. ¿Qué más nos queda ver a los bolivianos? Hoy me asalta el temor de que nuevos episodios estén al acecho.
* Periodista, http://haroldolmos.wordpress.com
jueves, 20 de noviembre de 2008
las víctimas son ahora los reos...protegidos en la justicia comunitaria los torturadores y asesinos gozan de la protección de "su ley" en achacachi!!!
Los pobladores de Achacachi se declaran en emergencia y aprueban un pacto del silencio La Paz, 19 Nov (Erbol).- Los pobladores del municipio de Achacachi, primera sección de la provincia Omasuyos del departamento de La Paz, resolvieron hoy declararse en estado de emergencia, un pacto del silencio y no permitir el ingreso de ningún juez ni fiscal al lugar para investigar el linchamiento de dos presuntos delincuentes.
La decisión fue tomada esta noche en una reunión ampliada, después de una multitudinaria marcha de protesta y desagravio, en la que participaron dirigentes de la junta de vecinos, representantes cantonales y población en general.
El presidente de la Federación de Juntas Vecinales de Achacachi, Eduardo Quispe, en declaraciones a la Red Erbol, dijo que se resolvió rechazar las aseveraciones del ministro de Gobierno, Alfredo Rada, se declaró estado de emergencia y se aprobó un estado (pacto) de silencio.
“En la reunión hemos decidido declararnos en estado de emergencia y estado de silencio, nadie tiene derecho hablar ni media palabra, es lo que significa un estado del silencio”, afirmó.
El dirigente vecinal advirtió que ningún jueces ni investigador, sea de la Fiscalía o de la Policía Nacional, pueden ingresar al municipio de Achacachi, tampoco los medios de comunicación, de hacerlo, dijo “que se atengan a las consecuencias”.
El proyecto de constitución aprobado por el M.A.S. y PODEMOS dice:Artículo 2. Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley.
Parte de la cultura precolonial de este municipio es actuar como lo hicieron. Son las manifestaciones más puras, más elogiadas y respetadas de esta cultura. Son famosos porque degüellan perros y dicen que hasta se comen a la gente. En su seno están los “ponchos rojos” fuerza de choque dirigida por el señor García Linera, elementos que son enviados como demostración del poder que tiene la violencia incluso a desfiles en Santa Cruz, una manera de amenazar a otras culturas que viven de su trabajo y esfuerzo para crecer.
Artículo 190. I. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios.
Artículo 192. I. Toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la jurisdicción indígena originaria campesina.
II. Para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción indígena originario campesina, sus autoridades podrán solicitar el apoyo de los órganos competentes del Estado.
Después de estos relumbrantes artículos por los cuales PODEMOS como coautores intelectuales de los parches efectuados, y de haber facilitado mediante “la voluntad política” su aplicación futura debieran luego de la demostración anticipada de lo que sucederá en el futuro tener la decencia de callarse.
Lo cierto es que la aprobación de esta constitución está abriendo las compuertas de un dique que contiene aguas muy profundas. (De Dante Pino en Hoy Bolivia)
La decisión fue tomada esta noche en una reunión ampliada, después de una multitudinaria marcha de protesta y desagravio, en la que participaron dirigentes de la junta de vecinos, representantes cantonales y población en general.
El presidente de la Federación de Juntas Vecinales de Achacachi, Eduardo Quispe, en declaraciones a la Red Erbol, dijo que se resolvió rechazar las aseveraciones del ministro de Gobierno, Alfredo Rada, se declaró estado de emergencia y se aprobó un estado (pacto) de silencio.
“En la reunión hemos decidido declararnos en estado de emergencia y estado de silencio, nadie tiene derecho hablar ni media palabra, es lo que significa un estado del silencio”, afirmó.
El dirigente vecinal advirtió que ningún jueces ni investigador, sea de la Fiscalía o de la Policía Nacional, pueden ingresar al municipio de Achacachi, tampoco los medios de comunicación, de hacerlo, dijo “que se atengan a las consecuencias”.
El proyecto de constitución aprobado por el M.A.S. y PODEMOS dice:Artículo 2. Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley.
Parte de la cultura precolonial de este municipio es actuar como lo hicieron. Son las manifestaciones más puras, más elogiadas y respetadas de esta cultura. Son famosos porque degüellan perros y dicen que hasta se comen a la gente. En su seno están los “ponchos rojos” fuerza de choque dirigida por el señor García Linera, elementos que son enviados como demostración del poder que tiene la violencia incluso a desfiles en Santa Cruz, una manera de amenazar a otras culturas que viven de su trabajo y esfuerzo para crecer.
Artículo 190. I. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios.
Artículo 192. I. Toda autoridad pública o persona acatará las decisiones de la jurisdicción indígena originaria campesina.
II. Para el cumplimiento de las decisiones de la jurisdicción indígena originario campesina, sus autoridades podrán solicitar el apoyo de los órganos competentes del Estado.
Después de estos relumbrantes artículos por los cuales PODEMOS como coautores intelectuales de los parches efectuados, y de haber facilitado mediante “la voluntad política” su aplicación futura debieran luego de la demostración anticipada de lo que sucederá en el futuro tener la decencia de callarse.
Lo cierto es que la aprobación de esta constitución está abriendo las compuertas de un dique que contiene aguas muy profundas. (De Dante Pino en Hoy Bolivia)
martes, 18 de noviembre de 2008
la reggaeton de la gasolina por centa reck...o la imposición de un libreto rojo de reivindicaciones
Las colas que se estaban instituyendo, aspirando a ser aceptadas como parte de la economía planificada que se plantea como eje de la refundación del Estado, han sido ocasionalmente dispersadas por la "operación puño de hierro", que está controlando el flujo de los conbustibles que es ahora parte de las funciones de la nacionalizada YPFB.
Decimos que esto es provisorio, porque el proyecto de constitución del MAS, constitucionalizará sin duda no sólo los nuevos empoderamientos sino las prácticas de corruptela que gracias a los nuevos actores políticos se están instituyendo en consecuencia, y las que incluyen una propensión a los bienes escasos sin explicaciones claras, situación a la que subyace la ineficiencia de funcionarios públicos puestos a dedo dentro de un proyecto de gobierno que para realizar el empoderamiento de un grupo social sobre otro, reniega de la meritocracia, pasa por alto la formación profesional y pone en lugares estratégicos a personas que no tienen los conocimientos técnicos, teniendo como único mérito los favores que les son devueltos por servicios prestados al partido.
Los bienes escasos son el paso previo al mercado negro que siempre se instituye como si se tratara de una consecuencia lógica o de un apéndice de las economías planificadas y furiosamente centralizadas como va en camino a ser la boliviana.
También tiene la culpa de esta situación una oposición que ha tenido actuaciones raquíticas, salvo algunos congresistas jóvenes que siguen luchando, denunciando, sin que los apoyen o les ayuden en absoluto sus estructuras partidarias.
La corrupción institucionalizada, sigue siendo uno de los factores que más peso tiene en la crisis terminal del Estado boliviano, que pretende subsanar sus problemáticas sólo por medio de acciones políticas demagógicas y populistas, dejando de lado la eficiencia y el tratamiento adecuado y racional de los temas económicos y productivos.
Para muestra de lo que se nos viene tenemos lo que ocurre ya con los combustibles, el gas y el plan de viviendas sociales que nos muestra que lo que no termina en cola acaba en un culebrón de negociados al interior del gobierno y de corrupción y estafa, denuncias de la que no se ha librado ni la misma viceministra anticorrupción, mostrándonos a la presente gestión con mayores índices de corrupción que el pasado neoliberal. Agrava esta situación el hecho de que el mismo Presidente aunque no le ha quedado más que admitir que existe corrupción, no ha tomado acciones pertinentes y de esclarecimiento de los casos que ya son públicos e inocultables.
La nacionalizada YPFB, aunque ha tratado de ocultar la corrupción interna planteando que han cometido "el error" de no haber planificado adecuadamente ni haber hecho las inversiones necesarias, y el mismo presidente Morales ha tratado de amortiguar el golpe con la declaración de que "los corruptos son los de abajo y se va a hacer una limpieza pero por supuesto que defendiendo y excluyendo de todo cargo y sospecha a Santos Ramírez, Aruquipa y Saul Ávalos", máximos ejecutivos de la institución; situación muy controvertida porque no se puede admitir que el contrabando de combustibles pase desapercibido a la cúpula de jefes que administran y dirigen la organización estatal encargada de la produccion , transporte y comercialización de carburantes.
Desde que se instituyó la operación policial y militar "puño de hierro" la escasez de carburantes ha disminuido drásticamente, sin llegar a eliminar la racionalización como sería lo adecuado.
Esto se constituye en la prueba irrefutable de que el combustible escasea porque el contrabando trae grandes réditos a los del partido que están en pleno apogeo del trafico ilegal de combustible al exterior y que al interior del país cuentan con una red de revendedores donde según denuncias de los agropecuarios el diesel se puede comprar con holgura pero al doble de su precio.
Pero en este ritmo de reggaeton en el que parece haber entrado el Gobierno, sabemos que este apenas acaba de prender sus motores y que desgraciadamente el mismo presidente Morales privilegia tener secuaces a funcionarios de valía y que los cambios profundamente radicales que pretende hacer en el país, no le permiten hacer un alto en el camino por miedo a tener que renunciar a sus propias aspiraciones de acumulación de poder.
El nuevo paradigma es nacionalizar, estatizar, centralizar y la nueva consecuencia de este paradigmático paradigma es usar, abusar, derrochar los bienes del Estado, mientras los indicadores de desarrollo humano y social están retrocediendo a límites que pueden ser imprevisibles y galopantes para una ciudadanía postergada, anulada en sus demandas y a la que se le pretende imponer un libreto rojo rojito de supuestas reivindicaciones socio económicas y políticas.
"Que se preparen q lo q viene es pa q le den, (...)" dice Daddy Yankee en su reggaeton/ "Mamita yo se que tu no te me va´ a quitar (....!)"/ Lo que me gusta es q tu te dejas llevar (...!!) / La ineficiencia, la inoperancia, la corrupción, la violencia, los negocios turbios, "el puño de hierro" para algunos y los ojos cerrados para otros es parte de la letra y el ritmo de este nuevo reggaeton que se destapa con la gasolina.
Decimos que esto es provisorio, porque el proyecto de constitución del MAS, constitucionalizará sin duda no sólo los nuevos empoderamientos sino las prácticas de corruptela que gracias a los nuevos actores políticos se están instituyendo en consecuencia, y las que incluyen una propensión a los bienes escasos sin explicaciones claras, situación a la que subyace la ineficiencia de funcionarios públicos puestos a dedo dentro de un proyecto de gobierno que para realizar el empoderamiento de un grupo social sobre otro, reniega de la meritocracia, pasa por alto la formación profesional y pone en lugares estratégicos a personas que no tienen los conocimientos técnicos, teniendo como único mérito los favores que les son devueltos por servicios prestados al partido.
Los bienes escasos son el paso previo al mercado negro que siempre se instituye como si se tratara de una consecuencia lógica o de un apéndice de las economías planificadas y furiosamente centralizadas como va en camino a ser la boliviana.
También tiene la culpa de esta situación una oposición que ha tenido actuaciones raquíticas, salvo algunos congresistas jóvenes que siguen luchando, denunciando, sin que los apoyen o les ayuden en absoluto sus estructuras partidarias.
La corrupción institucionalizada, sigue siendo uno de los factores que más peso tiene en la crisis terminal del Estado boliviano, que pretende subsanar sus problemáticas sólo por medio de acciones políticas demagógicas y populistas, dejando de lado la eficiencia y el tratamiento adecuado y racional de los temas económicos y productivos.
Para muestra de lo que se nos viene tenemos lo que ocurre ya con los combustibles, el gas y el plan de viviendas sociales que nos muestra que lo que no termina en cola acaba en un culebrón de negociados al interior del gobierno y de corrupción y estafa, denuncias de la que no se ha librado ni la misma viceministra anticorrupción, mostrándonos a la presente gestión con mayores índices de corrupción que el pasado neoliberal. Agrava esta situación el hecho de que el mismo Presidente aunque no le ha quedado más que admitir que existe corrupción, no ha tomado acciones pertinentes y de esclarecimiento de los casos que ya son públicos e inocultables.
La nacionalizada YPFB, aunque ha tratado de ocultar la corrupción interna planteando que han cometido "el error" de no haber planificado adecuadamente ni haber hecho las inversiones necesarias, y el mismo presidente Morales ha tratado de amortiguar el golpe con la declaración de que "los corruptos son los de abajo y se va a hacer una limpieza pero por supuesto que defendiendo y excluyendo de todo cargo y sospecha a Santos Ramírez, Aruquipa y Saul Ávalos", máximos ejecutivos de la institución; situación muy controvertida porque no se puede admitir que el contrabando de combustibles pase desapercibido a la cúpula de jefes que administran y dirigen la organización estatal encargada de la produccion , transporte y comercialización de carburantes.
Desde que se instituyó la operación policial y militar "puño de hierro" la escasez de carburantes ha disminuido drásticamente, sin llegar a eliminar la racionalización como sería lo adecuado.
Esto se constituye en la prueba irrefutable de que el combustible escasea porque el contrabando trae grandes réditos a los del partido que están en pleno apogeo del trafico ilegal de combustible al exterior y que al interior del país cuentan con una red de revendedores donde según denuncias de los agropecuarios el diesel se puede comprar con holgura pero al doble de su precio.
Pero en este ritmo de reggaeton en el que parece haber entrado el Gobierno, sabemos que este apenas acaba de prender sus motores y que desgraciadamente el mismo presidente Morales privilegia tener secuaces a funcionarios de valía y que los cambios profundamente radicales que pretende hacer en el país, no le permiten hacer un alto en el camino por miedo a tener que renunciar a sus propias aspiraciones de acumulación de poder.
El nuevo paradigma es nacionalizar, estatizar, centralizar y la nueva consecuencia de este paradigmático paradigma es usar, abusar, derrochar los bienes del Estado, mientras los indicadores de desarrollo humano y social están retrocediendo a límites que pueden ser imprevisibles y galopantes para una ciudadanía postergada, anulada en sus demandas y a la que se le pretende imponer un libreto rojo rojito de supuestas reivindicaciones socio económicas y políticas.
"Que se preparen q lo q viene es pa q le den, (...)" dice Daddy Yankee en su reggaeton/ "Mamita yo se que tu no te me va´ a quitar (....!)"/ Lo que me gusta es q tu te dejas llevar (...!!) / La ineficiencia, la inoperancia, la corrupción, la violencia, los negocios turbios, "el puño de hierro" para algunos y los ojos cerrados para otros es parte de la letra y el ritmo de este nuevo reggaeton que se destapa con la gasolina.
miércoles, 12 de noviembre de 2008
evo quiere una reforma agraria tipo lenín, quitándoles tierras a los orientales. de periodista digital
GREGORIO CRISTÓBAL CARLES) .- Desde su fundación, allá por el mes de agosto de 1825, la República Boliviana se ha caracterizado por la sucesión de innumerables acontecimientos convulsos, la aplicación de políticas de corte autocrático y la existencia de gobiernos que no han sabido o querido velar por la mejora de las condiciones de vida y el bienestar del pueblo.
Esta breve radiografía de la realidad del país encierra los motivos de su retraso respecto al resto de países del área y la razón fundamental para comprender las dificultades que ha encontrado en su lento avance hacia la plena integración social y el desarrollo económico sostenible.
En política se dice que un gobierno comienza a gobernar con justicia cuando aprende de los errores del pasado, por lo que siempre es conveniente recordar los efectos producidos por los distintos acontecimientos históricos del país antes de adoptar cualquier decisión de Estado.
El proceso revolucionario nacido en 1952 fue culminado con la nacionalización de la industria minera y la redistribución de las tierras de cultivo entre los habitantes de origen indígena. Transcurridos veinte años el sector público había crecido de tal forma que el país, con un fuerte endeudamiento, se vio obligado a recurrir a la economía de trueque. (
El periodo que comienza en 1985, se caracterizó por la implantación de políticas liberalizadoras, además de la apertura comercial del país. Estos factores, unidos a la progresiva reducción de impuestos se tradujeron un resultado expansionista de la economía, que mantuvo un crecimiento anual y constante de un 4%.
Todos los procesos de reforma agraria llevados a cabo en Latinoamérica han buscado siempre el mismo objetivo: tratar de alcanzar la justicia social erradicando las grandes bolsas de pobreza instauradas en el mundo rural.
Los precedentes históricos nos indican que en la mayoría de los casos, por no decir en su totalidad, dichas reformas han fracasado estrepitosamente, disolviendo así las esperanzas de una población marginada y deseosa de mejorar sus condiciones de vida.
Es cierto que la historia agraria de Latinoamérica ha sido la de la resistencia campesina y las reformas del campo inconclusas o condenadas al fracaso por su evidente ineficacia., pero no es menos veraz que la actitud adoptada por los distintos gobiernos, (olvidando que la riqueza de un país no puede ser repartida si no es generada previamente) ha tenido mucho que ver con resultados tan desalentadores.
Realicemos ahora un breve análisis de la propuesta reformadora del sistema agrario promovida por el gobierno Morales, que ha generado en el pueblo boliviano posturas muy encontradas, yendo éstas desde la euforia y la esperanza hasta la incertidumbre y, por qué no, el recelo.
El nuevo, que no novedoso proyecto, busca poner a trabajar las propiedades ociosas, creando así una red de pequeños empresarios eficientes que sean capaces de vender su producción tanto en Bolivia como en los mercados exteriores. Si nos remitimos a lo acontecido tras la revolución de 1953, los antecedentes no apuntan nada bueno.
En la primera fase de la reforma la administración correspondiente debe estudiar las condiciones de explotación de las tierras productivas, determinando cuales se encuentran infrautilizadas para incluirlas posteriormente en el proceso de transmisión a los campesinos no propietarios.
En este caso cabe preguntarse… ¿son objetivos los criterios de valoración utilizados?... las calificaciones ¿pueden generar actitudes y decisiones arbitrarias? ¿qué sucedería en el caso de que una vez entregadas a sus nuevos propietarios éstas no alcanzaran los niveles de rentabilidad previstos? ¿revertirían a sus antiguos dueños?
Posteriormente se produce la transmisión de titularidades a los agricultores seleccionados previamente. En este periodo las dudas planteadas son muchas, entre las más relevantes se podrían apuntar las siguientes: ¿cuál va a ser el modelo expropiatorio? ¿generaría esta situación inseguridad jurídica? ¿cómo se escogen los beneficiarios? ¿plantea dicha transmisión la indemnización de los propietarios afectados? ¿cómo se valoraría ésta? Dado que un porcentaje importante de dueños de predios son extranjeros ¿afectaría el proceso a la inversión de capital no foráneo en el agro boliviano? ¿y en otros sectores de la economía?. Finalmente, ¿podría reproducirse la situación vivida en Brasil con las invasiones de tierras?
En una tercera fase, ya con los campesinos como propietarios de los predios, surgen las sombras que han atizado las distintas reformas agrarias llevadas a cabo a lo largo de la historia latinoamericana. La explotación de la tierra requiere, entre otros factores, de inversión en tecnología, asistencia técnica y lo que es más importante, de conocimientos sobre los procesos de comercialización y exportación de los productos obtenidos.
¿Podrán los nuevos propietarios de la tierra tejer la red de ventas necesaria para dar salida a sus productos?
Para avalar el correcto funcionamiento de la reforma es necesario contar con un sistema financiero creado "ad hoc" para la concesión de créditos y préstamos en condiciones especiales, unas instituciones oficiales dedicadas a fomentar la salida de los productos agrarios al exterior y una política fiscal adecuada a la situación real del campesinado... ¿Puede el gobierno hacer frente al nuevo capítulo de inversiones?
Llegados a este punto solo cabe preguntarse si el actual gobierno está en condiciones de desarrollar mecanismos legales eficaces que garanticen la estabilidad del sector agrario y de sus precios, si cuenta con los instrumentos normativos que aseguren la redistribución eficiente de la riqueza y el abastecimiento del mercado, y si, finalmente, todo ello va a resolver las históricas demandas planteadas por los agricultores bolivianos.
Lo que en realidad pretenden el Sr. Morales con el proyecto de reforma agraria incluído en la Nueva Constitución Política del Estado no es otra cosa que dar un paso más hacia la primacía del poder indígena, eliminando cualquier vestigio de propiedad privada en el agro del país.
La solución a los problemas de pobreza y las desigualdades sociales existentes en Bolivia debe pasar por la continua modernización de su economía, el consenso político para adoptar decisiones de Estado, la mejora del sistema educativo y el respeto a un estado de derecho que garantice la necesaria seguridad jurídica. No hay otro camino para alcanzar el deseado y merecido bienestar del pueblo boliviano.
Esta breve radiografía de la realidad del país encierra los motivos de su retraso respecto al resto de países del área y la razón fundamental para comprender las dificultades que ha encontrado en su lento avance hacia la plena integración social y el desarrollo económico sostenible.
En política se dice que un gobierno comienza a gobernar con justicia cuando aprende de los errores del pasado, por lo que siempre es conveniente recordar los efectos producidos por los distintos acontecimientos históricos del país antes de adoptar cualquier decisión de Estado.
El proceso revolucionario nacido en 1952 fue culminado con la nacionalización de la industria minera y la redistribución de las tierras de cultivo entre los habitantes de origen indígena. Transcurridos veinte años el sector público había crecido de tal forma que el país, con un fuerte endeudamiento, se vio obligado a recurrir a la economía de trueque. (
El periodo que comienza en 1985, se caracterizó por la implantación de políticas liberalizadoras, además de la apertura comercial del país. Estos factores, unidos a la progresiva reducción de impuestos se tradujeron un resultado expansionista de la economía, que mantuvo un crecimiento anual y constante de un 4%.
Todos los procesos de reforma agraria llevados a cabo en Latinoamérica han buscado siempre el mismo objetivo: tratar de alcanzar la justicia social erradicando las grandes bolsas de pobreza instauradas en el mundo rural.
Los precedentes históricos nos indican que en la mayoría de los casos, por no decir en su totalidad, dichas reformas han fracasado estrepitosamente, disolviendo así las esperanzas de una población marginada y deseosa de mejorar sus condiciones de vida.
Es cierto que la historia agraria de Latinoamérica ha sido la de la resistencia campesina y las reformas del campo inconclusas o condenadas al fracaso por su evidente ineficacia., pero no es menos veraz que la actitud adoptada por los distintos gobiernos, (olvidando que la riqueza de un país no puede ser repartida si no es generada previamente) ha tenido mucho que ver con resultados tan desalentadores.
Realicemos ahora un breve análisis de la propuesta reformadora del sistema agrario promovida por el gobierno Morales, que ha generado en el pueblo boliviano posturas muy encontradas, yendo éstas desde la euforia y la esperanza hasta la incertidumbre y, por qué no, el recelo.
El nuevo, que no novedoso proyecto, busca poner a trabajar las propiedades ociosas, creando así una red de pequeños empresarios eficientes que sean capaces de vender su producción tanto en Bolivia como en los mercados exteriores. Si nos remitimos a lo acontecido tras la revolución de 1953, los antecedentes no apuntan nada bueno.
En la primera fase de la reforma la administración correspondiente debe estudiar las condiciones de explotación de las tierras productivas, determinando cuales se encuentran infrautilizadas para incluirlas posteriormente en el proceso de transmisión a los campesinos no propietarios.
En este caso cabe preguntarse… ¿son objetivos los criterios de valoración utilizados?... las calificaciones ¿pueden generar actitudes y decisiones arbitrarias? ¿qué sucedería en el caso de que una vez entregadas a sus nuevos propietarios éstas no alcanzaran los niveles de rentabilidad previstos? ¿revertirían a sus antiguos dueños?
Posteriormente se produce la transmisión de titularidades a los agricultores seleccionados previamente. En este periodo las dudas planteadas son muchas, entre las más relevantes se podrían apuntar las siguientes: ¿cuál va a ser el modelo expropiatorio? ¿generaría esta situación inseguridad jurídica? ¿cómo se escogen los beneficiarios? ¿plantea dicha transmisión la indemnización de los propietarios afectados? ¿cómo se valoraría ésta? Dado que un porcentaje importante de dueños de predios son extranjeros ¿afectaría el proceso a la inversión de capital no foráneo en el agro boliviano? ¿y en otros sectores de la economía?. Finalmente, ¿podría reproducirse la situación vivida en Brasil con las invasiones de tierras?
En una tercera fase, ya con los campesinos como propietarios de los predios, surgen las sombras que han atizado las distintas reformas agrarias llevadas a cabo a lo largo de la historia latinoamericana. La explotación de la tierra requiere, entre otros factores, de inversión en tecnología, asistencia técnica y lo que es más importante, de conocimientos sobre los procesos de comercialización y exportación de los productos obtenidos.
¿Podrán los nuevos propietarios de la tierra tejer la red de ventas necesaria para dar salida a sus productos?
Para avalar el correcto funcionamiento de la reforma es necesario contar con un sistema financiero creado "ad hoc" para la concesión de créditos y préstamos en condiciones especiales, unas instituciones oficiales dedicadas a fomentar la salida de los productos agrarios al exterior y una política fiscal adecuada a la situación real del campesinado... ¿Puede el gobierno hacer frente al nuevo capítulo de inversiones?
Llegados a este punto solo cabe preguntarse si el actual gobierno está en condiciones de desarrollar mecanismos legales eficaces que garanticen la estabilidad del sector agrario y de sus precios, si cuenta con los instrumentos normativos que aseguren la redistribución eficiente de la riqueza y el abastecimiento del mercado, y si, finalmente, todo ello va a resolver las históricas demandas planteadas por los agricultores bolivianos.
Lo que en realidad pretenden el Sr. Morales con el proyecto de reforma agraria incluído en la Nueva Constitución Política del Estado no es otra cosa que dar un paso más hacia la primacía del poder indígena, eliminando cualquier vestigio de propiedad privada en el agro del país.
La solución a los problemas de pobreza y las desigualdades sociales existentes en Bolivia debe pasar por la continua modernización de su economía, el consenso político para adoptar decisiones de Estado, la mejora del sistema educativo y el respeto a un estado de derecho que garantice la necesaria seguridad jurídica. No hay otro camino para alcanzar el deseado y merecido bienestar del pueblo boliviano.
tipificado está el "modelo económico masista" basado en la coca, según Dante Pino. digno de leérse atento.
No cabe duda que estamos ante un nuevo modelo económico que, como no podía ser de otra manera, responde en lo básico al contenido político del que se nutre el gobierno: la coca. De esta manera no tenemos GLP, gasolina y diesel para sostener la producción de bienes y servicios pero estamos inundados de coca por todo lado.
He ahí la razón de ser de Evo Morales y sus muchachos; producir, expandir y facilitar el mercado de la coca para la cocaína. Mientras se cae a pedazos lo que se logró edificar en materia hidrocarburífera, los productores de coca para la cocaína, en calidad de funcionarios gubernamentales, desde el senador Peredo, hasta el zar de narcotráfico en Bolivia, Felipe Cáceres declaran que la producción de coca debe superar las 30.000 hectáreas, porque el actual límite de 12.000 en zonas productoras es insuficiente. ¿Para quién?
Esta determinación va acompañada, como no puede ser de otra manera, del cambio de reglas en la ley 1008 que penaliza la actividad del narcotráfico. Con una paciencia de viejo tejedor Evo Morales fue preparando el terreno, abonando la tierra y sembrando todos los pasos para dejar a Bolivia libre de cualquier interferencia a la producción de la coca. Paso inevitable tenía que ser deshacerse de la presencia norteamericana en todos sus niveles.
Mayor demostración al mundo para enviarle un mensaje inequívoco de lo que le importa más que cualquier otra cosa no fue sino las dos decisiones personales que asumió desde la Presidencia: expulsar al Embajador Goldberg y a la DEA bajo la acusación improbada de conspiración contra su gobierno.
Está claro que el gobierno ha decidido reemplazar la insuficiencia de ingresos fiscales provenientes de los hidrocarburos y remesas del exterior, por dinero del narcotráfico. Los cárteles más temidos en Colombia y México han recibido el mensaje y seguro que han comprendido lo que tienen entre manos.
De esta manera la economía informal e ilegal tienen las compuertas abiertas de par en par. Mientras la producción económica decae por falta de energía y YPFB se hace pedazos por falta de inversión y de recursos humanos para administrarla.
¿Alguna vez le importó al narcotráfico otro mundo que no sea el suyo?
Estos son los hechos. Debemos importar gas licuado para hacer frente a la demanda, con reservas de gas enterradas gracias a la magia de la nacionalización masista. ¿Y este gas que se importará a precios internacionales será vendido en el mercado interno a precio subvencionado? ¿Así como el diesel y muy pronto la gasolina? ¿Y con qué recursos ha de cubrir la diferencia?
La respuesta ya nos la dio el gobierno: confiscando los dineros de los jubilados y de las Prefecturas y Alcaldías e inevitablemente los depósitos del sistema financiero. Camino sinuoso por el que le gusta transitar al MAS.
Este modelo de la coca para la cocaína, prefiere las subvenciones porque enriquecen a unos pocos a costa de la mayoría. El contrabando por ejemplo se nutre de ello. El combustible diesel enviando desde Venezuela se sabe que no llega a Bolivia y se desvía directamente hacía los países vecinos. Bolivia se endeuda, pero algunos bolsillos se llenan.
Y es un negocio tan grande que ha llevado al descabezamiento de un Prefecto en Pando, para posesionar al socio del contrabando en ese puesto, carnicería social de por medio, que ha sido el telón para cubrir el fondo de la escena delincuencial que se vive en esa región.
La Aduana Nacional ha pasado a ser el cupo de las Fuerzas Armadas y Correos de Bolivia el cupo de los Ponchos Rojos, ¿casualidad?
Total la producción de bienes y servicios de esta gestión y al del 2009 será menor, el desempleo crecerá junto con la inflación y los salarios perderán poder adquisitivo, en resumen la pobreza será mayor. El gobierno no tiene de qué preocuparse pues cuantos más pobres existan mayores movimientos sociales tendrá a su disposición para hacer cercos al Congreso, a Santa Cruz o al que se le ponga en frente, para marchar desde Caracollo e imponer la reelección de Evo Morales cuantas veces sea necesario.
Al mismo tiempo la coca se convertirá de hoja sagrada en hoja mercantilizada y el narcotráfico tomará el mando de nuestras instituciones, violencia por medio, contra jueces, fiscales, policía, fuerzas sociales que se opongan al nuevo Estado cocalero y al nuevo modelo cocainizado que se está implementando a costa de nuestras narices.
He ahí la razón de ser de Evo Morales y sus muchachos; producir, expandir y facilitar el mercado de la coca para la cocaína. Mientras se cae a pedazos lo que se logró edificar en materia hidrocarburífera, los productores de coca para la cocaína, en calidad de funcionarios gubernamentales, desde el senador Peredo, hasta el zar de narcotráfico en Bolivia, Felipe Cáceres declaran que la producción de coca debe superar las 30.000 hectáreas, porque el actual límite de 12.000 en zonas productoras es insuficiente. ¿Para quién?
Esta determinación va acompañada, como no puede ser de otra manera, del cambio de reglas en la ley 1008 que penaliza la actividad del narcotráfico. Con una paciencia de viejo tejedor Evo Morales fue preparando el terreno, abonando la tierra y sembrando todos los pasos para dejar a Bolivia libre de cualquier interferencia a la producción de la coca. Paso inevitable tenía que ser deshacerse de la presencia norteamericana en todos sus niveles.
Mayor demostración al mundo para enviarle un mensaje inequívoco de lo que le importa más que cualquier otra cosa no fue sino las dos decisiones personales que asumió desde la Presidencia: expulsar al Embajador Goldberg y a la DEA bajo la acusación improbada de conspiración contra su gobierno.
Está claro que el gobierno ha decidido reemplazar la insuficiencia de ingresos fiscales provenientes de los hidrocarburos y remesas del exterior, por dinero del narcotráfico. Los cárteles más temidos en Colombia y México han recibido el mensaje y seguro que han comprendido lo que tienen entre manos.
De esta manera la economía informal e ilegal tienen las compuertas abiertas de par en par. Mientras la producción económica decae por falta de energía y YPFB se hace pedazos por falta de inversión y de recursos humanos para administrarla.
¿Alguna vez le importó al narcotráfico otro mundo que no sea el suyo?
Estos son los hechos. Debemos importar gas licuado para hacer frente a la demanda, con reservas de gas enterradas gracias a la magia de la nacionalización masista. ¿Y este gas que se importará a precios internacionales será vendido en el mercado interno a precio subvencionado? ¿Así como el diesel y muy pronto la gasolina? ¿Y con qué recursos ha de cubrir la diferencia?
La respuesta ya nos la dio el gobierno: confiscando los dineros de los jubilados y de las Prefecturas y Alcaldías e inevitablemente los depósitos del sistema financiero. Camino sinuoso por el que le gusta transitar al MAS.
Este modelo de la coca para la cocaína, prefiere las subvenciones porque enriquecen a unos pocos a costa de la mayoría. El contrabando por ejemplo se nutre de ello. El combustible diesel enviando desde Venezuela se sabe que no llega a Bolivia y se desvía directamente hacía los países vecinos. Bolivia se endeuda, pero algunos bolsillos se llenan.
Y es un negocio tan grande que ha llevado al descabezamiento de un Prefecto en Pando, para posesionar al socio del contrabando en ese puesto, carnicería social de por medio, que ha sido el telón para cubrir el fondo de la escena delincuencial que se vive en esa región.
La Aduana Nacional ha pasado a ser el cupo de las Fuerzas Armadas y Correos de Bolivia el cupo de los Ponchos Rojos, ¿casualidad?
Total la producción de bienes y servicios de esta gestión y al del 2009 será menor, el desempleo crecerá junto con la inflación y los salarios perderán poder adquisitivo, en resumen la pobreza será mayor. El gobierno no tiene de qué preocuparse pues cuantos más pobres existan mayores movimientos sociales tendrá a su disposición para hacer cercos al Congreso, a Santa Cruz o al que se le ponga en frente, para marchar desde Caracollo e imponer la reelección de Evo Morales cuantas veces sea necesario.
Al mismo tiempo la coca se convertirá de hoja sagrada en hoja mercantilizada y el narcotráfico tomará el mando de nuestras instituciones, violencia por medio, contra jueces, fiscales, policía, fuerzas sociales que se opongan al nuevo Estado cocalero y al nuevo modelo cocainizado que se está implementando a costa de nuestras narices.
lunes, 10 de noviembre de 2008
agentes encapuchados al amanecer violan los hogares, estado de sitio sin autorización del congreso, militares de dudoso prestigio, cuartel prisión...
más periodistas apaleados, presos, exiliados, acusaciones públicas contra instituciones internacionales sin mostrar prueba alguna, etc., etc., todo se asemeja a la dictura de garcía meza, pero se trata de la dictadura de garcía-morales (De aula libre)
¡No podemos seguir engañándonos!
Estamos gobernados por cocaleros que pretenden instaurar un régimen narco-comunitario, respaldado con el proyecto de Constitución del MAS que tiene como mandato constitucionalizar la coca, terminar el proyecto inconcluso de Garcia Meza y destruir la nación boliviana.
Y, no se necesita mucho esfuerzo para develar esta negra intención.
Entre el 2004 y 2007 se incrementaron 55 mil hectáreas de plantaciones de coca ( La Razón 26/09/08). La erradicación de los cocales es una farsa. A pesar de que el mercado legal de coca está saturado, Evo ha legalizado más de 10.000 hectáreas de plantaciones de coca en los Yungas y el Chapare ( La Razón 8/10/09). Toda esa coca exedentaria es para el narcotráfico.
La narcomafia controla 437 pistas clandestinas de aterrizaje en el país (Los Tiempos 23/XII/07)
La cantidad de cocaína incautada en el primer semestre de 2008 supera lo que se incautó durante los dos años anteriores. En menos de un año (2008) se incautaron casi 25.000 kilos de droga. (La Prensa 16/X/08)
La Oficina de control de ventas de coca de Villa Fátima ( La Paz ), autoriza la venta de los famosos “chanchitos” consistente en bultos comprimidos de coca menuda y que ya no sirve para el pijcheo y ya está preparada para ser procesada como cocaína.
La producción de cocaína se ha diversificado y simplificado. Ahora puede producirse grandes cantidades en domicilios con base a la coca de “chanchitos” y máquinas portátiles.
Comunidades indígenas enteras han entrado a la producción de cocaína. Comunidad Luzareta, a 450 Km de Potosí, los 120 habitantes fueron inducidos a fabricar droga ( La Prensa 22/01/08); algo similar sucedió en Quena Hualluni, Lloquepongo ( La Prensa 11/08/07). Los comunarios qaqachacas fueron sorprendidos con 105 kilos de droga y contaban con 30 fábricas de cocaina de tipo colombiano y 10 de tipo tradicional (La Razón 22/X/08).
Las autoridades de lucha contra el narcotráfico son cocaleros que no se atreven a enfrentar a sus “hermanos”.
El Viceministro de Defensas Social declaró que “más del 50 % de la producción se destina al narcotráfico (Rev. OH. Los Tiempos 23/XII/07).
Declarar el Chapare territorio libre y expulsar a la DEA con pretextos ridículos. ¿A quien le interesa más esta expulsión si no es a los cocaleros del Chapare?
Estas evidencias y muchas otras tienen un circuito perfecto en el que la gente del MAS está comprometida hasta el cogote, o, en todo caso, el MAS se hace el opa de lo que hace su gente y se beneficia de su apoyo militante.
Veamos un ejemplo de la cadena productiva perfecta con que funciona, en el Estado, el narco poder comunitario:
PRODUCTORES
Margarita Terán: La "ex.concubina" de Evo Morales
Margarita Terán G. Alta dirigente del MAS……y todos los cocaleros del Chapare y los Yungas..
Ellos saben para lo que producen las hojas de coca.
NARCOS
Elva Terán G. Juana Terán G. Tomás Veizaga
Hermanas y cuñado de Margarita encontrados con 150 Kgs de cocaina es la punta del iceberg de todos lo narcos masistas.
LEGALIZACIÓN
Fortunato Terán G. Hermano de Margarita y Jefe de la Dirección Deptal de Substancias Controladas de Cochabamba ( La Razón 27/09/08. Brinda seguridad legal a la producción y al narcotráfico
DISTRIBUCIÓN
Jesús Román Charupá. Dirigente del MAS. Jefe de Bienes Incautados de San Matías sorprendido con 30 Kgs de cocaina (La Razón 2-10-08) Enviaba droga , con su cuñado, al Brasil
Todos ellos altos dirigentes del MAS. Esta es una organización criminal protegida por el MAS, entre muchas otras.
Todos ellos participan en las direcciones, movilizaciones y apoyo al MAS y son activistas de los cercos y bloqueos que realizan como una forma de mostrar poder, atemorizar y reinar en el Chapare y convertir a Bolivia en un Estado narco-comunitario.
Estas son las evidencias más claras que el proyecto de Estado del MAS se orienta a la estructuración de un Estado narco-comunitario, completando el proyecto que no pudo concluir Luis Garcia Meza, el dictador que quiso convertir a Bolivia en un país que viva del chuño y la cocaína.
¿No encuentra usted similitud entre el gobierno de Evo Morales y el de la dictadura de García Meza? Veamos algunos ejemplos:
"...el testamento bajo el brazo"
* Falta de garantías ciudadanas. Varias detenciones (secuestros) realizadas por agentes del gobierno, encapuchados, en horas de la madrugada, sin respeto a los procedimientos judiciales y con la lógica de tener que andar con el testamento bajo el brazo.
* Dictación de Estados de sitio como forma de gobierno e imposición de sus planes.
* Militares, de dudoso prestigio, designados como Prefectos, Aduana, Consulados, etc.
* Cuarteles convertidos en prisiones para civiles que discrepan de sus ideas? (Cuartel de Viacha).
* Amedrentamiento a los periodistas.
* Linchamiento político de los opositores y deslegitimización acusándolos de terroristas, al igual que Bush acusa a todos sus opositores de terroristas.
* La cantidad de muertos (50) como fruto de la represión, los exilados políticos (300) y los confinados (25).
George Peter Nava: Militar acusado de Terrorismo
* Terrorismo de Estado. Atentado a canal de TV en Yacuiba realizado por militares encargados de la seguridad del Presidente Morales. Las radios mineras vivieron ese terror durante Garcia Meza.
* Entrenamiento de milicianos que realizan el trabajo sucio de la represión y los enfrentamientos (Novios de la muerte durante Garcia Meza, sectores sociales SS ahora).
* La coca y la pichicata, ahora más que nunca, convertidas en el eje de la economía y la política en Bolivia.
Lo único que falta es que Evo Morales cierre el parlamento y, sin decirlo, se declare en dictador, pretendiendo imponer un régimen totalitario. La otra alternativa del gobierno es la de no dar importancia al Parlamento ni al poder legislativo y gobernar al margen de esos niveles de relación y acatamiento (No aceptar los habeas corpus).
Garcia Meza y Arce Gomez deben estar contentos que su proyecto político se haga realidad. ¿No será que el retorno de Arce Gomez a Bolivia, tramitado por el MAS, sea para tenerlo de asesor para consolidar este macabro proyecto?
¿Cómo se explica que el dictador Garcia Meza pase más tiempo en su casa o en su clínica de Cossmil, en pleno gobierno de Evo y los ponchos rojos no hagan el cerco en la cárcel de Chonchocoro impidiendo su salida? ¿No existirá alguna relación de complicidad y/o privilegio?
Más allá del “maquillaje” realizado al proyecto de Constitución del MAS, su espíritu y estrategia política no se ha modificado. El autoritarismo con chikotazos, el racismo, la idea de imponer un “pensamiento único” y las pretensiones de excluir a los bolivianos que viven en las ciudades están vigentes en esa propuesta de Constitución.
Este gobierno se justifica para el narcotráfico cocalero. Todavía estamos a tiempo de parar esta estrategia. Votemos conscientemente con un NO al proyecto de Constitución del MAS.
¡Mañana puede ser tarde!
¡No podemos seguir engañándonos!
Estamos gobernados por cocaleros que pretenden instaurar un régimen narco-comunitario, respaldado con el proyecto de Constitución del MAS que tiene como mandato constitucionalizar la coca, terminar el proyecto inconcluso de Garcia Meza y destruir la nación boliviana.
Y, no se necesita mucho esfuerzo para develar esta negra intención.
Entre el 2004 y 2007 se incrementaron 55 mil hectáreas de plantaciones de coca ( La Razón 26/09/08). La erradicación de los cocales es una farsa. A pesar de que el mercado legal de coca está saturado, Evo ha legalizado más de 10.000 hectáreas de plantaciones de coca en los Yungas y el Chapare ( La Razón 8/10/09). Toda esa coca exedentaria es para el narcotráfico.
La narcomafia controla 437 pistas clandestinas de aterrizaje en el país (Los Tiempos 23/XII/07)
La cantidad de cocaína incautada en el primer semestre de 2008 supera lo que se incautó durante los dos años anteriores. En menos de un año (2008) se incautaron casi 25.000 kilos de droga. (La Prensa 16/X/08)
La Oficina de control de ventas de coca de Villa Fátima ( La Paz ), autoriza la venta de los famosos “chanchitos” consistente en bultos comprimidos de coca menuda y que ya no sirve para el pijcheo y ya está preparada para ser procesada como cocaína.
La producción de cocaína se ha diversificado y simplificado. Ahora puede producirse grandes cantidades en domicilios con base a la coca de “chanchitos” y máquinas portátiles.
Comunidades indígenas enteras han entrado a la producción de cocaína. Comunidad Luzareta, a 450 Km de Potosí, los 120 habitantes fueron inducidos a fabricar droga ( La Prensa 22/01/08); algo similar sucedió en Quena Hualluni, Lloquepongo ( La Prensa 11/08/07). Los comunarios qaqachacas fueron sorprendidos con 105 kilos de droga y contaban con 30 fábricas de cocaina de tipo colombiano y 10 de tipo tradicional (La Razón 22/X/08).
Las autoridades de lucha contra el narcotráfico son cocaleros que no se atreven a enfrentar a sus “hermanos”.
El Viceministro de Defensas Social declaró que “más del 50 % de la producción se destina al narcotráfico (Rev. OH. Los Tiempos 23/XII/07).
Declarar el Chapare territorio libre y expulsar a la DEA con pretextos ridículos. ¿A quien le interesa más esta expulsión si no es a los cocaleros del Chapare?
Estas evidencias y muchas otras tienen un circuito perfecto en el que la gente del MAS está comprometida hasta el cogote, o, en todo caso, el MAS se hace el opa de lo que hace su gente y se beneficia de su apoyo militante.
Veamos un ejemplo de la cadena productiva perfecta con que funciona, en el Estado, el narco poder comunitario:
PRODUCTORES
Margarita Terán: La "ex.concubina" de Evo Morales
Margarita Terán G. Alta dirigente del MAS……y todos los cocaleros del Chapare y los Yungas..
Ellos saben para lo que producen las hojas de coca.
NARCOS
Elva Terán G. Juana Terán G. Tomás Veizaga
Hermanas y cuñado de Margarita encontrados con 150 Kgs de cocaina es la punta del iceberg de todos lo narcos masistas.
LEGALIZACIÓN
Fortunato Terán G. Hermano de Margarita y Jefe de la Dirección Deptal de Substancias Controladas de Cochabamba ( La Razón 27/09/08. Brinda seguridad legal a la producción y al narcotráfico
DISTRIBUCIÓN
Jesús Román Charupá. Dirigente del MAS. Jefe de Bienes Incautados de San Matías sorprendido con 30 Kgs de cocaina (La Razón 2-10-08) Enviaba droga , con su cuñado, al Brasil
Todos ellos altos dirigentes del MAS. Esta es una organización criminal protegida por el MAS, entre muchas otras.
Todos ellos participan en las direcciones, movilizaciones y apoyo al MAS y son activistas de los cercos y bloqueos que realizan como una forma de mostrar poder, atemorizar y reinar en el Chapare y convertir a Bolivia en un Estado narco-comunitario.
Estas son las evidencias más claras que el proyecto de Estado del MAS se orienta a la estructuración de un Estado narco-comunitario, completando el proyecto que no pudo concluir Luis Garcia Meza, el dictador que quiso convertir a Bolivia en un país que viva del chuño y la cocaína.
¿No encuentra usted similitud entre el gobierno de Evo Morales y el de la dictadura de García Meza? Veamos algunos ejemplos:
"...el testamento bajo el brazo"
* Falta de garantías ciudadanas. Varias detenciones (secuestros) realizadas por agentes del gobierno, encapuchados, en horas de la madrugada, sin respeto a los procedimientos judiciales y con la lógica de tener que andar con el testamento bajo el brazo.
* Dictación de Estados de sitio como forma de gobierno e imposición de sus planes.
* Militares, de dudoso prestigio, designados como Prefectos, Aduana, Consulados, etc.
* Cuarteles convertidos en prisiones para civiles que discrepan de sus ideas? (Cuartel de Viacha).
* Amedrentamiento a los periodistas.
* Linchamiento político de los opositores y deslegitimización acusándolos de terroristas, al igual que Bush acusa a todos sus opositores de terroristas.
* La cantidad de muertos (50) como fruto de la represión, los exilados políticos (300) y los confinados (25).
George Peter Nava: Militar acusado de Terrorismo
* Terrorismo de Estado. Atentado a canal de TV en Yacuiba realizado por militares encargados de la seguridad del Presidente Morales. Las radios mineras vivieron ese terror durante Garcia Meza.
* Entrenamiento de milicianos que realizan el trabajo sucio de la represión y los enfrentamientos (Novios de la muerte durante Garcia Meza, sectores sociales SS ahora).
* La coca y la pichicata, ahora más que nunca, convertidas en el eje de la economía y la política en Bolivia.
Lo único que falta es que Evo Morales cierre el parlamento y, sin decirlo, se declare en dictador, pretendiendo imponer un régimen totalitario. La otra alternativa del gobierno es la de no dar importancia al Parlamento ni al poder legislativo y gobernar al margen de esos niveles de relación y acatamiento (No aceptar los habeas corpus).
Garcia Meza y Arce Gomez deben estar contentos que su proyecto político se haga realidad. ¿No será que el retorno de Arce Gomez a Bolivia, tramitado por el MAS, sea para tenerlo de asesor para consolidar este macabro proyecto?
¿Cómo se explica que el dictador Garcia Meza pase más tiempo en su casa o en su clínica de Cossmil, en pleno gobierno de Evo y los ponchos rojos no hagan el cerco en la cárcel de Chonchocoro impidiendo su salida? ¿No existirá alguna relación de complicidad y/o privilegio?
Más allá del “maquillaje” realizado al proyecto de Constitución del MAS, su espíritu y estrategia política no se ha modificado. El autoritarismo con chikotazos, el racismo, la idea de imponer un “pensamiento único” y las pretensiones de excluir a los bolivianos que viven en las ciudades están vigentes en esa propuesta de Constitución.
Este gobierno se justifica para el narcotráfico cocalero. Todavía estamos a tiempo de parar esta estrategia. Votemos conscientemente con un NO al proyecto de Constitución del MAS.
¡Mañana puede ser tarde!
domingo, 9 de noviembre de 2008
con la misma convicción con que luchamos en las dictaduras debemos combatir al gobierno que pisotea los derechos humanos...
Hay dos cosas que me preocupan: la justicia y la economía. Me imagino que usted comparte conmigo. La justicia: porque sin ella los ciudadanos estamos desprotegidos. Si no hay respeto por la administración de justicia no hay seguridad ciudadana, no existen garantías y no podemos esperar el respeto por nuestros derechos. Así de simple.
No me importa que en el proyecto de la nueva constitución estén plasmados los mejores artículos sobre los derechos humanos y que se hayan extendido a todos, que se diga que hay un Poder Judicial que se le extiendan atribuciones, todo lo que podamos imaginarnos en el campo jurídico que pueda abarcar como ejemplo al mundo. Todo esto se va al tacho si un Ministro de Estado decide por sí y ante sí desconocer a la Justicia si no está a su servicio. Si un gobierno desconoce cuándo le dé la gana lo que falle la administración de justicia.
¿Para qué nos esforzamos tanto por socializar la nueva constitución parchada, si al final de cuentas lo que se impondrá será la voluntad del déspota hecho gobierno? ¿Qué sentido tiene debatir sobre esto o aquello que pueda ser relevante para nosotros si un señor Ministro de Estado, abogado de profesión, ex Presidente del Colegio de Abogados, tiene el descaro de renegar de todo lo que aprendió en la universidad para decidir quién es culpable, porque lo es y que penalidad merece?
La Justicia es el Gobierno y punto final. Los Ministros son los jueces supremos y su palabra define quien es o no culpable. Ante esta ofensiva a los derechos que todos tenemos del debido proceso, ante la osadía del desconocimiento brutal al pilar de la justicia no queda sino prepararse para lo peor, que no es otra cosa que el desamparo ciudadano.
No hay en Bolivia protección ni respeto a los derechos humanos. Aunque tengamos a un impostor con el título de Defensor de estos derechos. No hay en Bolivia respeto por la administración de Justicia y por tanto no hay en Bolivia Estado de Derecho.
Mientras un terrorista milico entrenado para esos afanes, al que se lo encontró con las pruebas en el automóvil rentado que conducía es liberado con el mayor descaro, un Prefecto es encarcelado sin que se haya demostrado una prueba de las imputaciones que se le hacen. Esta es la mejor demostración de la cara originaria que tiene el gobierno.
Y si vivimos en el Derecho del Estado para hacer lo que le venga en gana con los ciudadanos, tenemos la obligación de combatirlo y de desconocerlo. De la misma manera con la que combatimos a las dictaduras militares de antaño. Con la misma convicción, debemos combatir al gobierno que pisotea los derechos humanos y se atribuye derechos que las leyes no le conceden, cual es el de juzgar y condenar.
El otro pilar es la economía: ¡Qué asombrosos resultados tenemos de la nacionalización que hizo el gobierno masista! No hay gas para cumplir compromisos externos, no hay gas para los domicilios, no hay gasolina ni diesel para el transporte. No hay lo que la nacionalización debía darnos como mínimo. Porque pedir industrialización de los hidrocarburos, cuando no se puede producir la materia prima es ser demasiado exigente.
Ahora que el auge de los precios internacionales para las materias primas pasó, viene el asalto del gobierno al bolsillo de los bolivianos. ¡Como todo lo que saben hacer los gobiernos del populacho! Cómo los ingresos fiscales caen porque caen los precios del petróleo y de los minerales, entonces a confiscar los ahorros de los trabajadores en el Fondo de Capitalización Individual, con el pretexto de extender los beneficios de la jubilación que al final no tendrán ni los actúales ni los nuevos jubilados.
A confiscar el dinero de las Prefecturas y Alcaldías que tienen en caja, con el pretexto de que no pudieron ejecutar sus presupuestos anuales. Y solo restará confiscar el ahorro de los ciudadanos en el sistema financiero. Eso es lo que se avecina. Porque a no dudar que la demagogia populachera del gobierno ha disparado el gasto y sus compromisos de bonos por todo lado, como de planillas laborales multiplicadas por cinco y su campaña para la reelección le exigirán gastar sin freno y sin medida.
Por eso han cambiado al Presidente del Banco Central por un elemento fracasado como Ministro de Estado y un pésimo economista que será el mejor instrumento del Gobierno para despojarnos de nuestros ahorros. Si no tenemos justicia y garantías al debido proceso y nos revelamos por el asalto a nuestros bolsillos seremos perseguidos y juzgados por el Gobierno de manera directa. Esta es la dimensión de lo que estamos viviendo, por eso me preocupa la justicia y la economía. (Con singular valentía Dante Pino propone una actitud frente a la autocracia que surge hoy)
No me importa que en el proyecto de la nueva constitución estén plasmados los mejores artículos sobre los derechos humanos y que se hayan extendido a todos, que se diga que hay un Poder Judicial que se le extiendan atribuciones, todo lo que podamos imaginarnos en el campo jurídico que pueda abarcar como ejemplo al mundo. Todo esto se va al tacho si un Ministro de Estado decide por sí y ante sí desconocer a la Justicia si no está a su servicio. Si un gobierno desconoce cuándo le dé la gana lo que falle la administración de justicia.
¿Para qué nos esforzamos tanto por socializar la nueva constitución parchada, si al final de cuentas lo que se impondrá será la voluntad del déspota hecho gobierno? ¿Qué sentido tiene debatir sobre esto o aquello que pueda ser relevante para nosotros si un señor Ministro de Estado, abogado de profesión, ex Presidente del Colegio de Abogados, tiene el descaro de renegar de todo lo que aprendió en la universidad para decidir quién es culpable, porque lo es y que penalidad merece?
La Justicia es el Gobierno y punto final. Los Ministros son los jueces supremos y su palabra define quien es o no culpable. Ante esta ofensiva a los derechos que todos tenemos del debido proceso, ante la osadía del desconocimiento brutal al pilar de la justicia no queda sino prepararse para lo peor, que no es otra cosa que el desamparo ciudadano.
No hay en Bolivia protección ni respeto a los derechos humanos. Aunque tengamos a un impostor con el título de Defensor de estos derechos. No hay en Bolivia respeto por la administración de Justicia y por tanto no hay en Bolivia Estado de Derecho.
Mientras un terrorista milico entrenado para esos afanes, al que se lo encontró con las pruebas en el automóvil rentado que conducía es liberado con el mayor descaro, un Prefecto es encarcelado sin que se haya demostrado una prueba de las imputaciones que se le hacen. Esta es la mejor demostración de la cara originaria que tiene el gobierno.
Y si vivimos en el Derecho del Estado para hacer lo que le venga en gana con los ciudadanos, tenemos la obligación de combatirlo y de desconocerlo. De la misma manera con la que combatimos a las dictaduras militares de antaño. Con la misma convicción, debemos combatir al gobierno que pisotea los derechos humanos y se atribuye derechos que las leyes no le conceden, cual es el de juzgar y condenar.
El otro pilar es la economía: ¡Qué asombrosos resultados tenemos de la nacionalización que hizo el gobierno masista! No hay gas para cumplir compromisos externos, no hay gas para los domicilios, no hay gasolina ni diesel para el transporte. No hay lo que la nacionalización debía darnos como mínimo. Porque pedir industrialización de los hidrocarburos, cuando no se puede producir la materia prima es ser demasiado exigente.
Ahora que el auge de los precios internacionales para las materias primas pasó, viene el asalto del gobierno al bolsillo de los bolivianos. ¡Como todo lo que saben hacer los gobiernos del populacho! Cómo los ingresos fiscales caen porque caen los precios del petróleo y de los minerales, entonces a confiscar los ahorros de los trabajadores en el Fondo de Capitalización Individual, con el pretexto de extender los beneficios de la jubilación que al final no tendrán ni los actúales ni los nuevos jubilados.
A confiscar el dinero de las Prefecturas y Alcaldías que tienen en caja, con el pretexto de que no pudieron ejecutar sus presupuestos anuales. Y solo restará confiscar el ahorro de los ciudadanos en el sistema financiero. Eso es lo que se avecina. Porque a no dudar que la demagogia populachera del gobierno ha disparado el gasto y sus compromisos de bonos por todo lado, como de planillas laborales multiplicadas por cinco y su campaña para la reelección le exigirán gastar sin freno y sin medida.
Por eso han cambiado al Presidente del Banco Central por un elemento fracasado como Ministro de Estado y un pésimo economista que será el mejor instrumento del Gobierno para despojarnos de nuestros ahorros. Si no tenemos justicia y garantías al debido proceso y nos revelamos por el asalto a nuestros bolsillos seremos perseguidos y juzgados por el Gobierno de manera directa. Esta es la dimensión de lo que estamos viviendo, por eso me preocupa la justicia y la economía. (Con singular valentía Dante Pino propone una actitud frente a la autocracia que surge hoy)
sábado, 8 de noviembre de 2008
las ya famosas viviendas sociales o el más engorroso negocio del MAS mezclado con estafadores al Estado (Bidesa)
El Ministro de Obras públicas y Viceministro de vivienda, salieron a la opinión pública para hablar del sonado caso de corrupción del plan gubernamental de vivienda social La Comarca, que se puso en evidencia a raíz de que la alcaldía demoliera 102 casas.
Cuatro funcionarios de la Alcaldía fueron detenidos en un procedimiento que los abogados defensores juzgaron abusivo puesto que hubo detenciones arbitrarias bajo el cargo de que se habían cometido daños innecesarios.
El viceministro de vivienda José Kinn, dio una entrevista en la que habló del tema en forma general, evitando hablar de aspectos puntuales, planteando que se había infringido daños a "esa gente" (por los pobres) y que las aprehensiones se habrían hecho en defensa de los beneficiarios, que son quienes habrían perdido su inversión a raíz de la demolición de las viviendas (léanse 15.000 u 8.000 dólares cuando se ha evaluado que las viviendas no podrían haber valido más de 2.500 ó 4.500 dólares, además de haberse constatado una pésima calidad en la construcción).
Pero el viceministro y el ministro de Obras públicas, no hicieron mención de resarcirle a "esas gentes" el daño económico provocado por el sobreprecio de la estafa flagrante a título de acceder a una vivienda social, cuya adjudicación está en manos del viceministerio de vivienda, lo que significa que se le están dando a los pobres casuchas mal hechas al precio de oro, y para colmo de males el gobierno pretende hacerse el desentendido.
¿No saben acaso que la estafa es un delito? y mucho más cuando se está estafando a "esa gente", como se refieren los funcionarios a los pobres que han sido estafados.
La lavandería de casas funciona y se encubre con argumentos que son de los más deleznables. Como si los bolivianos fuéramos tontos pretenden deslindar responsabilidades diciendo que el ministerio de vivienda sólo califica los créditos pero que "ellos" no obligan en absoluto a los "beneficiarios" (a los pobres) a optar por la fuente de financiamiento. Sin embargo, por supuesto que todos sabemos como funciona la corrupción de cuello blanco, que supuestamente no obliga pero obliga puesto que no califica ningún crédito que no venga de la mano de la fuente financiadora con la que se establece el negociado, en este caso la cooperativa Sudamericana.
Luego vinieron las declaraciones borrachas de no tenemos nada que ver, no obligamos a nadie, nunca nos han visto juntos con el tal señor gerente de la Sudamericana, nos topamos dos o tres veces de casualidad, nadie puede decir que nos vio en alguna reunión; una vez vino a verme pero no lo pude atender porque no se había anunciado. El que explica se complica y por último da pista de que se está dando el trabajo de blanquear sus acciones, eso de los sepulcros blanqueados es tan cierto para los de todas las razas y religiones que se dicen gobernar en beneficio de "esas gentes", los pobres, y sin embargo les siguen chupando la sangre, yugulares de horas- vida- años de trabajo para cobrarles unas viviendas que son unas ratoneras, por las que los comunitaristas se enjuagan la boca mientras se compran mansiones de una manzana y otras que pertenecieron a familias de dinero y apellido.
Que maldición esto de chuparle la sangre a los pobres, calificándolos encima de "esas gentes", una expresión que lastima porque es una frasecita que da cuenta de que los pobres siguen siendo los innombrables o los intocables de esta Bolivia que ha cambiado el ropaje pero no las prácticas. Es nauseabundo y huele muy mal todo este entuerto en el que el Gobierno sigue encubriendo a los estafadores que están prófugos y han escapado a sus "palos blancos", ciudadanos pobres y expoliados en sus necesidades e ignorancia jurídica.
Será que "esas gentes", tal como se refirió el viceministro a los "beneficiarios" de la estafa, y como en una entrevista con Amalia Pando los llamó también el gerente de la Cooperativa Sudamericana, ¿qué casualidad no?, que todos "ellos" los llamen a los pobres de "esas gentes", de cuyo vocabulario se puede deducir que ni siquiera los hacen merecedores de un nombre sustantivo.
Grave para el Gobierno, mucho más cuando el propio presidente Morales se llenó la boca con Miguel Angel Linares, poniéndolo como ejemplo de la nueva estirpe de empresarios "comprometidos" de la neva Bolivia.
¿Con qué cara van a mirar los del gobierno a "esas gentes" ahora que todos sabemos que no quieren darles casas sino que están afanadísimos por amasar fortuna con las necesidades de "esas gentes"?
Hay sensaciones de repugnancia que son superiores a todas las expresiones gramaticales que se puedan encontrar. Se debe restituir la dignidad y los derechos a los pobres a los que algunos funcionarios de gobierno le acaban de robar con ayuda de un inescrupuloso New age empresario.
La justicia exige medidas salomónicas por lo que no se le puede echar el perro muerto a los funcionarios de la alcaldía que demolieron las viviendas en cumplimiento de sus funciones.
Si no quieren que se derrumben obras por considerar que esto es un exceso, se deben cambiar las reglas para todos y no sólo cuando se trata de encubrir a funcionarios del Estado que están actuando en combinación con entidades financieras que no tienen una sola obra en sociedad con el Gobierno, sino 4 planes de "vivienda social" que se le han adjudicado, entre otros negocitos.
Cuatro funcionarios de la Alcaldía fueron detenidos en un procedimiento que los abogados defensores juzgaron abusivo puesto que hubo detenciones arbitrarias bajo el cargo de que se habían cometido daños innecesarios.
El viceministro de vivienda José Kinn, dio una entrevista en la que habló del tema en forma general, evitando hablar de aspectos puntuales, planteando que se había infringido daños a "esa gente" (por los pobres) y que las aprehensiones se habrían hecho en defensa de los beneficiarios, que son quienes habrían perdido su inversión a raíz de la demolición de las viviendas (léanse 15.000 u 8.000 dólares cuando se ha evaluado que las viviendas no podrían haber valido más de 2.500 ó 4.500 dólares, además de haberse constatado una pésima calidad en la construcción).
Pero el viceministro y el ministro de Obras públicas, no hicieron mención de resarcirle a "esas gentes" el daño económico provocado por el sobreprecio de la estafa flagrante a título de acceder a una vivienda social, cuya adjudicación está en manos del viceministerio de vivienda, lo que significa que se le están dando a los pobres casuchas mal hechas al precio de oro, y para colmo de males el gobierno pretende hacerse el desentendido.
¿No saben acaso que la estafa es un delito? y mucho más cuando se está estafando a "esa gente", como se refieren los funcionarios a los pobres que han sido estafados.
La lavandería de casas funciona y se encubre con argumentos que son de los más deleznables. Como si los bolivianos fuéramos tontos pretenden deslindar responsabilidades diciendo que el ministerio de vivienda sólo califica los créditos pero que "ellos" no obligan en absoluto a los "beneficiarios" (a los pobres) a optar por la fuente de financiamiento. Sin embargo, por supuesto que todos sabemos como funciona la corrupción de cuello blanco, que supuestamente no obliga pero obliga puesto que no califica ningún crédito que no venga de la mano de la fuente financiadora con la que se establece el negociado, en este caso la cooperativa Sudamericana.
Luego vinieron las declaraciones borrachas de no tenemos nada que ver, no obligamos a nadie, nunca nos han visto juntos con el tal señor gerente de la Sudamericana, nos topamos dos o tres veces de casualidad, nadie puede decir que nos vio en alguna reunión; una vez vino a verme pero no lo pude atender porque no se había anunciado. El que explica se complica y por último da pista de que se está dando el trabajo de blanquear sus acciones, eso de los sepulcros blanqueados es tan cierto para los de todas las razas y religiones que se dicen gobernar en beneficio de "esas gentes", los pobres, y sin embargo les siguen chupando la sangre, yugulares de horas- vida- años de trabajo para cobrarles unas viviendas que son unas ratoneras, por las que los comunitaristas se enjuagan la boca mientras se compran mansiones de una manzana y otras que pertenecieron a familias de dinero y apellido.
Que maldición esto de chuparle la sangre a los pobres, calificándolos encima de "esas gentes", una expresión que lastima porque es una frasecita que da cuenta de que los pobres siguen siendo los innombrables o los intocables de esta Bolivia que ha cambiado el ropaje pero no las prácticas. Es nauseabundo y huele muy mal todo este entuerto en el que el Gobierno sigue encubriendo a los estafadores que están prófugos y han escapado a sus "palos blancos", ciudadanos pobres y expoliados en sus necesidades e ignorancia jurídica.
Será que "esas gentes", tal como se refirió el viceministro a los "beneficiarios" de la estafa, y como en una entrevista con Amalia Pando los llamó también el gerente de la Cooperativa Sudamericana, ¿qué casualidad no?, que todos "ellos" los llamen a los pobres de "esas gentes", de cuyo vocabulario se puede deducir que ni siquiera los hacen merecedores de un nombre sustantivo.
Grave para el Gobierno, mucho más cuando el propio presidente Morales se llenó la boca con Miguel Angel Linares, poniéndolo como ejemplo de la nueva estirpe de empresarios "comprometidos" de la neva Bolivia.
¿Con qué cara van a mirar los del gobierno a "esas gentes" ahora que todos sabemos que no quieren darles casas sino que están afanadísimos por amasar fortuna con las necesidades de "esas gentes"?
Hay sensaciones de repugnancia que son superiores a todas las expresiones gramaticales que se puedan encontrar. Se debe restituir la dignidad y los derechos a los pobres a los que algunos funcionarios de gobierno le acaban de robar con ayuda de un inescrupuloso New age empresario.
La justicia exige medidas salomónicas por lo que no se le puede echar el perro muerto a los funcionarios de la alcaldía que demolieron las viviendas en cumplimiento de sus funciones.
Si no quieren que se derrumben obras por considerar que esto es un exceso, se deben cambiar las reglas para todos y no sólo cuando se trata de encubrir a funcionarios del Estado que están actuando en combinación con entidades financieras que no tienen una sola obra en sociedad con el Gobierno, sino 4 planes de "vivienda social" que se le han adjudicado, entre otros negocitos.
viernes, 7 de noviembre de 2008
que se trata de una autocracia fuímos los primeros en señalar, hoy los tiempos corrobora lo dicho sobre evo morales
Como lo venimos advirtiendo desde este espacio en reiteradas ocasiones, el rasgo central del proceso político que está en marcha en nuestro país consiste en la paulatina pero firme sustitución de un régimen constitucional por uno autocrático. Es decir, Bolivia está dejando de ser un Estado regido por una Constitución Política y el andamiaje legal que la respalda para convertirse en uno en el que voluntad de una sola persona es la suprema ley.
El Presidente de la República, en numerosas ocasiones, ha proclamado franca y abiertamente su inclinación por la autocracia. Ha dicho que las leyes son un estorbo y ha instruido a sus abogados que hagan lo necesario para “legalizar lo ilegal” cuantas veces sea necesario. Y para que no queden dudas sobre la seriedad de sus palabras, también en ya excesivas ocasiones las ha respaldado con los hechos. Y lo que es aún peor: lo ha hecho con la aquiescencia del Poder Legislativo.
Como resulta de obvia deducción, un régimen autocrático como el que propone Morales es absolutamente incompatible con los fundamentos básicos de uno democrático: la independencia de poderes. Por el contrario, lo que requiere es que todos los poderes del Estado se sometan a la voluntad del gobernante y actúen como simples reparticiones ejecutoras de las órdenes impartidas. Un paso importante tras ese objetivo lo dio al lograr el sometimiento del Poder Legislativo que, como se ha visto durante las últimas semanas, ha renunciado a su rol y se ha prestado, más bien, a avalar un sinfín de ilegalidades.
En su afán de someter al Poder Judicial, en cambio, el Poder Ejecutivo no ha tenido, hasta ahora, más que éxitos parciales. Ha logrado derribar a uno de sus pilares, el Tribunal Constitucional; pero ha fracasado en el más importante de sus objetivos: someter a la Corte Suprema de Justicia. La firmeza con que el máximo tribunal del Estado ha salido al paso de las arbitrariedades gubernamentales se ha constituido en la última línea de defensa de la institucionalidad republicana y de los derechos básicos de la ciudadanía.
Y eso, por las razones expuestas, es algo que el gobierno del MAS no está dispuesto a tolerar. Por ello, y como era previsible, el Poder Ejecutivo ha desencadenado un conflicto de poderes que apunta a dejar el camino expedito, libre del “estorbo de la ley”. El juicio penal anunciado contra uno de los ministros de la Corte Suprema de Justicia es la próxima batalla entre la democracia y la autocracia. Si el gobierno tiene la audacia de pasar de las amenazas a los hechos, pondrá una vez más a la legalidad ante una de sus más difíciles pruebas. Es de esperar que antes de llegar a ese extremo, los legisladores se pronuncien en defensa de lo que manda la Constitución Política del Estado.
miércoles, 5 de noviembre de 2008
evo acusa a los norteamericanos de matar cocaleros utilizando a la DEA. pruebas? ninguna y se va haciendo costumbre
Morales, acusó a la DEA (oficina antidroga de Estados Unidos) de "disparar" y "matar" a campesinos cocaleros bolivianos, acusaciones que se suman a la ya señalada de un supuesto apoyo a un golpe de estado en septiembre."La DEA mataba, disparaba contra el movimiento campesino cocalero", afirmó el gobernante, sin mencionar cuándo habría ocurrido ello ni precisar las pruebas para sustentar su acusación.
El régimen de La Paz (según el Canciller David Choquehuanca) ya comunicó a la DEA que debe abandonar el país en un plazo de tres meses, y expresó su optimismo de reconducir la cooperación con la oficina antinarcóticos y de reconstruir la confianza mutua cuando asuma la presidencia el demócrata Barack Obama.
Morales ya expulsó al embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, en septiembre, acusándolo de conspirar contra su gobierno, y los cocaleros del Chapare echaron de la zona en julio al programa de apoyo Usaid, lo que provocó la peor crisis diplomática bilateral.
La DEA (que apoyaba en Bolivia labores de inteligencia, financiaba parte de los operativos antinarcóticos y donaba equipos a la Policía y a las FFAA) calificó días atrás de "falsas y absurdas" las sindicaciones de un supuesto apoyo a un complot de derecha para derrocar al mandatario izquierdista.
Ahonda crisis con E.U.
Washington, por su parte, rechazó que el Departamento Antidrogas (DEA) haya conspirado contra el gobierno del presidente Morales.
"Rechazamos las acusaciones de que la DEA o cualquier otra agencia del gobierno de E.U. haya apoyado a la oposición o haya conspirado contra el gobierno boliviano. Estas acusaciones son falsas y absurdas, y las refutamos", señaló el Departamento de Estado en un comunicado divulgado por la embajada estadounidense en La Paz.
"De ser suspendida la cooperación de E.U., se producirá más droga en Bolivia y más droga será despachada hacia el exterior. Los efectos resultantes harán daño principalmente a Bolivia, así como a los principales consumidores de cocaína boliviana en América Latina, Europa y África Occidental", dijo el comunicado.
El ministro de Gobierno boliviano, Alfredo Rada, aseguró ayer que la decisión implica que los agentes de la DEA deben abandonar el país porque "su presencia ya no se justifica".
'Golpe civil'
Morales anunció el sábado la "suspensión indefinida" de las operaciones de la DEA, a la que acusó de apoyar y financiar a líderes autonomistas opositores que entre agosto y septiembre pasado promovieron una ola de violentas protestas antigubernamentales en cinco departamentos que dejaron 19 muertos, en su mayoría campesinos seguidores del mandatario.
Según el presidente indígena, esas protestas eran un "golpe civil" que buscaba derrocarlo.
El nuevo roce se produce en medio de la peor crisis diplomática entre La Paz y Washington, tras la decisión de Morales de expulsar, en septiembre, al embajador estadounidense en La Paz por supuesta injerencia en asuntos internos. La Casa Blanca respondió de igual forma.
En julio, además, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo internacional (Usaid) fue forzada a salir del Chapare, donde está la mayor producción del coca del país, por sindicatos cocaleros apoyados por el Gobierno.
La Usaid promueve programas de sustitución de cocales, mientras que la DEA colabora con financiación y apoyo logístico y de inteligencia en la guerra contra las mafias locales.
Se estima que el apoyo anual de E.U. para la lucha contra la producción y el comercio de drogas en Bolivia bordea los 32 millones de dólares al año.
Las enormes diferencias que ambos países tienen sobre el tema podrían llevar, además, a que Washington retire las preferencias arancelarias que otorga a La Paz en el marco de la Atpdea, que favorece a los países que colaboran en la lucha contra el narcotráfico.
El Gobierno destaca un informe de Naciones Unidas que señala que la coca en Bolivia apenas creció un 5 por ciento en el 2007, mientras que en Perú un 12 por ciento y en Colombia un 27 por ciento.
Pero la embajada estadounidense asegura que las políticas de Morales favorecieron el aumento de cocales y con ello, la producción de cocaína.
Según Morales, "Bolivia es un país tránsito de droga" porque "cerca del 40 por ciento de la cocaína que se incauta viene del Perú".
Por eso, ayer abogó por una "regionalización" de la lucha contra la producción y el comercio de estupefacientes, que podría ser liderada por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
Bolivia es el tercer productor de coca en el mundo después de Colombia y Perú con 28.900 hectáreas hasta el pasado año, de las cuales 12.000 son legales y están destinadas a usos alimenticios y medicinales.
LA PAZ AP, AFP y Efe
martes, 4 de noviembre de 2008
bonos para oficiales y tropa, helicópteros, uniformes, transporte todo ello desaparece con la expulsión de la DEA. a quién favorece su salida?
Con la suspensión de las actividades de la DEA en Bolivia se abre la posibilidad que el país se convierta en el paraíso propicio para las actividades ilícitas del narcotráfico, con ello el único perjudicado serán los bolivianos, por las consecuencias negativas y adversas, afirmó, este martes, el ex ministro de Gobierno y jefe Nacional de ADN, Guillermo Fortún. "Se trata de una medida irracional, donde el más perjudicado es el pueblo boliviano y el único favorecido es el narcotráfico. La ecuación es fácil: se favorece a las clanes de narcotraficantes y esto daña internacionalmente al país.
Se trata de una medida que se veía venir desde el primer trimestre de este año", dijo Fortún. Señaló que el gobierno sólo esperó el "día propicio" para oficializar su decisión, "pues conocemos de fuentes oficiales que el gobierno no estaba permitiendo a la DEA realizar vuelos al interior del país, tampoco permitían que realicen muchas otras actividades en el trópico de Cochabamba". Dijo que la DEA era un efectivo instrumento de lucha contra el narcotráfico; por lo que vaticinó un sombrío futuro en materia de interdicción, al considerar que sin la asistencia logística, técnica y satelital de los Estados Unidos será muy difícil para Bolivia luchar contra los clanes y organizaciones de narcotraficantes.
POLÍTICA DE ESTADO:
Fortún desechó la posibilidad de que se modifiquen las relaciones bilaterales entre Bolivia y EEUU si en las elecciones presidenciales de este mares, gana Barack Obama, al considerar que en Washington se mantiene políticas de Estado que no se modifican por el cambio de mandatarios. "El señalar que cambiarán las posiciones con los Estados Unidos o con otro país de Europa, el gobierno está equivocado, porque se trata de países con una política conjunta de lucha contra el narcotráfico, que no dependen de una persona, sino de la política de Estado de cada país", dijo el jefe de ADN. Anticipó que con la suspensión de la DEA, esa situación también conlleva la pérdida "poco a poco", de la NAS, la Agencia antinarcóticos que también depende del Gobierno estadounidense y que es la encargada de proveer equipo a los "Diablos Rojos" en el Chapare y a los "Diablos Azules" de la Fuerza Naval, a los Diablos Verdes del Ejército, con el apoyo de aviones Hércules, helicópteros, bonos para los erradicadores, uniformes y entrenamiento. (Los Tiempos publica el despacho de ANF)
Se trata de una medida que se veía venir desde el primer trimestre de este año", dijo Fortún. Señaló que el gobierno sólo esperó el "día propicio" para oficializar su decisión, "pues conocemos de fuentes oficiales que el gobierno no estaba permitiendo a la DEA realizar vuelos al interior del país, tampoco permitían que realicen muchas otras actividades en el trópico de Cochabamba". Dijo que la DEA era un efectivo instrumento de lucha contra el narcotráfico; por lo que vaticinó un sombrío futuro en materia de interdicción, al considerar que sin la asistencia logística, técnica y satelital de los Estados Unidos será muy difícil para Bolivia luchar contra los clanes y organizaciones de narcotraficantes.
POLÍTICA DE ESTADO:
Fortún desechó la posibilidad de que se modifiquen las relaciones bilaterales entre Bolivia y EEUU si en las elecciones presidenciales de este mares, gana Barack Obama, al considerar que en Washington se mantiene políticas de Estado que no se modifican por el cambio de mandatarios. "El señalar que cambiarán las posiciones con los Estados Unidos o con otro país de Europa, el gobierno está equivocado, porque se trata de países con una política conjunta de lucha contra el narcotráfico, que no dependen de una persona, sino de la política de Estado de cada país", dijo el jefe de ADN. Anticipó que con la suspensión de la DEA, esa situación también conlleva la pérdida "poco a poco", de la NAS, la Agencia antinarcóticos que también depende del Gobierno estadounidense y que es la encargada de proveer equipo a los "Diablos Rojos" en el Chapare y a los "Diablos Azules" de la Fuerza Naval, a los Diablos Verdes del Ejército, con el apoyo de aviones Hércules, helicópteros, bonos para los erradicadores, uniformes y entrenamiento. (Los Tiempos publica el despacho de ANF)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)